No basta con que se consigne en el programa del próximo gobierno la implementación integral del Acuerdo Final con las Farc, buscando cristalizar su potencialidad transformadora en especial mediante el tratamiento a problemas estructurales represados. Tampoco será suficiente enfrentar el desafío de la compleja negociación con el Eln que debe retomar los acuerdos obtenidos durante cuatro años de diálogos en Quito y La Habana. Se requiere además que el plan contenga formulas para la reincorporación de los integrantes de todas las disidencias, y una política de sometimiento a la justicia y de reintegración social para los miembros de las estructuras del crimen organizado (comenzando por el llamado ‘Clan del Golfo’).
El concepto de paz total significa el diseño de estrategias para que por la vía del diálogo y de manera global, simultánea e integral, se pueda acabar con todas las formas de violencia, conflicto armado y criminalidad organizada que aún sufre nuestra sociedad. Al mismo tiempo implica una nítida definición de avanzar en la concreción de un conjunto de reformas socioeconómicas y políticas que se han expuesto, negociado e incluso pactado, una y otra vez, en la totalidad de los procesos de diálogo y acercamiento que se han realizado por más de cuatro décadas con las distintas expresiones armadas, y que todavía no se han implementado en forma eficaz.
La larga experiencia acumulada en esos procesos ha demostrado que existe además la necesidad de construir otras condiciones indispensables para desarrollar una política de esta naturaleza. Tal es el caso de la ausencia de una concepción de paz como política de Estado. Mientras la guerra total (el conflicto armado y el tratamiento militar y policial del narcotráfico) ha sido política de Estado permanente y central, la paz ha tenido que ser fruto de la labor discontinua de cada gobierno, en ocasiones con la abierta oposición de sectores políticos y militares. De tal forma que ha sido letra muerta el principio constitucional de que la convivencia pacífica es un fin esencial del Estado y de que, en consecuencia, los órganos que integran las ramas del poder público y todas las dependencias estatales se deben subordinar a ese principio. El fin esencial del Estado colombiano ha sido la guerra y no la paz.
Pese a que en algunas etapas se han intentado soluciones globales, lo predominante de las políticas de paz ha sido el carácter fragmentario de las iniciativas para poner fin a la violencia, de tal suerte que se han adelantado procesos exitosos de alcances limitados con determinados grupos. En los gobiernos de los expresidentes Betancur, Barco, Gaviria y Santos se realizaron acercamientos simultáneos con diversas organizaciones guerrilleras y grupos del narcotráfico. No obstante, la complejidad de la tarea y los enemigos de la paz impidieron que pudiera tener éxito una solución global, lo que condujo al fenómeno de la reproducción de disidencias y al rebrote de organizaciones guerrilleras o paramilitares.
La política de paz total requiere compaginar la dimensión de la solución política del conflicto armado con el de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y la salida de la llamada guerra contra el narcotráfico. A lo largo de los años el Estado colombiano ha adquirido un conjunto de aprendizajes valiosos sobre procesos en los que organizaciones criminales se han acogido a regímenes de beneficios judiciales a cambio del desmantelamiento de sus estructuras, y de programas de desmovilización. Asimismo un proceso de solución simultánea de todos los factores de violencia debe estar acompañado de la transformación de las instituciones militares y de policía, por medio de su adaptación para los tiempos de paz, la construcción de una lógica civilista que contribuya a la desmilitarización de la sociedad, la creación para los jóvenes del servicio social para la paz, y la progresiva reorientación de la política de seguridad que tenga en el centro el respeto a la vida.
Podrá decirse que tal objetivo, el de una paz total y definitiva, es utópico y que lo que ha demostrado la experiencia de nuestra historia contemporánea es que solo podemos avanzar en esa construcción por etapas, algo que considero es hoy cuestionable. A mi juicio, la experiencia acumulada permite hoy emprender esa tarea sobre bases sólidas. Pero más allá de esa discusión pragmática, en el plano moral a tal posición cabe replicar con lo que decía el filósofo Immanuel Kant en su obra La paz perpetua cuando respondía al cuestionamiento de su idea de una paz universal. Más allá de un mero cálculo de resultado sobre esa idea, decía Kant: “debemos obrar sobre su fundamento, como si fuera una cosa posible”.
* Senador de la República.
