*Invitamos a nuestros columnistas a contarnos de las ideas que defendieron y que, ahora, perciben de manera diferente. Esta columna es parte del especial #CambiéDeOpinión.
A la ilusión de cambio que surgió el 7 de agosto de 2022 la traiciona la parálisis que persiste en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para poner en marcha el artículo 43 de la Ley 70 de 1993. Desde hace 30 años está por cumplir la responsabilidad que ese estatuto le asignó en cuanto a redefinir “sus funciones y organización interna” e incorporar “los mecanismos necesarios para promover y realizar programas de investigación de la cultura afrocolombiana, a fin de que contribuya efectivamente en la preservación y el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades negras”.
Hace tres semanas esta inmovilidad no sólo volvió a quedar en evidencia, sino que fue complementada con un evento de racismo. En efecto, la antropóloga timbiquireña Amanda Hurtado denunció cómo ese instituto —de manera inconsulta— la había reemplazado por un colega blanco dentro del proceso que ella había iniciado para celebrar los cien años del nacimiento del que para muchos es el pionero más sobresaliente dentro del campo de la afroamericanística, Aquiles Escalante Polo. Ella contaba con el apoyo del Grupo de Estudios de Afrocolombianos de la Universidad Nacional (GEA-CES) y de la Cátedra Aquiles Escalante de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla para sistematizar los archivos de ese investigador y reeditar dos de sus clásicos, “Palenque de san Basilio” (1954) y “Minería del hambre” (1971). Su reclamo no pasó desapercibido durante la celebración del décimo tercer aniversario de la fundación del Proceso de Comunidades Negras al cual me referí en mi columna anterior; fue objeto de un comunicado del GEA-CES; recibió apoyos significativos en redes, y estudiantes de varias universidades hicieron un plantón frente a la sede del ICANH. De ahí que la dirección del Instituto se comprometiera a restituir el liderazgo de la antropóloga Hurtado en ese proceso. El borrador del comunicado que de manera conjunta emitirán ella, ese instituto y el GEA-CES habla de la obligación de “avanzar en mesas técnicas interinstitucionales para la revisión de las implicaciones contemporáneas de la implementación del artículo 43 de la Ley 70 de 1993″.
Pese a lo tenue, es significativa la responsabilidad enunciada. Sin embargo, surge el interrogante de si este cambio hubiera sido posible sin la denuncia de la antropóloga Hurtado. No puede argumentarse que se trataba de falta de conocimiento. De mi parte puedo decir que la antropóloga Nina S. de Friedemann hizo públicas sus críticas a los vacíos sistemáticos que ese instituto acusaba en la investigación sobre la historia y la cultura de la gente negra. Así puede leerse en la “Bibliografía anotada y directorio de antropólogos” publicada en 1979. En el artículo que ella tituló “Estudios de negros en la antropología colombiana” para el libro “Un siglo de investigación social, antropología en Colombia” (1986), así como en la carta formal para el senador José Renán Trujillo que el 17 de junio de 1993 firmó junto con la entonces representante a la Cámara Piedad Córdoba y los comisionados especiales de comunidades negras, Silvio Garcés y Rudecindo Castro. Esa comunicación respondía de manera crítica al documento que el gobierno del presidente César Gaviria le presentó a Senado y Cámara con objeciones al proyecto de ley 329, embrión de la Ley 70 de 1993.
Quedan pendientes otras dos de estas demoras de seis lustros, a saber, la plena implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y en conexión con esta, el desarrollo de un gran programa de ciencia y tecnología enfocado hacia los logros ocultos de los pueblos de ascendencia africana, y la promoción de doctorados para esas mismas personas. Estamos frente a la presencia excepcional de intelectuales afro en la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si no es ahora, la alternativa reaccionaria que puede surgir en 2026 es bien posible que haga irrealizable el logro de estas urgencias.
Nota: Congratulaciones a la lideresa Elizabeth “Chava” Moreno por el premio Nansen de derechos humanos que otorga ACNUR. Ella preside el Consejo Comunitario General del San Juan y es coordinadora del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó, organizaciones que luchan contra el destierro y el confinamiento de los pueblos afro.
* Miembro Fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional y Junta Directiva del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.
[1] Ver anexo del libro “Calle caliente” disponible en la página web del ICANH.
