“Peleándose” la primera infancia

A mediados del año 2019, el Ministerio de Educación Nacional y Fecode, luego de otra larga huelga de maestros, pactaron un tema al parecer inofensivo llamado fortalecimiento de la educación pública (preescolar de tres grados). En él se acordó garantizar progresivamente el acceso de niños y niñas al preescolar de tres grados en instituciones educativas oficiales, con planta docente oficial. Esto parecía ser un avance en pro de la educación de los menores de seis años, pero para quienes conocemos el sector y llevamos años trabajando en educación inicial implica un claro retroceso y un triunfo para el sindicato.

Durante décadas el sector educación eludió su responsabilidad con la primera infancia, escudado en resolver los problemas que se encontraban en los siguientes niveles educativos. La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) estableció que el único grado del preescolar obligatorio era el grado 0 (más conocido como transición), que atendía a los niños de cinco años, mientras los grados de jardín y prejardín solo se podrían ofrecer hasta que el departamento o municipio lograra el 80 % de cobertura en transición y en el nivel de básica (primaria y secundaria).

Afortunadamente, la evidencia demostró que si se quieren cambios estructurales en el sistema educativo y además mejorar los índices de calidad, se deben garantizar los derechos de los niños en educación inicial, recreación, salud, nutrición, cuidado, crianza y participación ciudadana. Y no porque en esta etapa deban aprender a leer, hablar un segundo idioma y resolver ecuaciones matemáticas (como lo busca la educación preescolar), sino porque en ese momento se debe promover un adecuado desarrollo motor, sensorial, emocional y artístico; construir y consolidar autoestima y autoconfianza; desarrollar habilidades de autorregulación y para el aprendizaje. Para lograrlo se requieren métodos educativos y espacios especialmente diseñados para los niños de esas edades, con personal específicamente capacitado para atender a menores de cinco años (como lo hace la educación inicial).

Bogotá y Medellín han sido pioneras en diseñar e implementar excelentes políticas de atención integral a la primera infancia (no solo de educación preescolar). Sin embargo, hoy la Secretaría de Educación de Bogotá mantiene una batalla con la Secretaría de Integración para cambiar la forma como se viene implementando la atención integral y definir el responsable de su supervisión. Si queda en manos solo de Educación, se corre un alto riesgo de escolarizar la atención y descuidar los demás aspectos de la integralidad (el sistema educativo formal no sabe de educación inicial, sino de preescolar). Si Bogotá ya lo sabe hacer, es incomprensible que lo quieran cambiar.

No cabe duda de que en esta batalla está involucrado el sindicato de maestros de la ciudad, que presiona para que ese nefasto acuerdo del 2019 se cumpla, se abran los dos grados adicionales de preescolar y se aumente la planta docente oficial. Lo increíble es que, después de tener los colegios cerrados durante año y medio debido a la falta de capacidad de las autoridades y a la presión del sindicato, ahora quieran someter a sus vaivenes políticos la atención integral de la primera infancia y así perjudicar también a los niños menores de cinco años.