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Se fue la ministra de Minas y Energía, lo cual no es sorprendente. Lo extraño es que durara tanto, y lo asombroso fue la gota que rebasó la copa: usar su situación de poder para gestionar la salida de su hijo del país, que migraba con su padre para reunirse con ella. Seguro recuerdan que a principio de año escribí una columna donde me refería a lo ridículo que es tener que gestionar ese permiso de salida cuando el menor de edad sale con alguno de sus padres o acudientes. Por mi experiencia y por conocidos, sé que un buen número de países no exige ninguna autorización especial para permitir la salida de los niños; es más, muchos ni siquiera lo hacen cuando salen completamente solos, si quien los entrega a la aerolínea es alguno de los padres. En ese entonces me sucedió, y no era la primera vez que olvidaba gestionar el bendito documento. Vale aclarar que hace algún tiempo, para evitar traumas con este trámite, el papá de mi hija y yo decidimos elaborar una escritura pública que le da permiso de salida permanente. Sin embargo, esa modalidad, supuestamente más práctica, también requiere que la notaría que otorgó la escritura expida un certificado que confirme su vigencia, con validez no mayor de un mes. Y adivinen qué: la noche que salíamos del país, me acordé a las 8 (ya con la notaría cerrada) de esta tonta exigencia. Cero y van tres; claramente estoy en negación con este requisito y el despiste me sobrepasa. Como viajaba con mi mamá y mi hija, mi madre debió irse sola, y mi hija y yo tuvimos que reagendar un trayecto que en condiciones normales dura de 12 a 14 horas, a uno que nos tomó 30, sin mencionar los sobrecostos.
Reitero lo que mencioné en esa columna: en un país donde los niños poco importan, leyes como estas no protegen en nada a los menores, solo generan traumatismos, burocracia y enriquecen a los ya muy nutridos notarios. Compartiré otras cifras, no las que tradicionalmente presento sobre los índices de desnutrición, el número de niñas menores embarazadas, la cantidad de niñas y niños asesinados y abusados, que son espeluznantes. Para completar la comprensión de la situación de la niñez colombiana, se pueden adicionar cifras como estas: según el Instituto de Medicina Legal, en el 2020 se registraron 4.680 desaparecidos, de los cuales 1.579 fueron menores de edad; es decir, el 34 % del total, lo que significa un promedio de cuatro menores desaparecidos cada día. Los datos de años anteriores tienen promedios similares: en 2019 hubo 2.392 menores desaparecidos (35 % del total de reportados) y para el 2018 fueron 2.368 (37 %). Y por si la cifra de niñas y niños desaparecidos es insuficiente, de acuerdo con informes preparados por Unicef, se estima que en Colombia existen 55.000 menores víctimas de trata de personas, siendo las niñas entre 12 y 14 años las más vulneradas. Esto pone al país como el cuarto en Latinoamérica con mayor turismo sexual infantil.
Y mientras la niñez colombiana vive esta horrible realidad, sin ley ni sistema judicial que los proteja y defienda, la exministra de Minas y Energía también fue víctima de una de las formalidades inocuas que afecta a los colombianos. Más allá del cuestionamiento que genera el haber presionado a funcionarios públicos utilizando su cargo, lo cierto es que cumplió con la ley: tanto el padre como la madre autorizaron la salida del menor del país, que es lo que se busca. Los abogados dirían que se cumplió con lo sustancial de la norma. La noche de nuestro viaje conseguí copia notarial de la escritura vigente, expedida hace menos de tres meses, para ver si dejaban salir a mi hija, pero no fue suficiente. Las formalidades nos agobian, y mientras tanto muchos menores de edad raptados y explotados salen del país con todos los papeles en regla. El día que la ley y la justicia funcionen para proteger verdaderamente a nuestras niñas y niños, y deje de reinar la impunidad, será el día que dejemos de expedir leyes inermes y exigir trámites innecesarios que en nada los salvaguardan. En este caso, la inocua ley solo nos salvaguardó de seguir con la ministra Vélez.
