El sistema educativo requiere de muchos componentes para funcionar: financiación, recurso humano, infraestructura, entre otros; por eso es común perder de vista el objetivo por el cual existe: los estudiantes. La discusión sobre el programa Ser Pilo Paga (SPP) no ha sido la excepción; se habla del costo, de las instituciones que se favorecen y de las que no, de las rivalidades entre la educación pública y la privada, pero pocos hablan de los estudiantes que se han beneficiado y se podrían seguir beneficiando.
Como muchos programas bien intencionados, que se venden como políticas estructurales del sistema educativo y no como los programas complementarios que son, SPP nació en cuidados intensivos. Un caso casi idéntico fue el Programa de Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria (PACES), que buscaba favorecer a jóvenes que no encontraban cupo en colegios oficiales, asignándoles cupos en privados. Al igual que SPP, se presentó como la política que resolvería, en este caso, los problemas de la básica secundaria y media del país. Sin embargo, tampoco estuvo enmarcado en una política general de fortalecimiento de estos niveles educativos.
SPP debió ser uno de múltiples programas dentro de una política de fortalecimiento de la educación superior y terminó siendo casi la política. Se ganó muchos enemigos, algunos injustificados, como los que afirman que las universidades privadas se enriquecieron financieramente (sin SPP, esas instituciones, como antes, hubieran completado su oferta de cupos con estudiantes que podían pagarlos). Lo cierto es que sí se enriquecieron en diversidad y en calidad, al poder incluir entre sus estudiantes a los mejores, y no sólo a los mejores que pueden pagar. También contó con opositores razonables, particularmente aquellos que reclaman que el país tiene una deuda con las universidades públicas que hace varios años hicieron esfuerzos significativos para crecer, esfuerzo que la Nación no apoyó financieramente al nivel requerido.
El Gobierno anterior no modificó la Ley 30 que, entre otras, distribuye inequitativamente los insuficientes recursos que el Estado le gira a las universidades públicas: más del 50 % termina en cuatro instituciones (U. Nacional, U. de Antioquia, U. del Valle y la UIS) y el remanente en las 28 restantes. Por lo tanto, un programa que no contribuye a la solución de este problema y, por el contrario, destina recursos del sistema de educación superior a favor de jóvenes pilos que en su mayoría escogen estudiar en instituciones privadas (los cupos de las mejores universidades públicas son pocos y muy competidos, por esta razón el 70% de los pilos de estrato uno y dos no van a ninguna universidad), estaba condenado a desaparecer.
Pero volvamos a los estudiantes. El Gobierno debe resolver temas de fondo en relación con la educación superior, particularmente la pública, sin perder de vista que un sistema educativo que contribuya al desarrollo del país nunca permitiría que jóvenes sobresalientes, independientemente de su condición económica, no puedan acceder a las instituciones y programas que ellos elijan. Tal vez no es como lo planteó SPP, pero no cabe duda de que el Gobierno, las universidades y los mismos jóvenes deben encontrar el mecanismo de corresponsabilidad que permita a los estudiantes excepcionales educarse en las mejores instituciones del país, sean públicas o privadas.
