Bonos de esperanza

Por los resultados electorales del 29 mayo, para los pueblos étnicos del país y para quienes los apoyamos, urge redoblar esfuerzos para que no nos arrebaten las esperanzas que ha originado Francia Márquez, cuya candidatura a la Vicepresidencia amplifica sus reclamos en favor de los nadies, a quienes ella representa con firmeza excepcional. Además de la puerta que ella abrió para identificar, denunciar y combatir los racismos sistémico, estructural y cotidiano que nos habitan desde la colonia, impulsa ese soy porque somos, utopía de solidaridad, añorada para un futuro cercano. Como pocas, ella y las organizaciones que la rodean se han comprometido con la salvaguardia de la naturaleza.

Parte de ese propósito consiste en los programas de reducción de emisiones por la deforestación y degradación forestal (REDD+ por sus siglas en inglés). He conocido el que diseñaron tanto el Consejo Comunitario Central del Baudó y sus Afluentes (ACABA), como el Consejo Comunitario del río Pepé. Lo acompañan otras seis opciones afropacíficas y una del cabildo indígena en Mutatá (Antioquia)¹. Promocionan su etnodesarrollo mediante la venta de bonos de carbón.

El pasado 27 de abril me entrevisté con el fundador de ACABA y con su representante legal. Me impresionó cómo se han cualificado para poner en marcha procesos de gran complejidad por la multiplicidad de actores intervinientes, incluyendo la miríada de promotores de proyectos, más que todo internacionales; inventarios cada más nutridos de empresas que aspiran a descontar de sus impuestos el apoyo a comunidades locales para que salvaguarden sus selvas; agencias gubernamentales urgidas de mostrarse como cumplidoras de los pactos internacionales para detener las crisis ambiental y climática. Todas ellas además de los fondos que reciben los pagos y deben entregárselos a los consejos y cabildos oferentes, de acuerdo con el cumplimiento de cada Plan Operativo Anual (POA), concertado con la debida anticipación.

Otro aprendizaje significativo es el de los indicadores para medir beneficios. Los bautizaron con siglas en inglés de difícil recordación para los no iniciados, como sucede con VCS, estándar voluntario de carbón; CCB, clima comunidad y biodiversidad² y NIIF, normas internacionales de información financiera. Cuantifican el rendimiento de cada cosecha³, equivalente al dióxido de carbono que absorbe el área comprometida a lo largo del lapso pactado en el respectivo contrato. Requiere que expertos hagan recorridos para identificar talas incontroladas e ilegales o los efectos de plagas y cambios de clima. Cuando el orden público lo requiere, reemplazan esas visitas por indagaciones a distancia, cuyos resultados discrepan de los que reportan cabildos y consejos comunitarios. De allí se derivan penalidades no siempre bien deletreadas. Ocasionan conflictos porque obstaculizan los planes operativos anuales y violan la autonomía político-territorial que legitima la Ley 70 de 1993.

Otra complicación consiste en los actores armados. Hay que negociar con guerrilleros obsesionados con la intervención foránea y con gaitanistas sobornadores. De ahí que al representante de ACABA lo declararon objetivo militar. Su exilio ha frenado el desenvolvimiento del POE, incluyendo la introducción de dispensarios médicos y farmacias que ofrecen remedios alopáticos y ancestrales; depósitos que abaraten la gasolina; cajas de ahorros; cátedras de estudios afrocolombianos para líderes y docentes acerca de sus ancestros de África occidental y central, los distintivos histórico-culturales de las Afrocolombias, además de la justificación y características de la Ley 70 de 1993, columna vertebral de la territorialidad étnica que sustenta esas ventas de bonos de carbón. No menos importante es el perfeccionamiento de la socola, nombre que en esa región les dan a los métodos tradicionales de cultivo y cría de animales, de probada efectividad para la salvaguardia de las selvas y ríos objeto de los convenios.

No cabe duda del riesgo que estas alternativas de manejo socioambiental correrían dentro del rodolfismo. No solo es grave la amenaza de debilitar a los ministerios de Ambiente y Cultura, uniendo ambos, sino esa ignorancia garrafal que —sin cuestionamientos éticos— los publicistas maquillan como bacanería espontánea y la manipulan como imán para votantes indecisos. La elección de Hernández, ¿será la prolongación de esa pesadilla que padecemos desde 2002 y percibimos como infortunio sin fin?

* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional; profesor, Programa de antropología, Universidad Externado de Colombia.

¹ Consejo comunitario ACABA y Consejo comunitario río Pepé. 2020. Bosques naturales y consejos comunitarios del Pacífico. Presentación en powerpoint. Archivo ACABA.

² Carbon decisions international. 2011. CCB y VCS: dos estándares para REDD. Panamá: REDD e Instituto Smithsonian de Investigación Tropical. Disponible aquí.

³ Consejo comunitario ACABA, Consejo Comunitario río Pepé, Fondo para la Acción ambiental y la Niñez. 2019. Contrato de administración 0090. Archivo ACABA.