¿Será que después de un mes protestas, violencia desmedida y la clara evidencia de que este país no brinda oportunidades a sus jóvenes, tanto así que prefieren arriesgarse a ser asesinados, torturados y desaparecidos, reaccionamos? ¿Será que después de saber que cerca de 250.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) desertaron del sistema educativo durante el 2020 y que la noticia será peor cuando conozcamos la cifra de los que además no se volvieron a matricular, despertamos? ¿Será que después de ver que Fecode lleva a protestas, celebraciones y conciertos a los maestros, cuya mayoría lleva un año y medio sin asistir presencialmente a los colegios por miedo a contagiarse, nos sacudimos?
No sería tan complicado si la educación de los NNAJ fuera priorizada. Sólo con educación hay empleo, emprendimiento y desarrollo económico y social. Antes de la pandemia, los jóvenes llevaban meses reclamando su derecho a estudiar, a trabajar y a vivir dignamente, y ahora nos recuerdan a gritos que no sólo nada ha pasado, sino que su situación es mil veces peor: más pobres, maltratados, sin educación, sin empleo y sin oportunidades.
Los más afectados por el encierro y las políticas implementadas durante la pandemia fueron los NNAJ. Las cifras son contundentes: los colegios llevan 14 meses cerrados, y menos del 15 % de los estudiantes asisten unos pocos días al mes; la deserción escolar aumenta y quienes quieren regresar no tienen a dónde; los servicios de atención a la primera infancia en cuanto a cuidado, nutrición y educación se convirtieron en llamadas telefónicas y un mercado que comparte toda la familia; las mujeres tuvieron que renunciar a sus trabajos para cuidar a sus hijos, sin remuneración, retrocediendo años en equidad de género; la pérdida de aprendizaje ha sido colosal y, lo más grave, ahondará las brechas de desigualdad; aumentaron los índices de desnutrición y de abuso a niños y mujeres, afectando sin precedentes su salud mental; los jóvenes que comenzaron educación superior en pandemia llevan tres semestres sin conocer a sus compañeros y profesores, sin poder socializar con ellos. Para concluir, el impacto económico de todo esto será inconmensurable: el Banco Mundial estima que un año menos de colegio cuesta a la economía del país $23 millones por niño, lo que significa que a la fecha hemos perdido, al menos, unos $160 billones.
#LaEducaciónPresencialEsVital se unió a la movilización y publicó un pliego de peticiones solicitando abrir los servicios educativos presenciales, desde la primera infancia hasta la educación superior, y preparar al sector para empezar cuanto antes a compensar el tiempo perdido.
Si nos unimos a este llamado, dialogamos con los jóvenes y aseguramos entre TODOS (gobernantes, empresarios, maestros, políticos y demás ciudadanos) recursos para que los derechos de los NNAJ jamás se vuelvan a vulnerar y se cumpla siempre el Artículo 44 de la Constitución, sin importar las crisis, superaremos este momento. Necesitamos más esfuerzo del Estado y mayor contribución de quienes más tienen, para que la siguiente generación y las que vienen siempre tengan oportunidades. Sólo así nos convertiremos en un país viable. Nos toca escuchar y construir un nuevo pacto social que empiece por ellos: niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
