Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la novela El Alférez Real, Eustaquio Palacios llama Arcadia a los bosques de Morga y sus alrededores. Hacia el decenio de 1780, los esclavos de la hacienda Cañasgordas pugnaban por su libertad, cultivando subrepticiamente esos parajes y aprovechando la fauna de lagunas y madres viejas.
Reducidas hoy a ínfimas manchas de bosque y agua, cimientan economías campesinas a las cuales en el vecino Hormiguero sustituyó la minería de las arenas del río Cauca, única alternativa que dejó la expansión de monocultivos industriales de caña de azúcar. Los territorios que le dan sentido a la identidad afrocolombiana de ambas comunidades también enfrentan el riesgo de las viviendas de interés social que quizás irrumpan al amparo de un nuevo POT para Cali. El pasado 10 de julio, ese futuro posible fue el propósito del Diálogo Intersectorial que auspiciaron el Área de Gestión Ambiental de la Universidad del Valle y el Grupo Conflicto Social y Violencia de la Universidad Nacional.
Diversos funcionarios gubernamentales de los niveles nacional, regional y municipal confluirían con líderes de ambas comunidades para idear la salvaguardia de ellas. Sin embargo, según la usanza oficial, los responsables de las decisiones estatales delegaron su presencia en burócratas de rango inferior. Avergonzaba la ignorancia de esos empleados sobre los derechos territoriales y políticos que la Constitución Nacional legitimó para las comunidades negras mediante la Ley 70 de 1993, para no hablar de la referente al derecho a la consulta previa, libre e informada de la cual hicieron alarde algunos de ellos y a la cual obliga el convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado colombiano. Ni más ni menos, el argumento de estas personas era que los procesos de reparación histórica y acción afirmativa a favor de la gente afrocolombiana consistían en políticas públicas ¡racistas y segregacionistas! Peor aún, quizás, fue el desempeño de la representante del director de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Las incoherencias del documento sobre el cual ella se basó comienzan al ratificar que “(…) no se identifica la presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la zona de influencia del proyecto: ‘Revisión y Ajuste de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali’ (…)”. No obstante, un poco más adelante se refiere al área oriental de la ciudad como ámbito de concentración de “(…) gran parte de la población afrocolombiana (…)”. Asimismo identifica cómo el futuro POT contempla “la laguna de amortiguación pluvial y fluvial en el corregimiento de Hormiguero (…)”, y el posible reasentamiento de aquella sección de su cabecera, en caso de que llegara a traslaparse con “(…) el área forestal protectora del río Cauca (…)”. Con todo y semejantes evidencias, argumenta que “(…) no se observa ninguna afectación directa generada con la presentación ante el Consejo Municipal de Santiago de Cali del POT, que sea capaz de ‘(…) alterar el estatus de la persona o de la comunidad (…)’”. De ahí la conclusión de que “(…) para la presentación y aprobación del proyecto de ajuste del POT de Cali (…) no es necesario adelantar proceso de consulta previa (…)”.
Cundió la indignación entre la gente de Morga y El Hormiguero. No obstante lágrimas de rabia, como las de la dirigente Nelly Guapacha, los funcionarios se mantuvieron en la indiferencia inhumana que augura resultados nefastos.
