Derechos adquiridos

Hemos quedado al desnudo. El fin de la guerra y de las Farc desenmascara la podredumbre de la clase dirigente del país. Cada semana surgen noticias de novela, de las más sórdidas, demostrando que quienes representan las instituciones del país vienen hace años corroyéndose a niveles insospechados. El último capítulo con dificultad se le ocurriría a un buen guionista y, si así fuera, seguro lo tildarían de inverosímil: el fiscal general de la Nación, unido con el hombre más rico del país, involucrados en el escándalo de corrupción más grande del continente, que termina por destruir de manera espantosa la vida de una familia y seguramente la de muchos más, porque esto hasta ahora comienza.

El trágico episodio de la muerte de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro nos ayuda a poner los pies en la tierra y a entender las terribles consecuencias que pueden llegar a tener los torcidos de algunos dirigentes y sus abusos de poder. Sus muertes son el lamentable desenlace de actos de corrupción con dimensiones casi fantasiosas, donde uno de los mejores abogados del país, que ha participado en casi todos los gobiernos recientes de Colombia y que ha asesorado a muchos de los empresarios más ricos e influyentes del país, abusa de su conocimiento y poder para enriquecerse y seguir enriqueciendo a un personaje que no necesita un peso más, pero que evidentemente no puede parar de jugar a conquistarlo todo, aunque eso signifique saltarse las leyes y encubrir delincuentes.

Lo destapado en las grabaciones prueba, mínimamente, que Luis Carlos Sarmiento Angulo asesorado y acompañado por Néstor Humberto Martínez supieron que se estaban cometiendo delitos y no hicieron nada para evitarlo y así no perjudicar su negocio. Ese “todo vale” para beneficio propio termina involucrándolos en las muertes de Jorge y Alejandro Pizano, que para rematar lo insólito era el mejor amigo del hijo del fiscal. Sin embargo, al fiscal no le parecen suficientes los obvios conflictos de interés que tiene, así que no renuncia y, para completar de irrespetar a la familia Pizano y a todos los colombianos, propone nombrar un fiscal ad hoc (figura que no existe en la Constitución) para manejar el caso de corrupción más grande que lleva la Fiscalía: Odebrecht. Y no tiene la decencia de declararse impedido para llevar la investigación de la muerte de los Pizano.

Lo único que nos sacaría de la ficción en la que estamos inmersos es que sancionemos socialmente a los “todopoderosos” que creen haber nacido con o haber adquirido derechos que les permiten pisotear las instituciones, acomodar las leyes y burlarse de todos. Si el sistema judicial no logra someterlos, pues recuerden que la batalla legal la libran un abogado extremadamente hábil y el hombre más rico del país, la sociedad, como alguna vez hizo con los narcotraficantes, debería tratarlos como parias, dejar de convocarlos, no admitirlos en sus colegios, ni invitarlos a sus eventos y, lo más importante, no permitirles seguir gobernándonos, contar con poder ilimitado y retener su respetabilidad. Deben perder todos sus privilegios. La discusión no es solo legal, es ética y moral. Los líderes de las sociedades deben ser ejemplo o por lo menos no mal ejemplo de comportamiento ético. El fiscal debe renunciar para que con Sarmiento Angulo puedan ser investigados y juzgados.