Todos en la cama

La pandemia de COVID-19, el cambio climático y la tasa de cambio están afectando todos los negocios de la economía agrícola y pecuaria del país, y obligando a varias industrias a ajustar sus estrategias de producción y comercialización para no afectar sus márgenes de rentabilidad y poder situar sus productos donde exista demanda potencial.

Uno de los sectores que picó en punta fue el de los alimentos balanceados para animales (maíz y soja) y de consumo humano (maíz y trigo). Como lo anuncié en mi pasada columna, el próximo miércoles 24 de febrero, industrias como Finca, Contegral, Cipa, Solla, Italcol, Ingredión, la Soberana, la Asociación de Porcicultores de Antioquia y Alimentos Polar se darán cita en Montería con agricultores, distribuidores de agroinsumos y maquinaria agrícola, bancos, compañías de seguros y demás prestadores de servicios, para acordar una reglas de juego que les permitan a todos sembrar un área importante de estos cultivos y obtener mayor productividad, competitividad y rentabilidad en sus agronegocios.

Para este nuevo modelo productivo agroindustrial, los empresarios del campo no necesitaron que les regalaran un Conpes o que los invitaran al Teatro Colón de Bogotá, donde se acostumbran a firmar pactos y acuerdos mediáticos y burocráticos que, en su mayoría, se quedan en el papel. Mientras el patriarca industrial paisa Manuel Santiago Mejía y el presidente de Fenalce, Henry Vanegas, impulsaban la idea con un grupo de industriales y productores, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, trabajaba con un equipo de expertos en financiamiento en el diseño y puesta en marcha del vehículo financiero que “facilitara” este nuevo modelo de producción agroindustrial.

Aquí lo que vamos a ver es una rueda de negocios entre empresarios del sector privado acompañados de una política pública de financiamiento y manejo del riesgo agropecuario, diseñada desde el Ministerio de Agricultura para impulsar en el mediano plazo un verdadero desarrollo agrícola e industrial del país. Se trata de establecer unas reglas de juego para desarrollar una superficie importante con estos cultivos bajo condiciones tecnológicas de producción, financiación oportuna con cobertura de riesgos y compra a futuro de la cosecha.

Bajo este nuevo esquema, la industria accede a un crédito con tasa de interés de fomento y transfiere esos recursos a manera de anticipo al productor (ya sea en dinero o especie), con un respaldo del 80% del Fondo Agropecuario de Garantía (FAG) y del 20% de una póliza de seguro, mediante un contrato forward, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Con este mecanismo se logra mayor inclusión financiera, economías de escala, mejor productividad y garantía de la comercialización de la cosecha. Esta es la manera más práctica y eficaz para sobrevivir ante la aguerrida competencia de países desarrollados.

Con este nuevo modelo de producción agroindustrial, nuestros productores del campo no tendrán que recurrir más nunca a los anticipos perversos con tasas de usura y altos costos de agroinsumos. Quedan pues atrás esas prácticas comerciales perversas, donde los más fuertes terminaban arrebatándoles la rentabilidad a los más débiles. Y, de paso, acabamos con ese discurso populista de los promotores del fracasado socialismo en Latinoamérica.

En adelante, nos toca a todos en la cama.

* Experto en financiamiento agropecuario.