Cosmética de la diversidad cultural

ESCRIBO EL 5 DE NOVIEMBRE REGOcijado con la victoria del senador Barack Obama. Tengo la certeza de que a partir del 21 de enero de 2009, habrá menos impunidad frente a los hechos de racismo objeto de esta columna.

Del mismo modo abrigo la esperanza de que el nuevo Presidente de los Estados Unidos comience a pedir cuentas por las violaciones a la territorialidad colectiva de las comunidades negras, dentro de procesos de negociación económica y política con Colombia.

El pasado 22 de octubre a medio día, en Caracol entrevistaron al senador del partido de la U Elmer Arenas sobre la Minga de los Pueblos. Él argumentó que los indios se camuflaban con mucha facilidad, quitándose el uniforme de la guerrilla y ¡poniéndose el guayuco! Semejante afirmación deja en evidencia el racismo y los prejuicios que persisten en impedir la realización plena del artículo séptimo de la Constitución de 1991, el cual legitima el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana. Sin duda lo de la diversidad nacional ha calado, siempre y cuando se limite a la cosmética o al pasado, mas no a la aceptación de filosofías disidentes, como las que se refieren a la unidad espiritual que debe seguir ligando a la gente con su territorio.

Si la Carta Magna hubiera alcanzado esos objetivos, a lo largo de esa marcha indígena, cuyos protagonistas no sólo crecen sino que siguen en pie, o en febrero de 1997, cuando los paramilitares irrumpieron en las regiones de los ríos Cacarica y Truandó, afluentes del bajo Atrato, la fuerza pública se habría apostado para defender aquellas formas de territorialidad comunal y colectiva, pero en especial de carácter sostenible que legitimó esa Constitución. Los cañones oficiales jamás habrían apuntado para desterrar a miembros de comunidades negras o hacia la salvaguardia de dominios territoriales ecocidas como los de la palma aceitera.

Conforme a la lección del abogado raizal Fidel Corpus, a lo largo de estos 17 años, la convicción ciudadana debería haber reemplazado a las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la soberanía. En el caso de los indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y demás miembros de minorías étnicas y raciales, tal convicción depende de las garantías que reciban del Estado para ejercer su autonomía política y territorial, luego de que ellos completaran varios decenios de luchar en pro de sus reivindicaciones, a la luz de los principios contemporáneos de la justicia reparativa. En 2007, la celebración del Día de la Independencia en San Andrés, mediante el desembarco y desfile de infantes de marina dejó ver la incomprensión oficial frente a esas nuevas formas de ciudadanía y soberanía que se practican confiando en nosotros y garantizándonos el derecho a ser nosotros mismos.

Desde esa perspectiva es absurdo el alegato de que quien defiende a la Madre Tierra de la agresión petrolera perjudica los intereses de las mayorías. ¡Si la única defensa que tienen las mayorías nace de la defensa de las minorías! Justamente, la democracia contemporánea gira alrededor del derecho a ser diverso, a disentir, pero de verdad, no sólo desde el maquillaje cultural ni desde lo étnico hecho adorno bello para el cuerpo o para la casa.

Una manipulación de esa cosmética tuvo lugar el año de la parada militar por las calles de San Andrés, cuando los y las artistas figuraron en múltiples escenarios nacionales, y al unísono celebraron con el Gobierno la proximidad del segundo siglo de la independencia de España. Junto a Shakira y Juanes estaban  afamadas cantantes y conjuntos étnicos, dentro de un ejercicio acerca del cual quizás habrían debido reflexionar y manifestarse, pues al otro lado de esa fiesta de la diversidad cultural se reiteraba la extinción de los territorios de las mismas minorías. Insisto en una cifra vergonzosa: el último censo reveló que para 2005 el 49% de la población del Pacífico ya había sido desterrada. Y seguirá siéndolo para que el Gobierno pueda decirles a sus electores que cumplió la meta de ampliar por 600.000 hectáreas las tierras dedicadas al cultivo de la palma aceitera para la producción de biodiésel. Tal expansión se basa en el debilitamiento de los consejos comunitarios de las comunidades negras, entidades políticas que con los cabildos indígenas son fundamentales para el ejercicio de la soberanía desarmada que sería concordante con el espíritu de la nación pluriétnica y  multicultural.

No sobra resaltar la frecuencia con la cual ambas instituciones étnicas han sido señaladas como objetivos militares por parte de las organizaciones armadas al margen de la ley. Las razones de ellas son comparables a las que esgrime el oficialismo: dizque atentan contra la unidad nacional. De ahí que no sólo sea contraevidente, sino hasta ridícula la generalización que hace el Ejecutivo con respecto a la supuesta infiltración de fuerzas subversivas en los movimientos sociales. Más bien revela la incapacidad para confiar en que ciudadanía y soberanía de verdad se cimienten sobre la autonomía de los disidentes étnicos en cuanto a la diferencia y pluralidad de visiones del mundo.

*Grupo de Estudios Afrocolombianos.

Centro de Estudios Sociales.

Facultad de Ciencias Humanas.

Universidad Nacional de Colombia.