Derechización global, supremacía racial blanca e institucionalización de la crueldad van juntas. Gaza es la concreción más aberrante de ese infortunio. Sin embargo, en esta ocasión me referiré a la actual revitalización del racismo dependiente de la legislación que se conoció como Jim Crow y estuvo vigente en los Estados Unidos entre 1877 y 1950. Instituyó un régimen sistemático de segregación de la gente negra en trenes, buses, teatros y escuelas, así como de deshumanización mediante cine, prensa y pedagogía. Se extendió desde el sur hacia el resto del país y, en 1915, el presidente demócrata Woodrow Wilson la reforzó luego de que invitara a D. W. Griffith a que proyectara en la Casa Blanca su película El nacimiento de la nación. El film enaltece la raza aria y las redadas del del Ku Klux Klan contra insurrectos negros. De ahí los límites impuestos para que la gente negra ascendiera en las fuerzas armadas o ingresara a la Universidad de Princeton de la cual Wilson fue rector.
Para 2008, en Georgia ya se había consolidado lo que el periodista Roberto Lovato llamó Juan Crow, un orden equivalente al anterior, pero que privilegia a inmigrantes latinos. Según la analista Soraya Nadia McDonald, el presidente Trump acelera su actual expansión debido a “…su despiadada persecución de personas sin papeles, la mayoría de ellas latinas, y su demonización de solicitantes de asilo, refugiados, titulares de estatus de protección temporal, musulmanes y activistas de los derechos de los palestinos…”.
Para ella, durante los primeros seis meses de 2025, ya se habían amputado las normas derivadas del movimiento de Derechos Civiles que fortalecieron líderes como Martin Luther King a lo largo de los decenio de 1950 y 1960 contra la racialización a la Jim Crow. A las mujeres, hombres y menores de edad considerados ilegales se les llama ratas de tugurio urbano, se les somete a un tratamiento comparable al que han ejercido miembros del Kuk Klux Klan, como el ser detenidos por agentes del ICE (Inmigration and Customs Enforcement, Fortalecimiento de la Inmigración y la Aduana), quienes no se identifican, enmascaran sus rostros, realizan el perfilamiento racial de “sospechosos”, mientras que, con violencia, les ponen esposas y grilletes a la entrada de sus casas, escuelas, iglesias y de las oficinas donde aspiran a legalizar su condición de inmigrantes. Es usual la separación de familias y, según la información que recogió Human Rights Watch, los embuten en camionetas sin placas para llevarlos hacia los centros de detención como los de de Florida y hacinarlos incomunicados en antiguas cárceles sin suficientes inodoros que, con frecuencia, permanecen atascados. Allí tienen que dormir en catres de hierro sin colchones o sobre suelos fríos. Permanecen incomunicados, mal alimentados y sin medicinas. Para completar, es posible que les carimben códigos de barras que optimicen los vuelos para concentrarlos en grandes nodos como el de Alexandria (Luisiana) y hagan más eficiente la deportación hacia países que pueden no corresponder con los de origen de los detenidos. El caso más conocido es de El Salvador por su CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Semejante codificación dependerá de las consultorías que corporaciones de la billonaria industria carcelaria como La Salle Corrections y Geo Group realizan para aplicar etiquetados como los que FedEx y Amazon les imprimen a sus paquetes.
A la autora citada le preocupa que la reiteración de esos arrestos derive en insensibilidad ciudadana frente al Juan Crow. Sin embargo, aflora la resistencia con grupos comunitarios semi clandestinos que vigilan la irrupción de agentes de ICE y alertan a los vecindarios; equipos legales como la Detention Watch Network (Red para vigilar la detención), así como las 1.800 marchas denominadas “No Kings Day,”que el 14 de junio salieron para retar el autoritarismo. Es esperanzador el crecimiento de los obstáculos al totalitarismo.
