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A LA ADALID AFROCOLOMBIANA ANA Fabricia Córdoba la asesinaron tres días antes de que el presidente Santos firmara la Ley de Víctimas.
El crimen oprobioso coincidió con reiteradas denuncias por el creciente número de amenazas contra la dirigencia de los pueblos afrocolombianos, empeñada en la defensa de los territorios ancestrales de las comunidades que representa, debido a las fumigaciones que el Estado persiste en aplicar como supuesto medio de erradicar cultivos de coca, así como a entables mineros ilegales, cuya proliferación el mismo Estado parece incapaz de controlar. Esa dirigencia también es blanco de amenazas por denunciar la sucesión de desplazamientos forzados a la cual es sometida y de la cual la lideresa asesinada fue víctima concreta. La Asociación de Afrocolombianos Desplazados, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, El Centro de Pastoral Afrocolombiana, el Proceso de Comunidades Negras, el Movimiento Nacional Cimarrón y El Colectivo de Estudiant@s Univesitari@s Afrocolombian@s confluyeron en la Mesa de Organizaciones Afrocolombianas para manifestarse contra la desprotección de Ana Fabricia, pero de cuya responsabilidad los ministros del Interior y de Defensa se exoneraron, arguyendo que ella no llevó a cabo los trámites necesarios, pero desoyendo las quejas de ella por la posible responsabilidad policial en el asesinato de su hijo.
Las organizaciones también se manifiestan en contra de la indiferencia ciudadana. Añado la de los medios: el pasado 10 de mayo, en Hora 20, Arlene Tickner subrayó que, debido a la necesidad de someter la Ley de Víctimas a consulta previa, aún no era clara su aplicación entre quienes más han sufrido el conflicto armado, la gente indígena y afrocolombiana. El moderador, Néstor Morales, se mostró perplejo porque a la gente negra la cobijara esa norma. La panelista le respondió recordándole, además, el derecho de esas comunidades a una circunscripción electoral especial, la cual, él también puso en duda. Han pasado 18 años desde que el presidente César Gaviria firmó la Ley 70 de 1993 referente a los derechos de las comunidades negras y once desde que el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, emitiera la sentencia C 169-01 según la cual las comunidades negras “se ubican bajo el supuesto normativo del Convenio (169 de la Organización Internacional del Trabajo)”, el cual exige la consulta previa para todas las determinaciones que afecten a los pueblos étnicos del mundo. ¿Cómo es posible que un periodista de ese renombre, aún no se haya informado sobre las implicaciones de la ley y de la sentencia para los pueblos afrocolombianos?
La indiferencia con respecto a las víctimas afrocolombianas debe sumarse a otros indicios referentes a que la sostenibilidad de las políticas que se deriven de la Ley de Víctimas no dependerá de lo que más le ha preocupado a quienes la objetaron, a saber, los recursos del Estado, sino del aumento de los que seguirán cayendo por las acciones de quienes no están dispuestos a renunciar a los privilegios que la violencia les ha garantizado y les seguirá garantizando.
* Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional
