Los niños, niñas y adolescentes, después de 20 meses de cierre de las instituciones educativas, en teoría regresaron a la presencialidad. Sin embargo, en la práctica todavía no todos lo han logrado: algunos colegios permanecen cerrados, otros están abiertos parcialmente, muchos estudiantes simplemente no retornaron y varios están en riesgo de desertar durante los próximos meses. La tragedia, cantada por un sinnúmero de expertos y miembros de la sociedad civil, no cesa y hasta ahora se empezarán a evidenciar sus verdaderas consecuencias. No obstante, en vez de resolverla, los responsables siguen culpándose entre sí, cuando podrían estar trabajando conjuntamente para atender esta crisis sin precedentes en la historia moderna del país, que nos costará décadas de estancamiento en el desarrollo social y económico.
El Gobierno nacional y la mayoría de los locales (excepto Antioquia, Medellín, Palmira y algunos otros) poco o nada han hecho para empezar a remediar esta situación. Más allá de “obligar”, un año y medio tarde, a las instituciones educativas a reabrir sus puertas y a los maestros a retomar sus labores en la presencialidad, no se han puesto en la tarea de diagnosticar la situación de salud mental ni el nivel del atraso académico de los estudiantes que retornaron. Tampoco han salido a buscar a aquellos que no regresaron ni a implementar planes de retención escolar para los que están en peligro de desertar, pero, eso sí, están encantados porque miembros influyentes de la sociedad y varios políticos en plena campaña electoral, aquellos que no envían a sus hijos a colegios públicos, han decidido culpar exclusivamente a Fecode.
Y no es que Fecode no sea cómplice de esta tragedia educativa, claro que sí. Hace años el poderoso sindicato de maestros perdió su norte y dejó de velar por el mejoramiento integral del sector educativo; sólo lo hace por el interés de unos pocos, ni siquiera de todos sus asociados. Aun así, proponer acabarlo como solución a los problemas educativos del país no solo es absurdo sino inconveniente e imposible; sería como vender el sofá.
En las naciones verdaderamente democráticas los sindicatos son actores fundamentales en la construcción de políticas generales y de bienestar de sus sociedades. En Francia, por ejemplo, estas agremiaciones son conocidas como aliadas sociales (partenaires sociaux) porque entienden que el desarrollo del país se cimienta desde el Estado, pero con el apoyo y la cohesión de la sociedad civil (de la que los sindicatos son una parte esencial).
El Estado colombiano olvidó su rol como responsable de la política educativa; logró que la educación se sumiera en una crisis sin precedentes; no priorizó a niñas, niños y jóvenes durante la pandemia; ha sido débil, muy débil, y en ese profundo vacío Fecode se fortaleció. Pero el sindicato no diseña las políticas educativas ni cuenta con los recursos económicos para administrar el sector. El Gobierno nacional y las administraciones locales son igual o peor de responsables al no hacer las inversiones que se requerían a tiempo, al no implementar las medidas necesarias, al no concertar con los diferentes actores que conforman el sector y, en últimas, al no priorizar la educación. Fecode no secuestró la educación ni a los estudiantes sino a un débil Gobierno que se lo permitió.
