En la campaña pasada a la Presidencia de la República los disímiles candidatos hicieron sus propuestas. Triunfó la de Gustavo Petro, quien ganó con un 50,51 % frente a un desconocido Rodolfo Hernández, quien obtuvo 47,22 %. Una de las propuestas consistía en enfrentar la corrupción, la cual agobia a los colombianos. En agosto de 2021 la corrupción era percibida como el principal problema del país, según la encuesta de percepción de Invamer que la mostró con un 31 % de entre todos los problemas que ven los colombianos. Este gobierno está enfocado principalmente en las reformas de salud, laboral y pensional entre otras, las cuales son importantes, pero no son la prioridad de la mayoría de colombianos.
Se reportó que en Colombia la corrupción entre 2016 y 2020 representó cerca de $13,67 billones perdidos. Esta es una cifra enorme. La Contraloría General de la Nación estima que la corrupción en Colombia asciende a $50 billones anuales, equivalente al 5 % del PIB. Existen diferentes ejemplos emblemáticos, como el caso de Odebrecht o Centros Poblados en los cuales muy poco ha pasado legalmente. Este flagelo tiene efectos en la salud, la educación, la infraestructura y tantos otros asuntos que les son arrebatados a los ciudadanos, quienes difícilmente pueden hacer algo y ven cómo el dinero de sus impuestos termina en manos de unos pocos en lugar de en beneficio de las mayorías.
Para que la corrupción exista se dan mínimo estos cuatro factores en general: el clientelismo, por medio del cual de manera irregular se intercambian puestos por votos; la debilidad institucional del Estado, que se traduce en la incapacidad de ejecutar la autoridad de la ley; el narcotráfico, que busca la protección de quienes lo ejercen; y por último la cultura del incumplimiento de las normas, la cual está dispuesta a acatar la ley únicamente si esta le es favorable.
Existen en Colombia mecanismos y entidades que luchan contra este flagelo como son el Estatuto Anticorrupción que fue creado en 2011, la Ley de Transparencia (1712 del 2014), que da acceso a la información pública con el fin de que todos los ciudadanos puedan acceder por igual a la información de manera rápida, la política pública integral anticorrupción, cuyo objetivo consiste en defender las herramientas y dispositivos institucionales para la desconfianza, indagación y ordenanza de la corrupción. Es decir, no sirven para mucho, claramente se ve la mano oscura de la politiquería en estas entidades que no son más que “saludos a la bandera”. Si sirvieran de verdad, los robos al erario público serían mucho menores, más corruptos irían a la cárcel y los colombianos verían la diferencia en la salud y la educación entre otras cuestiones. Claro, Colombia es un país joven con diversos problemas como son la salud o el tema pensional, pero primero es necesario solucionar la corrupción, que es la madre de los demás problemas que enfrenta Colombia.
Cuando la percepción frente a la corrupción es tan grande y el gobierno se enfoca en otras cuestiones principalmente y estas no son tan importantes para sus votantes, muestra una desconexión importante. Petro va perdiendo favoritismo y esto no le conviene a ni a él ni a los colombianos. Muchos ciudadanos perciben que su principal problema no es asunto prioritario para el gobierno, es decir las reformas a la salud o al trabajo no son tan significativas en estos momentos para la mayoría de ciudadanos. Primero lo primero.
Nota: En el artículo pasado escribí Guatemala en lugar de Nicaragua, pido excusas por ese error.
