Le debo a la Red de Derechos Humanos del Pacífico la voz de alerta acerca del relanzamiento del proyecto de conectar nuestros dos océanos, ya sea mediante la unión del río Atrato con su afluente nacido en la serranía del Baudó, el Truandó, o por medio de un ferrocarril entre Titumate sobre el golfo de Urabá y Juradó en el Pacífico norte. Entre las justificaciones más recurrentes están los incrementos del PIB, el empleo y la competitividad del país en el comercio internacional. La literatura incluye las características de los túneles que en ambos casos habría que perforar en la serranía del Baudó, entre otros detalles de la ingeniería involucrada. Sin embargo, predominan vaguedades a propósito del porvenir de unas comunidades indígenas y negras protectoras de una cuenca rodeada de lagunas, ciénagas y humedales que albergan especies vivas que nos han dado escalafones tan altos en la biodiversidad planetaria. Hay poco énfasis en que la Constitución de 1991 dio origen a las leyes que legitiman los derechos territoriales de indígenas y afros mediante títulos comunales o colectivos a los cuales el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo les da los caracteres de imprescriptibles, inalienables e inembargables, principios incorporados a la legislación nacional. De ese marco depende la no menos relevante sentencia T 622 de 2016 mediante la cual la Corte Constitucional definió al río Atrato y a sus guardianes como sujetos de derechos ecosistémicos y humanos.
Hace 30 años, en pleno auge del Proceso 8000, el presidente Ernesto Samper revivió la iniciativa de construir el canal Atrato-Truandó, la cual lleva barajándose al menos por dos siglos. Al poco tiempo de que ese gobierno anunciara que agencias coreanas iniciarían los estudios de prefactibilidad, se movilizaron paramilitares que desterraron y masacraron a gentes indias y negras, estorbosas para los negocios que se basarían en la especulación con los nuevos valores de suelos y aguas. Desde ese entonces, la reiteración de las balas y el reclutamiento de niños y niñas por grupos armados de todos los bandos convirtieron al Atrato en “Esta herida llena de peces”, según la novela de Lorena Salazar Masso con esa mirada inédita sobre la masacre de Bellavista (Bojayá). La inicua naturalización del nexo entre violencia y desarrollo capitalista debería incentivar a las agencias responsables del actual proyecto —Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA y Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, UPIT— a realizar no solo la más agresiva convocatoria de las organizaciones cuyos territorios ancestrales recibirán los impactos más severos de las obras, sino a las Fuerzas Armadas para idear las estrategias que prevengan el aumento de amenazas, confinamientos armados, destierros y extorsiones.
Esas organizaciones deben ser incorporadas desde los estudios de prefactibilidad, de modo que, por una parte, las consultas previas no sean capturadas por leguleyos prestos a lucrarse de la incertidumbre de las posibles víctimas, sino realizadas dentro de referentes éticos que garanticen que de verdad sean libres e informadas, y de esa manera, deriven en el diseño e implementación de salvaguardas territoriales, humanas y ecológicas. Por ejemplo, uno de los estudios sugiere valerse de los desechos de barro, tierra y roca que causen las excavaciones imprescindibles para construir una enorme dársena paralela al río Atrato, la cual podría albergar desde economías campesinas productoras de alimentos a complejos agroindustriales. Sin embargo, esos ingenieros, ¿cómo harían para que ese malecón no vulnere los dominios comunales y colectivos que especifican leyes como la de negritudes, 70 de 1993? ¿Cuál será el destino del oro y demás minerales raros y preciosos que con seguridad aparecerán con las excavaciones? ¿Qué beneficios les reportarán a las comunidades ribereñas? Interrogantes similares implican las especies invaluables de plantas y animales que serán afectadas. ¿Habrá viveros y criaderos que amparen a unas y otros? ¿Mantenidas en cautiverio, esas especies cómo serán devueltas a los ecosistemas intervenidos? ¿Cómo tendrá lugar el seguimiento de su recuperación? ¿Qué pasará con las maderas finas que aún contienen los bosques que deberán talarse?
Ante la inmigración que ocasionarán los trabajos, ¿qué papel desempeñarán fuerzas armadas y de policía en el amparo de los pueblos étnicos y de sus territorialidades ancestrales? Lo más probable es que esos migrantes, —obreros, cocineras, mecánicos, prostitutas, maleantes y nuevos actores armados o encopetados ejecutivos bilingües—, en su mayoría llegarán imbuidos de estereotipos deshumanizantes de indígenas y afros. ¿Cómo será la integración entre los ministerios de educación, cultura y medioambiente con las instituciones educativas de la región para poner en marcha un robusto esquema pedagógico que —frente a esos forasteros— resguarde la dignidad y demuestre el ingenio e inventiva de los pueblos étnicos? Hay cabildos y consejos comunitarios que tienen contratos vigentes de largo plazo para la venta de bonos de carbono. La cancelación o redefinición de esos convenios, ¿será objeto de apoyo estatal? El Estado, ¿contribuirá a responder por las indemnizaciones a las cuales dieran lugar esas cancelaciones o modificaciones?
El Estado colombiano está a tiempo de prevenir futuros genocidios y ecocidios mediante la incorporación inmediata de cabildos indígenas y consejos comunitarios afrochocoanos a la planeación y ejecución de la megaobra de interconexión interoceánica.
Nota: el pasado 29 de marzo, en Cambio, Daniel Samper Ospina expresó que, con Iván Cepeda, “Iván Mordisco será ministro de Defensa”. Sugerencias infames como esa no solo han devenido en asesinato de líderes de izquierda, sino que a ese escritor lo sacan de ese centro al cual alega pertenecer, y más bien lo aproximan al abelardismo extremo. Para Daniel Coronell, su carácter de caricaturista lo exime de apegarse a hechos comprobables. Sin embargo, queda en entredicho la responsabilidad ética de una voz de amplio reconocimiento público.
Aclaración: me equivoqué al escribir que la senadora Aida Quilcué era nieta de Manuel Quintín Lame. Ver el Detector de Mentiras de La Silla Vacía, marzo 20 de 2026.
