Afropacífico para Dummies

DIO GRIMA EL DEBATE SOBRE EL PAcífico y su gente.

A los entrevistadores de Telepacífico les faltó énfasis sobre los grandes problemas que enfrentan los afrocolombianos de la región; los candidatos presidenciales dieron muestras de estar poco preparados para enfrentarlos, y los periodistas que comentaron el debate destacaron la ausencia de Santos o cómo se sentía Mockus por un regaño de Uribe, pero no dijeron nada sobre los críticos conflictos territoriales que tienen lugar a lo largo de ríos y selvas. Nadie se refirió a esa zona como escenario de la revolución agraria más importante del siglo XX, porque desde 1997, ajustándose a las reglas que estipula la Ley 70 de 1993, diversos consejos comunitarios pugnaron para que por fin el Estado les titulara los cinco millones de hectáreas que sus antepasados africanos habían convertido en territorio ancestral, como resultado de luchas incesantes contra la esclavización impuesta por los españoles y sus descendientes desde finales del siglo XVI. Ninguno condenó con firmeza cómo esa revolución pacífica había sido combatida apelando, ahí sí, a todas las formas de lucha, hasta lograr unos niveles de destierro que le dan a nuestro país el nivel de protagonismo internacional que con reiteración destacan los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el sinnúmero de organizaciones que condenan la muerte social de las comunidades del Afropacífico.

Pese a semejante realidad, los entrevistadores no se inmutaron cuando Antanas Mockus habló del tarjetón de las elecciones pasadas, creyendo que respondía la pregunta sobre el mecanismo de consulta previa que contempla el Convenio 169 de la OIT, el cual requiere que gobierno y sector privado consulten con las autoridades de esos pueblos las propuestas que hagan con respecto a obras de infraestructura, explotaciones madereras y mineras, reformas educativas, acciones políticas o procesos de reparación, entre múltiples intervenciones que de implantarse sin la intervención de ellas pueden comprometer dominios territoriales colectivos, así como patrimonios tangibles e intangibles. ¿Sabrían los candidatos que dos meses antes de que fuera firmada la Constitución de 1991, el Congreso colombiano había ratificado ese convenio internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales de los países independientes? Ellos, ¿conocerían que el 14 de febrero de 2001, Carlos Gaviria, entonces magistrado de la Corte Constitucional, sentenció que, debido a la Ley 70 de 1993, la gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera también estaba amparada por el mismo estatuto internacional? ¿Que esa normatividad deletrea el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles que tienen sus territorios? ¿Que debido a esa justicia global, pueden adquirir carácter de delitos internacionales las violaciones a la territorialidad ancestral de Curvaradó y Jiguamiandó que han cometido tanto las palmicultoras, como las empresas de minería industrial?

Quedan unas semanas de campaña. Mockus, Pardo y Petro pueden aprender más de los líderes del movimiento social afrocolombiano o de los libros sobre sus pueblos. Esa petición es irrelevante para los otros punteros en las encuestas. Son bien conocidas sus alianzas y propósitos.

* Grupo de Estudios Afrocolombianos Universidad Nacional