Para la novelista nigeriana Chimamanda Adichie la historia única estereotipa y enceguece, como sucede en Colombia con la supuesta inferioridad racial de quienes no son eurodescendientes y dizque viven infiltrados por la guerrilla.
El caso de los indígenas del Cauca ha sido examinado por muchos escritores, y hoy yo debería enfocar los graves problemas que enfrenta gente de ascendencia africana, incluyendo la descalificación racista de la cual ha sido objeto por parte del concejal Jorge Durán Silva. Sin embargo, me referiré a los calerunos.
El lunes 30 de julio, a las 4 y media, Jaime Lugo, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Triunfo; Camilo Rincón, del acueducto veredal de San José, y media docena de campesinos tensaron una cadena para impedir el paso por la carretera que va del barrio bogotano de El Codito a La Calera. Pese a que la Policía los amenazara con cárcel, en Márquez y La Aurora les hacían eco Carlos Casas y Eduard Hernández, presidentes de las respectivas juntas, junto con las matronas y el centenar de mujeres y hombres jóvenes inconformes que se les fueron uniendo. Taponaron la vía, pese a que llegaron refuerzos del Esmad, cuya presencia indignó a quienes se les había llenado la copa porque la Alcaldía Municipal no controlaba ni a las decenas de tractomulas cementeras que se meten por ahí para ahorrar peajes ni a las 25 volquetas dobletroque que llevan materiales para las nuevas urbanizaciones de estrato diez. No sólo es que los camiones impidan dormir y agrieten las casas, sino que los caminos vecinales ya son rosarios de cráteres. Temen que las troneras causadas hagan colapsar esas rutas.
El alcalde apareció a las 9:30 a.m. Lo abuchearon por haberles echado al Esmad y por las provocaciones de las cuales eran objeto por parte de policías jóvenes que parecían ansiosos de rociar sus gases lacrimógenos. Le preguntaron a dónde iban a parar los dineros que percibía la Alcaldía por los prediales y los cientos de licencias de construcción aprobadas. Como el secretario de Obras Públicas alegaba que cómo iban a perjudicar a los urbanizadores, un líder comunal le preguntó del lado de quién estaba la Alcaldía. Los indignados exigieron la presencia del gobernador de Cundinamarca, porque el mantenimiento de parte de esa carretera es de su responsabilidad. Quizás obsesionado por la única historia, él ni fue ni mandó al secretario de Obras, sino al ¡subsecretario de Orden Público!
El bloqueo se disolvió cuando el alcalde suscribió un borrador comprometiéndose a impedir el tráfico pesado por vías jamás pensadas para ese propósito. Los manifestantes se retiraron cavilando cómo organizarse en caso de incumplimiento. Tres días después habían reaparecido las volquetas. Los policías decían no haber recibido la disposición escrita y los volqueteros presionaban a las juntas de acción comunal para que se retractaran. Los indignados son conscientes de que habrá agendas futuras que también aborden un problema aun más grave: la deforestación del subpáramo que permite el Plan de Ordenamiento Territorial de La Calera y que ocasionan constructores para quienes el bosque Altoandino es un estorbo. Los efectos sobre los acueductos veredales ya son dramáticos, de modo que las luchas por venir también serán para no morirse de sed.
