El ocho de enero de 2024, en su columna de El Espectador, Aldo Cívico recordó que durante la oración del Ángelus el papa Francisco invitó a los fieles “a unirse a mi oración por la liberación incondicional de todas las personas actualmente secuestradas en Colombia. (...) Este gesto, que es un deber ante Dios, favorecerá también un clima de reconciliación y de paz en el país”. El Santo Padre, ¿era consciente de que desde el decenio de 1990, en Colombia, los grupos armados ilegales y las propias Fuerzas Armadas confinaban a comunidades enteras por largos períodos y de esa manera cometían otra aberrante violación de los derechos humanos? Esta modalidad de secuestro masivo más que todo ha afectado a quienes son menos llamativos que las celebridades en los medios o las redes sociales, a saber, indígenas, afros y rom o gitanos. Así lo demostró el libro “Resistir no es aguantar” que la Comisión de la verdad publicó un poco antes de la posesión presidencial. La presencia de Gustavo Petro en el teatro Jorge Eliécer Gaitán para la presentación de ese informe dejó la ilusión de que sus recomendaciones guiarían la política de paz total. Sin embargo, al examinar los compromisos alcanzados con el ELN, luego del quinto ciclo de diálogos, no se encuentran explicitudes sobre la erradicación del confinamiento. Preocupa ese vacío.
El 2023 terminó con la reclusión armada de 10.000 habitantes del valle del río San Juan en el Chocó, incluyendo los de Sipí, Medio San Juan, Istmina y Nobita. La parálisis fluvial forzada por los elenos impidió la afluencia de mercancías, medicinas y combustibles, así como el que los campesinos pescaran o llegaran a sus fincas para proveer los alimentos necesarios contra la hambruna. A esa inmovilidad obligada la antecedió otra, la del paro armado mediante el cual la misma guerrilla amedrentó a los altobaudoseños de Miácora, La Felicia y Mojaudó. Para ese entonces, la justificación del oprobio fue el enfrentamiento con el Clan del Golfo, acusado de estar aliado con las Fuerzas Armadas.
El último informe de Human Rights Watch incluye esta aberración: “El temor a minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado impidieron que 64.000 personas, en su mayoría indígenas, pudieran salir de sus comunidades entre enero y octubre…”.
Sin embargo, esa violación del derecho a movilizarse no siempre responde a la búsqueda de seguridad por parte de las comunidades. El informe de la Comisión de la Verdad también habla de inmovilizar a un pueblo para usarlo como escudo humano contra un enemigo o para un control territorial que facilite ilicitudes como la minería ilegal de oro o la producción y tráfico de cocaína.
Como cada quince días, aquí propongo reflexionar sobre la pedagogía como esperanza de metamorfosis. Sin embargo, en este caso no se trata tanto de extirpar los móviles del confinamiento, como las deshumanizaciones que los adoctrinamientos radicales han logrado troquelar hasta en el subconsciente de los combatientes. Ese profundo aleccionamiento es el que logra la insensibilidad emocional y ética necesarias para el aprisionamiento masivo de personas ajenas al conflicto. Quienes diseñan la paz total, ¿son conscientes de la magnitud del reto didáctico que implica revertir entre los combatientes algo que ya se parece a un instinto? Ojalá que sí, y que el resultado consista en que dentro de un año Aldo Cívico afirme que las súplicas del papa contribuyeron a alcanzar la condena y extirpación del confinamiento.
* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional. Director de la Nueva Revista Colombiana del Folclor.
