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Danna Montilla había cumplido 16 años en octubre de 2020. De no haber sido deshumanizada como “máquina de guerra” y bombardeada el pasado 2 de marzo, seguiría ilusionada con llegar a ser reportera en Puerto Cachicamo, Guaviare. Se adiestraba editando los videos que grababa Fernando Montes Osorio para Voces del Guayabero. Uno de esos reportajes era sobre cómo, en junio del año pasado, el ejército había abierto fuego contra los campesinos que protestaban por la erradicación forzosa de las matas de coca gracias a las cuales subsistían. Por esa balacera, el camarógrafo había perdido la movilidad en una de sus manos, pero no su empeño en documentar los obstáculos para consolidar en esa región las zonas de reserva campesina por las cuales las comunidades rurales del Caguán, Montes de María, Sumapaz, Putumayo, Magdalena Medio y Meta luchan desde el decenio de 1990.
A cinco años del acuerdo de paz, los niños de Colombia siguen atrapados en el conflicto es el título del informe gracias al cual supe de Danna. Lo publicaron Julie Turkewitz y Sofía Villamil en The New York Times el pasado 27 de marzo, con fotos de Federico Ríos. Una de esas fotografías ilustra la escuela a la que debió asistir Danna junto con Yeimi Sofía Vega, la otra adolescente víctima del bombardeo. Muestra una vieja mesa desvencijada, detrás de la cual hay una silla Rimax con el espaldar quebrado. Más al fondo, retrata un tablero lleno de moho, junto a un ruinoso botiquín vacío. En ese contexto, ¿cómo haría cualquier maestra para darle solemnidad a la liturgia de impartir conocimiento? Cuando comenzaron enmascaramiento y distancia social, el pueblo quedó con déficit de docentes y enfermeras. Entonces vino la teleeducación, casi sin conectividad. Para subir los documentos de Voces del Guayabero, Danna se iba a una tienda con la única conexión a Internet. Allí, sobre una mesa, las disidencias de las Farc habían dejado folletos anunciando las ventajas de hacer parte de sus filas, incluyendo acceso a la red. ¿Fue ese un aliciente para que la joven se uniera a ese grupo armado?
La ilegalidad también ofrece transporte, seguridad, mercadeo, y educación sobre lo que para ella es “guerra de los pobres del mundo contra los ricos del mundo”. Entrevistada por Catalina Niño, Vanda Felbab-Brown, experta en crimen organizado y conflictos violentos del Instituto Brookings, considera relevante hacer de tripas corazón para inventariar esos servicios y explorar su reemplazo por parte del Estado, dentro de políticas que, respetando los derechos humanos, dejen de castigar tanto el extremo de los cultivadores, como el de los consumidores pacíficos (Revista El Malpensante, Nº 226, págs..: 68-77).
Esa propuesta contrasta con la simplista que a griticos estridentes reitera el presidente Duque con terquedad arrogante, dejando glifosato y plomo como su punta de lanza, máxime ahora que este último saldrá de los cañones de aquellos costosísimos caza-bombarderos con cargo a una reforma tributaria gravosa para clases bajas y pobres, mas no para los “estratósferos”. A fin de que cale el eufemismo de esa en una ley de “solidaridad sostenible”, están las otras megainversiones en Semana, Caracol, RCN y en el nuevo calco colombiano de Telesur. Hacer de escuelas como la de Puerto Cachicamo espacios apropiados para la pasión del ritual docente no figura dentro de las apremiantes prioridades del gobierno.
Así, frustrados los aprendizajes enriquecedores, elenos, caparrapos, neofarianos y demás grupos armados tendrán a la mano niños, niñas y adolescentes a quienes reclutar. Tampoco será de extrañar el siguiente reporte sobre las Dannas y Yeimis en átomos volando.
* Profesor, Programa de Antropología, universidad Externado de Colombia.
