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La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, a raíz de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, ha confirmado que en Colombia tenemos un sistema de administración pública extremadamente reglamentado que en vez de aligerar los procesos los atrasa, y en vez de disminuir la burocracia y la corrupción las aumenta.
Con la expedición de unos 30 decretos en estas dos semanas de emergencia, el Gobierno ha podido gestionar y ejecutar recursos públicos y privados (para resolver los problemas de millones de colombianos de estratos bajos) mucho más eficientemente que si lo hubiese hecho bajo el sistema tradicional de contratación pública. Es una oportunidad de oro para revisar y reestructurar muchas normas, procesos y entidades públicas obsoletas, que no le están aportando ningún valor agregado a la competitividad del país.
En esta difícil coyuntura de salud pública y económica, sería oportuno hacer los cambios estructurales que requiere la institucionalidad del Estado. Es el momento de reformar la justicia. Una reforma que, además de fusionar las altas cortes, (incluyendo la JEP), le quite el componente político a la justicia y endurezca el sistema penal y carcelario del país, para contener la corrupción pública.
Es una oportunidad de oro para que el Congreso regule el sistema electoral del país, a ver si acabamos con tantos carteles políticos que han convertido el sector público en el negocio ilegal más rentable del país. Inclusive, por encima del narcotráfico. Ya es hora de acabar con esa vagabundería de los pactos entre alcaldes y gobernadores con los concejales y diputados de los partidos de la coalición de gobierno para elegir a quienes van a ejercer control fiscal y disciplinario sobre sus actuaciones. Un verdadero concierto para delinquir.
El Congreso también tiene que autorregularse. Como lo dijo una vez el exsenador Fabio Valencia: “O cambiamos o nos cambian”. ¿Qué más esperan para reducir el número de congresistas y las prerrogativas que tienen? ¿Por qué no volver a las circunscripciones de Senado y Cámara departamentales y exigir rigurosos requisitos de méritos profesionales a los aspirantes?
Y, por supuesto, es una oportunidad histórica para el presidente Duque, para cambiar el tradicional y paternal modelo de administración pública que encontró. Un país que destina el 63,3% de su presupuesto para gastos de funcionamiento y sólo el 14,9% para gastos de inversión es un país que no podrá salir nunca del atraso y la pobreza. Es incomprensible, por ejemplo, que tengamos unos sistemas de educación, salud y protección social, y de trabajo tan precarios, cuando esos tres ministerios ostentan las mayores asignaciones presupuestales ($106,7 billones).
Tampoco es justo que a los ministerios de Agricultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación sólo les hayan asignado un rubro menor a los $2 billones. Con razón, sólo estamos cultivando 7,6 millones de hectáreas de los 40 millones aptos para garantizar la seguridad alimentaria.
Que sea esta la oportunidad para replantear todo el sistema productivo agropecuario del país, incluyendo los gremios y sus esquemas de fondos parafiscales. No desaprovechen esta coyuntura. ¡Lúzcanse!
En el tintero. Absurda una importación de maíz, soya y arroz sin aranceles en estos momentos de inicio de siembras.
* Experto en financiamiento agropecuario.