No basta con que se consigne en el programa del próximo gobierno la implementación integral del Acuerdo Final con las Farc, buscando cristalizar su potencialidad transformadora en especial mediante el tratamiento a problemas estructurales represados. Tampoco será suficiente enfrentar el desafío de la compleja negociación con el Eln que debe retomar los acuerdos obtenidos durante cuatro años de diálogos en Quito y La Habana. Se requiere además que el plan contenga formulas para la reincorporación de los integrantes de todas las disidencias, y una política de sometimiento a la justicia y de reintegración social para los miembros de las estructuras del crimen organizado (comenzando por el llamado ‘Clan del Golfo’).
El concepto de paz total significa el diseño de estrategias para que por la vía del diálogo y de manera global, simultánea e integral, se pueda acabar con todas las formas de violencia, conflicto armado y criminalidad organizada que aún sufre nuestra sociedad. Al mismo tiempo implica una nítida definición de avanzar en la concreción de un conjunto de reformas socioeconómicas y políticas que se han expuesto, negociado e incluso pactado, una y otra vez, en la totalidad de los procesos de diálogo y acercamiento que se han realizado por más de cuatro décadas con las distintas expresiones armadas, y que todavía no se han implementado en forma eficaz.
La larga experiencia acumulada en esos procesos ha demostrado que existe además la necesidad de construir otras condiciones indispensables para desarrollar una política de esta naturaleza. Tal es el caso de la ausencia de una concepción de paz como política de Estado. Mientras la guerra total (el conflicto armado y el tratamiento militar y policial del narcotráfico) ha sido política de Estado permanente y central, la paz ha tenido que ser fruto de la labor discontinua de cada gobierno, en ocasiones con la abierta oposición de sectores políticos y militares. De tal forma que ha sido letra muerta el principio constitucional de que la convivencia pacífica es un fin esencial del Estado y de que, en consecuencia, los órganos que integran las ramas del poder público y todas las dependencias estatales se deben subordinar a ese principio. El fin esencial del Estado colombiano ha sido la guerra y no la paz.
Pese a que en algunas etapas se han intentado soluciones globales, lo predominante de las políticas de paz ha sido el carácter fragmentario de las iniciativas para poner fin a la violencia, de tal suerte que se han adelantado procesos exitosos de alcances limitados con determinados grupos. En los gobiernos de los expresidentes Betancur, Barco, Gaviria y Santos se realizaron acercamientos simultáneos con diversas organizaciones guerrilleras y grupos del narcotráfico. No obstante, la complejidad de la tarea y los enemigos de la paz impidieron que pudiera tener éxito una solución global, lo que condujo al fenómeno de la reproducción de disidencias y al rebrote de organizaciones guerrilleras o paramilitares.
La política de paz total requiere compaginar la dimensión de la solución política del conflicto armado con el de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y la salida de la llamada guerra contra el narcotráfico. A lo largo de los años el Estado colombiano ha adquirido un conjunto de aprendizajes valiosos sobre procesos en los que organizaciones criminales se han acogido a regímenes de beneficios judiciales a cambio del desmantelamiento de sus estructuras, y de programas de desmovilización. Asimismo un proceso de solución simultánea de todos los factores de violencia debe estar acompañado de la transformación de las instituciones militares y de policía, por medio de su adaptación para los tiempos de paz, la construcción de una lógica civilista que contribuya a la desmilitarización de la sociedad, la creación para los jóvenes del servicio social para la paz, y la progresiva reorientación de la política de seguridad que tenga en el centro el respeto a la vida.
Podrá decirse que tal objetivo, el de una paz total y definitiva, es utópico y que lo que ha demostrado la experiencia de nuestra historia contemporánea es que solo podemos avanzar en esa construcción por etapas, algo que considero es hoy cuestionable. A mi juicio, la experiencia acumulada permite hoy emprender esa tarea sobre bases sólidas. Pero más allá de esa discusión pragmática, en el plano moral a tal posición cabe replicar con lo que decía el filósofo Immanuel Kant en su obra La paz perpetua cuando respondía al cuestionamiento de su idea de una paz universal. Más allá de un mero cálculo de resultado sobre esa idea, decía Kant: “debemos obrar sobre su fundamento, como si fuera una cosa posible”.
* Senador de la República.