El pasado martes, el presidente, Iván Duque, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, invitaron a Palacio a un grupo de directores de medios de comunicación, periodistas y analistas económicos para explicarnos el alcance de la ley de financiamiento.
Después de escuchar al presidente y a su ministro de Hacienda durante dos horas, pude concluir que el problema de los impuestos en Colombia es el fraude que se genera tanto en el pago como en el gasto. En el pago, porque los negocios que están dentro de la economía informal evaden esta obligación y en el gasto, por el excesivo derroche en el funcionamiento del Estado, la falta de control en los recursos de inversión y los exagerados subsidios y ayudas a personas y programas en los cuales no existe una razón de fondo que permita justificarlos. Obedecen más a criterios políticos que técnicos.
Los impuestos que está planteando el Gobierno son necesarios, sin ellos no sería posible alimentar a dos millones de niños de escasos recursos, formar a 5,8 millones de aprendices en el SENA, subvencionar la tarifa de energía y gas a 11,3 millones de hogares en extrema pobreza, garantizar 284.000 subsidios de vivienda y atender los programas de salud, educación e infraestructura de comunicación, entre otros. Pero vuelvo y repito, el problema está en la desviación de esos dineros en beneficio de unos funcionarios corruptos. Si la justicia y los organismos de control fiscal y disciplinario actuaran contra los que se robaron el PAE, Reficar, la Ruta del Sol y los carteles de la salud con la misma eficiencia con que actúa la DIAN contra los morosos de impuestos, no habría necesidad de hacer tantas reformas tributarias para mejorar la competitividad del país.
Pasando ahora al análisis de los dos temas polémicos de esta ley, la ampliación del IVA a la canasta familiar y la compensación a la población más vulnerable, encuentro que ambos son un saludo a la bandera. Para los estratos 1, 2 y 3, es indiferente si bajan la tarifa del IVA al 18% o si aumentan al 80% la cobertura en la canasta familiar. En la mayoría de las plazas de mercado y tiendas donde ellos mercan no se expiden facturas. Como dijo un paisano el otro día cuando le reclamé la factura: “Ajá, doctó, acá el IVA no ha pegao”.
Respecto a la compensación de los $51.300 mensuales de IVA para las familias de escasos recursos, pienso que es una medida improcedente. No se le puede devolver impuestos a alguien que no los ha pagado. Hasta tanto no automaticen el recaudo con herramientas sencillas, fáciles de adquirir y operar por parte del comercio informal no se puede pensar en compensaciones.
A mi entender, el Gobierno debería enfocar su política tributaria en dos líneas estratégicas: i) que los impuestos sean proporcionales a la renta, que pague más quien más se beneficia del modelo socioeconómico y ii) que se gestionen con ética y máxima transparencia en beneficio de la mayoría población.
* Consultor en crédito de fomento agroindustrial.
El pasado martes, el presidente, Iván Duque, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, invitaron a Palacio a un grupo de directores de medios de comunicación, periodistas y analistas económicos para explicarnos el alcance de la ley de financiamiento.
Después de escuchar al presidente y a su ministro de Hacienda durante dos horas, pude concluir que el problema de los impuestos en Colombia es el fraude que se genera tanto en el pago como en el gasto. En el pago, porque los negocios que están dentro de la economía informal evaden esta obligación y en el gasto, por el excesivo derroche en el funcionamiento del Estado, la falta de control en los recursos de inversión y los exagerados subsidios y ayudas a personas y programas en los cuales no existe una razón de fondo que permita justificarlos. Obedecen más a criterios políticos que técnicos.
Los impuestos que está planteando el Gobierno son necesarios, sin ellos no sería posible alimentar a dos millones de niños de escasos recursos, formar a 5,8 millones de aprendices en el SENA, subvencionar la tarifa de energía y gas a 11,3 millones de hogares en extrema pobreza, garantizar 284.000 subsidios de vivienda y atender los programas de salud, educación e infraestructura de comunicación, entre otros. Pero vuelvo y repito, el problema está en la desviación de esos dineros en beneficio de unos funcionarios corruptos. Si la justicia y los organismos de control fiscal y disciplinario actuaran contra los que se robaron el PAE, Reficar, la Ruta del Sol y los carteles de la salud con la misma eficiencia con que actúa la DIAN contra los morosos de impuestos, no habría necesidad de hacer tantas reformas tributarias para mejorar la competitividad del país.
Pasando ahora al análisis de los dos temas polémicos de esta ley, la ampliación del IVA a la canasta familiar y la compensación a la población más vulnerable, encuentro que ambos son un saludo a la bandera. Para los estratos 1, 2 y 3, es indiferente si bajan la tarifa del IVA al 18% o si aumentan al 80% la cobertura en la canasta familiar. En la mayoría de las plazas de mercado y tiendas donde ellos mercan no se expiden facturas. Como dijo un paisano el otro día cuando le reclamé la factura: “Ajá, doctó, acá el IVA no ha pegao”.
Respecto a la compensación de los $51.300 mensuales de IVA para las familias de escasos recursos, pienso que es una medida improcedente. No se le puede devolver impuestos a alguien que no los ha pagado. Hasta tanto no automaticen el recaudo con herramientas sencillas, fáciles de adquirir y operar por parte del comercio informal no se puede pensar en compensaciones.
A mi entender, el Gobierno debería enfocar su política tributaria en dos líneas estratégicas: i) que los impuestos sean proporcionales a la renta, que pague más quien más se beneficia del modelo socioeconómico y ii) que se gestionen con ética y máxima transparencia en beneficio de la mayoría población.
* Consultor en crédito de fomento agroindustrial.