Antes de que llegara el 7 de agosto, María Jimena Duzán se aseguró de que el presidente Gustavo Petro estuviera en uno de sus A fondo. Él abrió el diálogo diferenciando el gobierno del poder. Al primero lo elige el pueblo, a partir de las ilusiones que crea el programa de campaña. Al segundo, lo imponen élites minoritarias, las cuales, para las mayorías, son casi como fantasmas anónimos. Lo inquietan menos quienes ganan su fortaleza a partir de innovaciones basadas en la ciencia y la tecnología, como es frecuente en los países del Atlántico norte, pero lo desavienen quienes se apropian ya sea de fondos estatales, a los cuales someten a manejos especulativos o de tierras que han podido ser baldíos, pero que hoy permanecen subutilizadas, tan solo a modo de símbolos de estatus social o como proyectos codiciosos a los cuales incentiva el cálculo sobre el volteo de baratas hectáreas rurales en muy costosos metros cuadrados urbanos. A esos poderes de facto los cimentan dádivas para congresistas, quienes tan solo cambiando una oración o un párrafo logran que un proyecto de ley destinado al cambio llegue a ser inocuo, y por lo tanto objeto de retiro. Para él, además, esos agentes políticos han logrado enrredar de tal modo la legislación agraria que los procesos de adjudicación o restitución de tierras se prolongan por décadas en perjuicio de los campesinos reclamantes.
Hay vínculos entre esos infortunados manejos, la profundización de la desigualdad y la violencia, cuyo tercer ciclo —ya desligado de ideales políticos— podría iniciarse en un futuro muy próximo. De ahí la urgencia de la reforma agraria que contempló el acuerdo de paz con las FARC. Tres millones de hectáreas dedicadas a pequeñas pero eficientes economías rurales reducirían la importación de alimentos y fortalecerían el bienestar campesino, cuyos impactos positivos se sentirían en la industria y en el resto de la sociedad.
Ató a esas opciones de esperanza con el estallido social de 2021, fortalecedor de un activismo que parecía cosa del pasado. No obstante, el presidente pasó por alto la contribución de tambores, danzas, performances, canciones, grafitis y esculturas callejeras. Esas manifestaciones de arte y estética populares cohesionaron a la gente y volvieron a ilusionarla con la utopía. Reconocer la relevancia política de tal heterodoxia cultural debería ser incentivo fundamental para fortalecer los programas del Ministerio de Cultura, mediante el pronto nombramiento de un ministro en propiedad.
Nota: Rememoro el II simposio nacional sobre la violencia en Colombia. En septiembre de 1986, lo organizó Javier Guerrero, para ese entonces profesor de la seccional de Chiquinquirá de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. Terminadas las exposiciones formales, tendía a formarse en pequeño grupo que se trasnochaba reflexionando sobre lo escuchado. En el centro Malcom Deas, y a su alrededor a quienes él embelesaba con su inteligencia, humor y comprensión del país. Imagino que por su muerte hoy Rocío Londoño, Claudia Steiner, Gustavo Gallón, Mauricio Archila, Pilar Rueda y yo estaremos experimentando vacíos comparables.
* Miembro del Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional y del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.
