Después de 17 meses de haber cerrado todos los colegios del país y de que la mayoría de niños, niñas y jóvenes no hubieran podido regresar a la presencialidad, finalmente Fecode y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) firmaron un acuerdo. Una buena noticia para iniciar el último año de uno de los peores gobiernos que ha tenido Colombia en su historia reciente. Lo específicamente negociado y saber si beneficiará a las partes requiere un análisis profundo y el repaso de la historia de la relación entre el sindicato y el MEN. Sin embargo, lo que no queda tan claro es si terminará favoreciendo a los más perjudicados durante la pandemia y esta administración: los niños y jóvenes del país.
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Aunque hace meses se anunció el regreso a la presencialidad en las instituciones educativas, se dio prioridad a los docentes en el plan de vacunación y, finalmente, la ministra advirtió que se sancionará a aquellos que no regresen a trabajar, buena parte de la población infantil y juvenil del país, sobre todo la más vulnerable, no ha podido retornar a las aulas. A través de varias maniobras de quienes tienen el poder de hacer que el regreso sea un hecho, solo se ha logrado que el proceso sea lento y esté lleno de contratiempos.
Primero, al obligar a los padres a firmar un consentimiento para permitir a sus hijos regresar a los colegios, se da a algunos miembros de la comunidad educativa la posibilidad de tener un arma efectiva para impartir terror. A los documentos diseñados para firma de los padres solo les falta insinuar que la simple existencia del virus será responsabilidad de ellos si envían a sus hijos. Segundo, los horarios impuestos para el regreso, en muchos casos, son absolutamente insuficientes e imposibles de organizar para los padres trabajadores. Tercero, la estrategia utilizada por unos maestros y varios de los sindicatos regionales (todos filiales de Fecode), consistente en presentar tutelas para evitar la presencialidad (afortunadamente hasta la fecha casi todas negadas), ha logrado dilatar los procesos de apertura, pues obliga a las secretarías de Educación a cerrar todos los colegios, como medida cautelar, mientras se fallan las tutelas. Por último, se alimenta la desidia y politiquería de uno que otro mandatario regional, como el gobernador del Magdalena, quien, para ganar adeptos, negocia con el sindicato de maestros del departamento mantener los colegios cerrados.
El nuevo acuerdo consta de ocho puntos y solo el primero menciona el compromiso de las partes con la presencialidad. Lo consignado en ese punto es amplio y vago, y no parece obligar al Gobierno ni al sindicato a tomar las medidas necesarias para que, más allá de lo escrito, se haga realidad. Ojalá funcione y rápidamente se empiece a evidenciar el empeño y la responsabilidad de gobernantes y sindicatos para lograr el verdadero retorno a las aulas, a ver si por fin hacemos valer el derecho a la educación de los niños y jóvenes del país.
Posdata. Ministerio de Educación, ¿cuándo se dará a conocer la matrícula oficial del 2021, las cifras de deserción y el verdadero estado de la presencialidad? ¿Cuándo se harán las mediciones del estado emocional y la pérdida de aprendizaje de los niños? Sin información es imposible implementar programas de reparación y nivelación. Esto es urgente, pues se le acaba el tiempo a la nueva generación.
