Que la ley los proteja

Mi hija y yo salíamos del país un sábado, a finales del año pasado. Como siempre, en diciembre, por la cantidad de trabajo y los mil eventos, todo se hace corriendo y a última hora. El viernes en la noche nos organizábamos para viajar y me acordé del permiso de salida para ella. Seguro más de un lector en este momento recuerda que le sucedió algo similar. Tampoco era la primera vez que me pasaba. Hace unos años tuve que reagendar un vuelo, asumiendo los costos extra, porque era domingo y el vuelo salía a primera hora del día siguiente. Afortunadamente, en esta oportunidad pudimos tramitar el anacrónico documento el sábado temprano en una de las notarías de turno (no todas abren los sábados, y las que lo hacen prestan servicio solo medio día). Aunque no tuvimos que reagendar el viaje, tarea que hubiera sido difícil y dispendiosa por la época, nos tocó sacrificar un evento importante que mi hija tenía esa mañana, pues era imposible estar en los dos sitios al mismo tiempo.

Muchos países requieren el permiso cuando el menor viaja solo, lo cual es lógico; pero exigirlo, incluso al acudiente que viaja con el menor, sobre todo cuando este es uno de los padres, no tiene sentido. En un país donde las niñas y los niños poco importan, y donde un gran porcentaje son criados por un solo padre (usualmente la madre), semejante trámite para que pueda salir del país con su hija o hijo menor de edad es una verdadera paradoja. Ser niño en Colombia significa ser parte de una población extremadamente vulnerable y desprotegida, y para demostrarlo basta citar algunas cifras: según datos del Observatorio de Nutrición Infantil, 253 niños y niñas menores de cinco años murieron por desnutrición, entre enero y noviembre de 2022; esto es, casi un menor por día; y mientras que en 2019 se notificaron 7.786 casos, en 2022 hubo cerca de 10.500; el año con más reportes de desnutrición desde 2016. Así mismo, la Procuraduría General de la Nación informó que 426 menores de edad fueron asesinados entre enero y agosto del año pasado, un aumento del 12 % comparado con el mismo período del año 2021. Y si esas cifras no son suficientemente dicientes, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el 2021 se reportaron 4.708 partos en niñas entre los 10 y 14 años, el 7 % más que en el 2020. Para el 2022 la situación no pintaba nada bien, pues entre enero y julio ya se habían registrado 2.416.

Trámites como el permiso de salida para los menores de edad solo confirman una realidad a la que el país está acostumbrada, pero no por eso deja de ser inaudita: como no podemos proteger ni garantizarle una mínima calidad de vida a la población, promulgamos leyes por doquier, como si las normas fueran suficientes para asegurarles bienestar a los ciudadanos y, en este específico caso, amparar a la niñez. Como nadie protege a los niños, asumimos que la ley es quien lo va a hacer. Por eso implementamos formalismos burocráticos que únicamente enriquecen a los notarios, en contra del principio de buena fe que es constitucional, pero que en este país no aplica, porque si no es notarizado al 150 %, no existe. Y mientras tramitamos permisos como este, que nada logran, lo cierto es que buena parte de los niños de nuestro país —como lo demuestran las cifras (las presentadas son solo algunas)— viven una horrible realidad.