Debió ser duro para la ministra de Educación no poder participar en la marcha del 10 de octubre. Para un funcionario público y técnico, que ha venido pedaleando durante años para que el sector que representa sea una prioridad en la agenda pública, es un sueño hecho realidad ver que la ciudadanía se une en torno al mismo y que además su principal demanda es que le asignen mayores recursos. Claro está, la ministra también representa al Gobierno para el que trabaja, así que tuvo que conformarse con observar la manifestación por la ventana.
Lo que el país presenció el miércoles fue sin duda un gran paso en el fortalecimiento de nuestra democracia. Miles de ciudadanos: estudiantes, profesores, trabajadores de todos los niveles, directivos universitarios, periodistas y uno que otro político que pretendió apoderarse de la causa, entre otros, marcharon demandando la protección y el fortalecimiento de la educación superior pública, y de los recursos que se necesitan para lograrlo. Una manifestación organizada y pacífica, que desafió la voluntad del ministro de Defensa de restringirla, clamando porque la educación sea un tema prioritario.
Varias protestas hemos presenciado donde el tema subyacente es la educación. Algunos sectores de la población han marchado en contra de alguna reforma, como la de la Ley 715 (reforma al Sistema General de Participaciones) en el 2001, o como la que se buscó de la Ley 30 de educación superior en el 2011, o por los múltiples paros convocados por el sindicato de maestros. En los últimos tiempos los colombianos hemos marchado también en torno a temas coyunturales, que en su momento fueron muy importantes, como exigirles a los grupos armados ilegales que retornaran a los secuestrados, o en pro de la paz. Pero una marcha como esta, que nos haya convocado a todos por un bien realmente común, como lo es la educación, es un hecho sin precedentes. Esta vez nos unimos todos para demandar un servicio básico esencial, que no puede estar desfinanciado, ser de mala calidad, ni excluyente, en un país donde lo que se está buscando es el bienestar de todos sus ciudadanos.
Evidentemente todos hubiésemos querido una respuesta más comprensiva y acertada por parte del Gobierno. Qué bueno hubiera sido que se presentara un plan a corto, mediano y largo plazo para financiar la educación superior pública, que incluyera más recursos para todo el sistema, un plan de pagos para cubrir el inmenso déficit de las universidades públicas después de un gran esfuerzo realizado para atender más jóvenes, y un planteamiento para reformar los dos artículos de la Ley 30 que asignan y distribuyen los recursos recurrentes que la nación les gira a las universidades públicas.
Sin embargo, el momento sí es esperanzador. A los ciudadanos nos están uniendo finalmente temas importantes y no solo urgentes, lo cual es una clara señal de progreso. Y, aunque evidentemente el problema de la educación superior pública no se va a resolver con una marcha, y muchísimo menos con la irrisoria asignación adicional en el presupuesto del 2019 de $500.000 millones de pesos, sin duda este puede ser el inicio de una nueva etapa para la consolidación de nuestra democracia. Si seguimos organizándonos, es muy probable que logremos poner en la agenda política temas esenciales para nuestro desarrollo económico y social, que nunca han sido prioritarios.
