Nos tocó sobrellevar una pandemia con uno de los peores gobiernos que ha tenido el país. Coincidencia desafortunada, porque además de tener que enfrentar las consecuencias que dejará el virus se sumarán las generadas por la desidia administrativa y el desgobierno. Lo sucedido la semana anterior lo demuestra: recibimos 50.000 vacunas y el Gobierno, en vez de organizarse para aplicarlas de manera rápida y efectiva, se dedicó a montar un vergonzoso espectáculo, con ruedas de prensa, desfiles y fotos. Provocaba llorar.
Durante el último año, el derecho fundamental a la educación se ha visto severamente afectado y no como consecuencia del COVID, sino por las decisiones de nuestros gobernantes. Hace pocas semanas, el discurso sobre la presencialidad escolar cambió: después de escuchar durante todo el año a dirigentes, maestros, líderes sindicales, padres de familia, médicos y salubristas decir que era imposible volver, quienes abogamos durante meses por la apertura unimos nuestra voz y dejamos de ser ignorados.
Sin embargo, una cosa es lo que decimos y lo que fotografiamos (el papel aguanta todo), y otra es lo que verdaderamente sucede: la mayoría de las instituciones educativas siguen cerradas. La ministra afirma que cerca del 60 % de las entidades territoriales certificadas iniciaron el retorno gradual, pero no existe información precisa sobre la cantidad de sedes abiertas, ni el número de estudiantes realmente beneficiados. Juzgando por algunos casos encontrados —Montería abrió un colegio oficial de 60; Barranquilla, dos de 154 y Bogotá, ocho de 400—, las cosas no pintan bien. La apertura es en su mayoría de colegios privados (agudizando la inequidad que nos caracteriza) y, con excepción de entidades como Antioquia, Palmira y Pereira que han avanzado en el proceso significativamente, en el resto de las que supuestamente abrieron sólo se trata de unas pocas sedes.
Los colegios van a cumplir un año cerrados. Los recursos comprometidos para las adecuaciones de bioseguridad ($8 millones por colegio) se terminaron de transferir en diciembre y en su gran mayoría no han podido ser ejecutados. Los lineamientos del Ministerio para la apertura se publicaron en junio del año pasado y las secretarías de Educación, que debían entregar sus planes de alternancia en noviembre, apenas están presentando cronogramas, como Bogotá, donde con orgullo afirman que el proceso irá desde ahora hasta finales de abril. El sector se durmió, está cómodo y tranquilo, como si no nos encontráramos en una emergencia educativa. Mientras tanto, cada día que pasa más niños y jóvenes desertan, se atrasan, están expuestos a violencia, maltrato y problemas alimenticios y psicosociales.
Todos somos responsables: los gobiernos (nacional y locales), los sindicatos, la comunidad educativa y la sociedad civil. El derecho fundamental a la educación siempre ha sido menos fundamental que los demás, porque los niños en este país no importan. Si la vacunación llega a funcionar como la reapertura de colegios, los últimos colombianos seremos vacunados en 20 años. Importante recordar a nuestros gobernantes que el sector no se organiza ni se abre más rápido a punta de fotos abrazando niños; el tiempo que gastan posando sería mejor aprovechado trabajando para que los niños retornen. Esto no da espera, #LaEducaciónPresencialEsVital.
Nos tocó sobrellevar una pandemia con uno de los peores gobiernos que ha tenido el país. Coincidencia desafortunada, porque además de tener que enfrentar las consecuencias que dejará el virus se sumarán las generadas por la desidia administrativa y el desgobierno. Lo sucedido la semana anterior lo demuestra: recibimos 50.000 vacunas y el Gobierno, en vez de organizarse para aplicarlas de manera rápida y efectiva, se dedicó a montar un vergonzoso espectáculo, con ruedas de prensa, desfiles y fotos. Provocaba llorar.
Durante el último año, el derecho fundamental a la educación se ha visto severamente afectado y no como consecuencia del COVID, sino por las decisiones de nuestros gobernantes. Hace pocas semanas, el discurso sobre la presencialidad escolar cambió: después de escuchar durante todo el año a dirigentes, maestros, líderes sindicales, padres de familia, médicos y salubristas decir que era imposible volver, quienes abogamos durante meses por la apertura unimos nuestra voz y dejamos de ser ignorados.
Sin embargo, una cosa es lo que decimos y lo que fotografiamos (el papel aguanta todo), y otra es lo que verdaderamente sucede: la mayoría de las instituciones educativas siguen cerradas. La ministra afirma que cerca del 60 % de las entidades territoriales certificadas iniciaron el retorno gradual, pero no existe información precisa sobre la cantidad de sedes abiertas, ni el número de estudiantes realmente beneficiados. Juzgando por algunos casos encontrados —Montería abrió un colegio oficial de 60; Barranquilla, dos de 154 y Bogotá, ocho de 400—, las cosas no pintan bien. La apertura es en su mayoría de colegios privados (agudizando la inequidad que nos caracteriza) y, con excepción de entidades como Antioquia, Palmira y Pereira que han avanzado en el proceso significativamente, en el resto de las que supuestamente abrieron sólo se trata de unas pocas sedes.
Los colegios van a cumplir un año cerrados. Los recursos comprometidos para las adecuaciones de bioseguridad ($8 millones por colegio) se terminaron de transferir en diciembre y en su gran mayoría no han podido ser ejecutados. Los lineamientos del Ministerio para la apertura se publicaron en junio del año pasado y las secretarías de Educación, que debían entregar sus planes de alternancia en noviembre, apenas están presentando cronogramas, como Bogotá, donde con orgullo afirman que el proceso irá desde ahora hasta finales de abril. El sector se durmió, está cómodo y tranquilo, como si no nos encontráramos en una emergencia educativa. Mientras tanto, cada día que pasa más niños y jóvenes desertan, se atrasan, están expuestos a violencia, maltrato y problemas alimenticios y psicosociales.
Todos somos responsables: los gobiernos (nacional y locales), los sindicatos, la comunidad educativa y la sociedad civil. El derecho fundamental a la educación siempre ha sido menos fundamental que los demás, porque los niños en este país no importan. Si la vacunación llega a funcionar como la reapertura de colegios, los últimos colombianos seremos vacunados en 20 años. Importante recordar a nuestros gobernantes que el sector no se organiza ni se abre más rápido a punta de fotos abrazando niños; el tiempo que gastan posando sería mejor aprovechado trabajando para que los niños retornen. Esto no da espera, #LaEducaciónPresencialEsVital.