El 24 de agosto, Pablo Catatumbo informó que la columna móvil Daniel Aldana de las Farc había sido responsable del asesinato de Genaro García, representante legal del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en el departamento de Nariño.
Para la organización insurgente, el crimen, que había tenido lugar 20 días antes, “contradice la política de las Farc sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas”. Por esa razón, el Secretariado Nacional del Estado Mayor Central investigará y sancionará a “todos los mandos y combatientes involucrados en la comisión de dicho delito” (http://bit.ly/1Q3VLw7). Sin embargo, hay silencio con respecto a los móviles de ese suceso injustificable, los cuales contradirían cualquier noción de política étnica. Tal es el caso de coartar la autonomía de los consejos comunitarios de comunidades negras. No sólo se trata de que se plieguen a la jurisdicción geográfica guerrillera, sino de que, para el 25 de octubre, apoyen los candidatos afectos a esa organización. Para los insumisos están la extorsión y la amenaza (http://bit.ly/1fyZ2pX).
Otro móvil habría sido el de minar el ejercicio colectivo de la territorialidad ancestral que la Ley 70 de 1993 legitimó para las comunidades negras. En su reemplazo, la insurgencia vislumbra la propiedad individual característica, no solo de los colonos provenientes del Caquetá, Putumayo y Huila que ella ha contribuido a asentar en esa frontera con Ecuador, sino de las posibles zonas de reserva campesina que se constituirían allá una vez firmado el acuerdo de paz (http://bit.ly/1LdAoGW). Se trata de la misma motivación a la cual se ha opuesto el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del Medio Atrato.
Un tercer móvil consiste en imponer los monocultivos moldeados por las economías parcelarias de la coca que practican los colonos ya mencionados, a partir de la tala total de la selva tropical (http://bit.ly/1Q3VLw7). El sistema reemplazaría los policultivos tradicionales de las comunidades afros, en ocasiones llamados de “socola”. Se basan en el desmonte parcial del bosque y en la apertura de franjas paralelas al río para el cultivo de arroz y maíz, o de cuidado de frutales en el barbecho o monte biche, dejando el monte jecho o bravo para el disfrute de la colectividad. Es allá donde las mujeres recolectan la tierra de hormiguero con la cual llenan viejas canoas o “potros” subidos en plataformas cerca de la casa para sembrar aliños y yerbas medicinales, o donde los hombres cazan, y médicos raiceros y parteras identifican, estudian y recogen las plantas para curar diversas dolencias.
Julio Carrizosa Umaña llama la atención sobre los conocimientos que involucra esa agricultura ancestral, cuyo diálogo con los de los indígenas y académicos contribuiría a salvaguardar el medio natural como cimiento para una paz con sostenibilidad futura (http://bit.ly/1NJrDa7). De ahí la urgencia de que en La Habana se inaugure un mecanismo que dé lugar a una interlocución horizontal entre líderes del movimiento social afrocolombiano y los negociadores de las Farc.
*Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.
El 24 de agosto, Pablo Catatumbo informó que la columna móvil Daniel Aldana de las Farc había sido responsable del asesinato de Genaro García, representante legal del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en el departamento de Nariño.
Para la organización insurgente, el crimen, que había tenido lugar 20 días antes, “contradice la política de las Farc sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas”. Por esa razón, el Secretariado Nacional del Estado Mayor Central investigará y sancionará a “todos los mandos y combatientes involucrados en la comisión de dicho delito” (http://bit.ly/1Q3VLw7). Sin embargo, hay silencio con respecto a los móviles de ese suceso injustificable, los cuales contradirían cualquier noción de política étnica. Tal es el caso de coartar la autonomía de los consejos comunitarios de comunidades negras. No sólo se trata de que se plieguen a la jurisdicción geográfica guerrillera, sino de que, para el 25 de octubre, apoyen los candidatos afectos a esa organización. Para los insumisos están la extorsión y la amenaza (http://bit.ly/1fyZ2pX).
Otro móvil habría sido el de minar el ejercicio colectivo de la territorialidad ancestral que la Ley 70 de 1993 legitimó para las comunidades negras. En su reemplazo, la insurgencia vislumbra la propiedad individual característica, no solo de los colonos provenientes del Caquetá, Putumayo y Huila que ella ha contribuido a asentar en esa frontera con Ecuador, sino de las posibles zonas de reserva campesina que se constituirían allá una vez firmado el acuerdo de paz (http://bit.ly/1LdAoGW). Se trata de la misma motivación a la cual se ha opuesto el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del Medio Atrato.
Un tercer móvil consiste en imponer los monocultivos moldeados por las economías parcelarias de la coca que practican los colonos ya mencionados, a partir de la tala total de la selva tropical (http://bit.ly/1Q3VLw7). El sistema reemplazaría los policultivos tradicionales de las comunidades afros, en ocasiones llamados de “socola”. Se basan en el desmonte parcial del bosque y en la apertura de franjas paralelas al río para el cultivo de arroz y maíz, o de cuidado de frutales en el barbecho o monte biche, dejando el monte jecho o bravo para el disfrute de la colectividad. Es allá donde las mujeres recolectan la tierra de hormiguero con la cual llenan viejas canoas o “potros” subidos en plataformas cerca de la casa para sembrar aliños y yerbas medicinales, o donde los hombres cazan, y médicos raiceros y parteras identifican, estudian y recogen las plantas para curar diversas dolencias.
Julio Carrizosa Umaña llama la atención sobre los conocimientos que involucra esa agricultura ancestral, cuyo diálogo con los de los indígenas y académicos contribuiría a salvaguardar el medio natural como cimiento para una paz con sostenibilidad futura (http://bit.ly/1NJrDa7). De ahí la urgencia de que en La Habana se inaugure un mecanismo que dé lugar a una interlocución horizontal entre líderes del movimiento social afrocolombiano y los negociadores de las Farc.
*Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.