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Cimarronaje y represión

Jaime Arocha

04 de octubre de 2010 - 09:54 p. m.

LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE Angela Davis en la Universidad Nacional fue sobre el sistema industrial carcelario, surgido desde que el ultraconservatismo de la era Reagan-Bush trasteó buena parte de las industrias desde ciudades norteamericanas como Detroit a otros lugares del mundo, dando origen a unos nuevos desempleados más que todo negros y latinos.

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Al mismo tiempo, esas personas sufrieron el rediseño del Estado, incluyendo recortes en seguridad social, salud y educación, así como la criminalización de la vida cotidiana, a su vez sometida a una vigilancia extrema que creaba nerviosismo generalizado, el cual fue propicio para redadas y capturas. Al otro lado crecían los expertos en seguridad y arquitectura de panópticos, sastres de uniformes, vendedores de servicios de comida rápida, salud, entretenimiento y oficios de prisión, así como guardianes que iban militarizando la privación de la libertad, dentro de un modelo que no ha dejado de expandirse debido a las condiciones estructurales del desempleo racializado y a las ganancias que genera en paralelo con la privatización del aparato militar ensayada en Irak y Afganistán. Ese complejo ya se exporta a ciudades como Bogotá, donde su cárcel distrital se homologa a unos estándares globalizados que crean la percepción de que la ciudadanía está segura mientras los malos no anden por las calles sino que estén tras las rejas.

La Davis, sin embargo, no se refirió a un alimento de las cárceles que crece en nuestro medio para la judicialización de presuntos auxiliadores de la guerrilla como el profesor de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán o el antropólogo wayúu Antonio Reyes Epiayú: la información supuestamente hallada en los computadores de las Farc. Antes de que se iniciara el panel de Hora 20 referente al fallo de la Procuraduría destituyendo e inhabilitando a la senadora Piedad Córdoba, el procurador Ordóñez calificó de irrefutables los datos provenientes de mensajes electrónicos dizque intercambiados por Teodora Bolívar y Raúl Reyes. Iniciado el panel, Daniel Coronell fue enfático en el concepto emitido por un forense informático de la Policía Nacional: en esos computadores no se han hallado “correos electrónicos”, sino documentos en formato Word, de modo tal que las opciones de manipulación indebida de archivos digitales pueden ser significativas. De ahí que defensores como el de Reyes Epiayú hagan tanto énfasis en peritazgos que den fe de la validez de la evidencia presentada a partir de información extraída de discos duros y memorias usb. En ese caso, la Fiscalía ha desestimado tal solicitud, dando a entender que bastan sus razones. Con respecto a la senadora, debemos esperar conductas más radicales: esta sociedad no puede darse el lujo de engendrar más negras cimarronas, capaces de poner en la picota internacional al Estado colombiano por el terrorismo que ejerce al amparo de la institucionalidad. La Luciérnaga a diario ridiculiza las posturas disidentes de ella y junto con locutores más insidiosos han creado el odio racial que le da razón a la revancha infame y creará mantos de duda sobre el debido proceso y la defensa justa a los cuales la senadora tiene derecho.

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* Director Grupo de Estudios Afrocolombianos,

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Universidad Nacional de Colombia.

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