El secretario general de la Presidencia de la República, Aurelio Iragorri, resumió bien la situación del agro colombiano cuando dijo que llevamos cincuenta años de atraso agrario.
En la última década, el país ha visto surgir una gran clase media. Más de doce millones de habitantes han dejado la pobreza y ahora hacen parte de una clase media con mejor nivel de vida y mayores expectativas de consumo y bienestar. Pero mientras eso ha ocurrido en los centros urbanos, la situación rural no ha mejorado. Mediciones recientes de índices de pobreza muestran un promedio de 19% en los centros urbanos mientras que en el campo la cifra alcanza el 48%. A pesar de los avances en la lucha contra la pobreza, casi sin excepción todos los indicadores rurales muestran tendencias negativas y diferencias crecientes con los indicadores urbanos.
La inversión, y los beneficios derivados del crecimiento económico alcanzado en los últimos años, no han llegado a los colombianos más vulnerables dedicados al sector agropecuario. Siendo esto así, es entendible que los campesinos se manifiesten y protesten. De las protestas de las últimas semanas, el gobierno puede sacar varias lecciones aprendidas, aprendidas a las malas.
La primera es que la solución dada al paro cafetero de hace unos meses, chequera en mano y la cual implicó compromisos por cerca de 900 mil millones de pesos, generó un precedente nefasto. ¿Cuál es el mensaje para otros grupos de interés? ¡Proteste y el gobierno le da plata ! .
La segunda lección aprendida es que hay que atacar los problemas de fondo. En lugar de acordar sumas exorbitantes para contener las manifestaciones, sería más beneficioso lograr consensos sobre mecanismos de política económica y de mercados que contribuyan a resolver las causas de las preocupaciones. De lo contrario, en pocos meses, ante nuevas fluctuaciones en los precios internos o externos o ante movimientos en la tasa de cambio real o los términos de intercambio, el panorama puede repetirse. Con este esquema de negociación, no hay chequera que aguante.
La tercera lección, que aún puede aplicarse, es la necesidad tener una visión clara de largo plazo para los temas rurales. Y esa visión va mas allá de las necesidades del sector agropecuario, comprende toda la Colombia no urbana y debe incluir las actividades sociales y económicas (en todos los sectores). El gobierno debe construir, pulir y comunicar esa visión con cada sector y cada comunidad, apoyado en los gobiernos locales, que en esta crisis, han pasado de agache. Y comprometerse a plasmar esa visión con acciones coherentes. Por ejemplo, reducir en un 31% el presupuesto del sector agropecuario para el 2014 es una gran contradicción en el contexto actual.
Y finalmente, hay que oír a la gente, desde el principio. El gobierno debe entender que las FARC no tienen la capacidad de movilización que algunos equivocadamente le atribuyen y que las voces de violencia no pueden opacar las demandas legítimas de campesinos que, como dice el secretario general, están cargando con cincuenta años de olvido.
El secretario general de la Presidencia de la República, Aurelio Iragorri, resumió bien la situación del agro colombiano cuando dijo que llevamos cincuenta años de atraso agrario.
En la última década, el país ha visto surgir una gran clase media. Más de doce millones de habitantes han dejado la pobreza y ahora hacen parte de una clase media con mejor nivel de vida y mayores expectativas de consumo y bienestar. Pero mientras eso ha ocurrido en los centros urbanos, la situación rural no ha mejorado. Mediciones recientes de índices de pobreza muestran un promedio de 19% en los centros urbanos mientras que en el campo la cifra alcanza el 48%. A pesar de los avances en la lucha contra la pobreza, casi sin excepción todos los indicadores rurales muestran tendencias negativas y diferencias crecientes con los indicadores urbanos.
La inversión, y los beneficios derivados del crecimiento económico alcanzado en los últimos años, no han llegado a los colombianos más vulnerables dedicados al sector agropecuario. Siendo esto así, es entendible que los campesinos se manifiesten y protesten. De las protestas de las últimas semanas, el gobierno puede sacar varias lecciones aprendidas, aprendidas a las malas.
La primera es que la solución dada al paro cafetero de hace unos meses, chequera en mano y la cual implicó compromisos por cerca de 900 mil millones de pesos, generó un precedente nefasto. ¿Cuál es el mensaje para otros grupos de interés? ¡Proteste y el gobierno le da plata ! .
La segunda lección aprendida es que hay que atacar los problemas de fondo. En lugar de acordar sumas exorbitantes para contener las manifestaciones, sería más beneficioso lograr consensos sobre mecanismos de política económica y de mercados que contribuyan a resolver las causas de las preocupaciones. De lo contrario, en pocos meses, ante nuevas fluctuaciones en los precios internos o externos o ante movimientos en la tasa de cambio real o los términos de intercambio, el panorama puede repetirse. Con este esquema de negociación, no hay chequera que aguante.
La tercera lección, que aún puede aplicarse, es la necesidad tener una visión clara de largo plazo para los temas rurales. Y esa visión va mas allá de las necesidades del sector agropecuario, comprende toda la Colombia no urbana y debe incluir las actividades sociales y económicas (en todos los sectores). El gobierno debe construir, pulir y comunicar esa visión con cada sector y cada comunidad, apoyado en los gobiernos locales, que en esta crisis, han pasado de agache. Y comprometerse a plasmar esa visión con acciones coherentes. Por ejemplo, reducir en un 31% el presupuesto del sector agropecuario para el 2014 es una gran contradicción en el contexto actual.
Y finalmente, hay que oír a la gente, desde el principio. El gobierno debe entender que las FARC no tienen la capacidad de movilización que algunos equivocadamente le atribuyen y que las voces de violencia no pueden opacar las demandas legítimas de campesinos que, como dice el secretario general, están cargando con cincuenta años de olvido.