Desde que tomó posesión como ministra de Comercio, Industria y Turismo, no ha habido una semana sin que Cecilia Álvarez Correa cace una pelea con dirigentes gremiales, empresarios, congresistas y sus colegas de Palacio.
Primero fue con el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, luego se agarró con los senadores Jorge Enrique Robledo e Iván Duque, posteriormente con varios empresarios del país y con Analdex, el gremio de los exportadores. Ahora la emprendió contra los productores de caña de azúcar y panelera del país.
Tal como lo advertí en la pasada columna, esta semana la ministra Álvarez Correa firmó el decreto que levanta las salvaguardas al azúcar poniendo en riesgo más de 188 mil empleos que genera la agroindustria de la caña en 48 municipios, ubicados en las zonas más complicadas del conflicto armado en Colombia. Sin duda alguna, esta decisión ocasionará -como lo argumentó Asocaña en un documento técnico- la peor crisis social y económica que registre la historia para el suroccidente colombiano y las regiones paneleras del país. A lo anterior, súmele la desgracia que van a correr 350 mil familias paneleras del país, por la práctica ilegal de derretimiento con azúcar subsidiada importada para producir panela.
Se preguntarán ustedes, ¿por qué la ministra tomó esta disparatada decisión? Su argumento es que estamos produciendo azúcar más cara que la importada de países con los cuales hemos suscritos TLC, y que esos costos están siendo trasladados a los consumidores de chocolatinas, confites y endulzantes. Esos países, señora ministra, subsidian fuertemente a sus productores y su costo país es muchísimo menor al nuestro.
Los argumentos de Asocaña demuestran lo contrario. Entre enero de 2001 y julio de 2015, cuando se dio una inflación de 95 %, el precio de venta del azúcar en los ingenios aumentó solamente 45 %, mientras que el precio del azúcar a los hogares colombianos aumentó 81 % y el de los chocolates creció 163 %. Es decir, mientras el Decreto afectará negativamente los ingresos de los productores de caña, azúcar y panela, trasladará la mayoría de los beneficios a la renta de la industria de chocolates y confites, y a la cadena de logística y comercialización. Así acaba de suceder en el Perú.
Con ese absurdo argumento de la ministra Álvarez Correa, mañana liberará los aranceles y ampliará los cupos de importación en maíz, arroz, café, aceites, algodón, lácteos y carnes. Ninguno de estos subsectores está en capacidad competir con los precios de los bienes importados de nuestros “socios comerciales”, por los gigantescos subsidios que reciben ellos y por el alto costo país (muchos impuestos, alta burocracia, ineficiente infraestructura, altas tasas de interés y altos costos en servicios públicos, transporte, combustibles, agroinsumos y maquinaria agrícola) que tenemos acá.
Por estas y otras irracionales medidas de la ministra Álvarez Correa, es que la industria nacional no levanta cabeza, la producción sigue cayendo, las importaciones siguen disparadas y las exportaciones van en picada. Según el Dane, en el primer semestre de 2015, las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una caída del -20.3 %.
Señora ministra, todavía está a tiempo de evitar una masacre agrícola en el país. Las políticas, los instrumentos de ayuda y las regulaciones de comercio exterior no se imponen, se concertan. Si se están concertando varias políticas del país con las Farc, ¿por qué no hacerlo con los empresarios del país? ¡Recapacite!
El autor es consultor en financiamiento agroindustrial.
Desde que tomó posesión como ministra de Comercio, Industria y Turismo, no ha habido una semana sin que Cecilia Álvarez Correa cace una pelea con dirigentes gremiales, empresarios, congresistas y sus colegas de Palacio.
Primero fue con el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, luego se agarró con los senadores Jorge Enrique Robledo e Iván Duque, posteriormente con varios empresarios del país y con Analdex, el gremio de los exportadores. Ahora la emprendió contra los productores de caña de azúcar y panelera del país.
Tal como lo advertí en la pasada columna, esta semana la ministra Álvarez Correa firmó el decreto que levanta las salvaguardas al azúcar poniendo en riesgo más de 188 mil empleos que genera la agroindustria de la caña en 48 municipios, ubicados en las zonas más complicadas del conflicto armado en Colombia. Sin duda alguna, esta decisión ocasionará -como lo argumentó Asocaña en un documento técnico- la peor crisis social y económica que registre la historia para el suroccidente colombiano y las regiones paneleras del país. A lo anterior, súmele la desgracia que van a correr 350 mil familias paneleras del país, por la práctica ilegal de derretimiento con azúcar subsidiada importada para producir panela.
Se preguntarán ustedes, ¿por qué la ministra tomó esta disparatada decisión? Su argumento es que estamos produciendo azúcar más cara que la importada de países con los cuales hemos suscritos TLC, y que esos costos están siendo trasladados a los consumidores de chocolatinas, confites y endulzantes. Esos países, señora ministra, subsidian fuertemente a sus productores y su costo país es muchísimo menor al nuestro.
Los argumentos de Asocaña demuestran lo contrario. Entre enero de 2001 y julio de 2015, cuando se dio una inflación de 95 %, el precio de venta del azúcar en los ingenios aumentó solamente 45 %, mientras que el precio del azúcar a los hogares colombianos aumentó 81 % y el de los chocolates creció 163 %. Es decir, mientras el Decreto afectará negativamente los ingresos de los productores de caña, azúcar y panela, trasladará la mayoría de los beneficios a la renta de la industria de chocolates y confites, y a la cadena de logística y comercialización. Así acaba de suceder en el Perú.
Con ese absurdo argumento de la ministra Álvarez Correa, mañana liberará los aranceles y ampliará los cupos de importación en maíz, arroz, café, aceites, algodón, lácteos y carnes. Ninguno de estos subsectores está en capacidad competir con los precios de los bienes importados de nuestros “socios comerciales”, por los gigantescos subsidios que reciben ellos y por el alto costo país (muchos impuestos, alta burocracia, ineficiente infraestructura, altas tasas de interés y altos costos en servicios públicos, transporte, combustibles, agroinsumos y maquinaria agrícola) que tenemos acá.
Por estas y otras irracionales medidas de la ministra Álvarez Correa, es que la industria nacional no levanta cabeza, la producción sigue cayendo, las importaciones siguen disparadas y las exportaciones van en picada. Según el Dane, en el primer semestre de 2015, las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una caída del -20.3 %.
Señora ministra, todavía está a tiempo de evitar una masacre agrícola en el país. Las políticas, los instrumentos de ayuda y las regulaciones de comercio exterior no se imponen, se concertan. Si se están concertando varias políticas del país con las Farc, ¿por qué no hacerlo con los empresarios del país? ¡Recapacite!
El autor es consultor en financiamiento agroindustrial.