Estalló otro escándalo. Esta vez, la pérdida de los recursos destinados a la conectividad de niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales del país, lo que explica que durante el último año y medio muy pocos accedieran a algún tipo de educación. Mientras esto se descubría, la Corte Constitucional tumbó la ley de cadena perpetua para violadores de menores, ley que todos los juristas serios sabían que se caería por inconstitucional, pero que fue bandera de este Gobierno para mostrar su gran preocupación por la protección de niños, niñas y jóvenes.
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A la vez, el DANE publicó que cerca de 500.000 personas entraron a la pobreza multidimensional, siendo los más afectados aquellos que viven en centros poblados y zonas rurales. Los factores que más influyeron en esta tragedia son los relacionados con la protección y adecuada atención a los menores. El logro educativo desmejoró y el rezago escolar aumentó particularmente en las zonas rurales, crecieron las barreras a los servicios para el cuidado de la primera infancia, se incrementaron los índices de trabajo infantil en todo el país y, lo más descorazonador, la inasistencia escolar aumentó significativamente. La situación de las zonas rurales y de las regiones Pacífica y Caribe es verdaderamente alarmante.
Es importante aclarar que la medición de desescolarización realizada por el DANE trató de ajustarse a la realidad que vivían todos los niños, niñas y jóvenes del país, y definió asistencia escolar como aquella que les permitía tener interacciones entre pares y maestros de manera más o menos regular, sin importar si el medio era virtual o semipresencial, o si se lograba sólo a través de WhatsApp o de guías educativas físicas. Una definición amplia y flexible, que incluye mecanismos muy deficientes de atención que estuvieron lejos de lograr un proceso educativo mínimamente aceptable. Esta realidad traducida en cifras nos dice que, de los 9 millones de niños matriculados en el sistema educativo durante el 2020, aproximadamente 1,5 millones no asistieron al colegio. Un verdadero horror, y lo más grave es que esta cifra no incluye a quienes se les atendió esporádicamente.
Lo cierto es que, a pesar de la evidencia, perjudicamos más que a ninguna otra población a niños, niñas y jóvenes. Por un tiempo inexcusablemente largo cerramos los colegios sin considerar las particularidades regionales, les prohibimos salir e interactuar con sus pares, y no les brindamos los medios para poder recibir algún tipo de educación, así fuera insuficiente. Sin embargo, hoy nos rasgamos las vestiduras porque la Corte tumba una ley que iba a ser poco útil, pues en este país ni siquiera se cumplen las penas que ya existen, y porque se embolataron $70.000 millones, monto no menor pero nada comparable a lo que le costará al país no haber priorizado la atención a niños y jóvenes, mientras los responsables, que fallaron estrepitosamente, siguen atornillados en sus cargos. Si no se prioriza la atención, el cuidado y la protección de niños, niñas y jóvenes, Colombia seguirá siendo un país sin futuro.
Posdata. Gracias al DANE empezamos a tener información sobre lo que realmente sucedió en materia educativa durante el 2020. Es una vergüenza que las entidades responsables de dar a conocer las cifras para empezar a actuar y resolver sigan sin publicarlas.
