Hace días fue publicada una investigación de periodistas de tres medios (uno de ellos El Espectador) que decidieron unirse para contarnos la historia de lo sucedido en Putumayo, pues la magnitud de los acontecimientos superaba la competencia entre ellos. Los colombianos nos levantamos con el escalofriante relato de otra operación del Ejército con muchos cuestionamientos. La cobertura de los otros medios y las discusiones y expresiones de indignación en las redes sociales no se hicieron esperar. Sin embargo, como siempre, la noticia pasó a un segundo plano rápidamente y la molestia generalizada se transfirió al siguiente escándalo.
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No se trata de restarle importancia a la noticia que sigue, sino de darle a cada una la trascendencia que merece. Efectivamente, el hermano de Petro se reunió con reconocidos delincuentes acusados por corrupción. Que la reunión haya sido un entrampamiento para afectar su campaña es muy probable y que Petro mordiera el anzuelo tampoco sorprende, pues desde hace meses establece alianzas con políticos y personas de dudosa reputación para aumentar su caudal político, ya que, como bien sabe, sus votos de opinión tienen techo. En esta noticia no solo no hay nada nuevo, sino que al final, únase con quien lo haga, el resultado no cambiará si los ciudadanos no cooptados por los extremos no reaccionan. Lo increíble es que esta noticia haya logrado borrar el repudio que produjo la anterior. Al parecer, en eso sí fue muy efectiva la trampa.
Cuesta creer que un general de la nación explique lo sucedido en el operativo de Putumayo diciendo que “no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”, y que nosotros sigamos hablando del encuentro del hermano de Petro en La Picota. Colombia vive en el olvido. La indignación que produce un escándalo se olvida cuando aterriza el siguiente (promedio, tres días). En Puerto Leguízamo asesinaron a un joven de 16 años y a una mujer de 24 años, embarazada, que además deja huérfanos a dos niños (sin mencionar que el padre también fue abatido). Hace un año, el Ejército colombiano también dio de baja (asesinó) en otro operativo en Guaviare a varios menores de edad, escudándose en que eran combatientes. Niños sin opciones, reclutados por los grupos al margen de la ley, porque nacieron en un país donde no solo no se protegen sus derechos, sino que se vulneran de forma permanente. Se violan niñas inmigrantes, se asesinan niños en las comunas de Cali y con bombas y atracos en Bogotá, pero todo queda impune.
Y cómo no, si el Estado que debe protegerlos es quien los asesina. Suena horrible, pero así de crudo es. No hay derecho a que un general de la república pueda hacer semejante afirmación y nada pase. Tampoco, que justifiquen el asesinato de niños porque son combatientes y de mujeres embarazadas desarmadas. Si este país no fuera tan patriarcal y machista, y, sobre todo, si a quienes estuvieran matando fueran los hijos y las mujeres de la clase dirigente y adinerada, ya se hubiera producido una revolución. Tristemente en Colombia hay niños que valen menos. Somos un pueblo sin alma ni futuro, porque quienes pueden cambiar las cosas justifican sin dolor o simplemente olvidan acciones como estas. Un país que no garantiza los derechos de sus niños y es incapaz de protegerlos no tiene futuro.