*Invitamos a nuestros columnistas a contarnos de las ideas que defendieron y que, ahora, perciben de manera diferente. Esta columna es parte del especial #CambiéDeOpinión.
A la ilusión de cambio que surgió el 7 de agosto de 2022 la traiciona la parálisis que persiste en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para poner en marcha el artículo 43 de la Ley 70 de 1993. Desde hace 30 años está por cumplir la responsabilidad que ese estatuto le asignó en cuanto a redefinir “sus funciones y organización interna” e incorporar “los mecanismos necesarios para promover y realizar programas de investigación de la cultura afrocolombiana, a fin de que contribuya efectivamente en la preservación y el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades negras”.
Hace tres semanas esta inmovilidad no sólo volvió a quedar en evidencia, sino que fue complementada con un evento de racismo. En efecto, la antropóloga timbiquireña Amanda Hurtado denunció cómo ese instituto —de manera inconsulta— la había reemplazado por un colega blanco dentro del proceso que ella había iniciado para celebrar los cien años del nacimiento del que para muchos es el pionero más sobresaliente dentro del campo de la afroamericanística, Aquiles Escalante Polo. Ella contaba con el apoyo del Grupo de Estudios de Afrocolombianos de la Universidad Nacional (GEA-CES) y de la Cátedra Aquiles Escalante de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla para sistematizar los archivos de ese investigador y reeditar dos de sus clásicos, “Palenque de san Basilio” (1954) y “Minería del hambre” (1971). Su reclamo no pasó desapercibido durante la celebración del décimo tercer aniversario de la fundación del Proceso de Comunidades Negras al cual me referí en mi columna anterior; fue objeto de un comunicado del GEA-CES; recibió apoyos significativos en redes, y estudiantes de varias universidades hicieron un plantón frente a la sede del ICANH. De ahí que la dirección del Instituto se comprometiera a restituir el liderazgo de la antropóloga Hurtado en ese proceso. El borrador del comunicado que de manera conjunta emitirán ella, ese instituto y el GEA-CES habla de la obligación de “avanzar en mesas técnicas interinstitucionales para la revisión de las implicaciones contemporáneas de la implementación del artículo 43 de la Ley 70 de 1993″.
Pese a lo tenue, es significativa la responsabilidad enunciada. Sin embargo, surge el interrogante de si este cambio hubiera sido posible sin la denuncia de la antropóloga Hurtado. No puede argumentarse que se trataba de falta de conocimiento. De mi parte puedo decir que la antropóloga Nina S. de Friedemann hizo públicas sus críticas a los vacíos sistemáticos que ese instituto acusaba en la investigación sobre la historia y la cultura de la gente negra. Así puede leerse en la “Bibliografía anotada y directorio de antropólogos” publicada en 1979. En el artículo que ella tituló “Estudios de negros en la antropología colombiana” para el libro “Un siglo de investigación social, antropología en Colombia” (1986), así como en la carta formal para el senador José Renán Trujillo que el 17 de junio de 1993 firmó junto con la entonces representante a la Cámara Piedad Córdoba y los comisionados especiales de comunidades negras, Silvio Garcés y Rudecindo Castro. Esa comunicación respondía de manera crítica al documento que el gobierno del presidente César Gaviria le presentó a Senado y Cámara con objeciones al proyecto de ley 329, embrión de la Ley 70 de 1993.
Quedan pendientes otras dos de estas demoras de seis lustros, a saber, la plena implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y en conexión con esta, el desarrollo de un gran programa de ciencia y tecnología enfocado hacia los logros ocultos de los pueblos de ascendencia africana, y la promoción de doctorados para esas mismas personas. Estamos frente a la presencia excepcional de intelectuales afro en la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si no es ahora, la alternativa reaccionaria que puede surgir en 2026 es bien posible que haga irrealizable el logro de estas urgencias.
Nota: Congratulaciones a la lideresa Elizabeth “Chava” Moreno por el premio Nansen de derechos humanos que otorga ACNUR. Ella preside el Consejo Comunitario General del San Juan y es coordinadora del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó, organizaciones que luchan contra el destierro y el confinamiento de los pueblos afro.
* Miembro Fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional y Junta Directiva del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.
[1] Ver anexo del libro “Calle caliente” disponible en la página web del ICANH.