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La pirámide más antigua

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Jaime Arocha
20 de noviembre de 2008 - 01:15 a. m.
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HACE 15 DÍAS ME REFERÍ A DOS ESperanzas inspiradas por el triunfo del senador Barack Obama: que disminuyera la impunidad frente al racismo que practicamos en Colombia y que las violaciones a la territorialidad colectiva de las comunidades negras formaran parte de las negociaciones económicas y políticas entre el Gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos. Ambas esperanzas requieren aprendizajes complejos.

La elección de Obama fue punto culminante del movimiento en pro de los derechos civiles que la gente negra de los Estados Unidos volvió incontenible a partir del decenio de 1960. En Colombia, su equivalente pasa inadvertido o se desdeña, arguyendo que aquí nunca han existido los niveles de racismo de allá. En sí misma, esa tesis forma parte del ocultamiento de la exclusión racial y étnica que se practica en este país.

Me valdré del lenguaje de la coyuntura para ver otro lado de este secreto tan bien guardado. Las pirámides se han basado en la confianza que despiertan los mensajes que emiten sus promotores, combinando la búsqueda del lucro con el logro del altruismo. Así, para 1540, españoles y portugueses ya habían instalado la pirámide más antigua de la modernidad, difundiendo el mensaje referente a las ganancias que los inversionistas europeos podían lograr exportando desde África aquella mercancía humana que figuras como Fray Bartolomé de las Casas consideraban apropiada para evitar la extinción de la población aborigen, diezmada por la producción minera. Lucro y altruismo se fundamentaban en otra noción que también propagaron los misioneros católicos, la cual, de paso, legitimaba la violencia que fue necesario ejercer para privar de la libertad a millones de seres humanos, como paso fundamental para darles seguridad a los inversionistas europeos: como los negros dizque eran tan bárbaros, esclavizarlos equivalía a redimirlos de sus desdichas.

Aquí la gente reacciona en contra de que en Estados Unidos hasta hace poco a los negros los obligaran a ocupar la parte trasera de los buses. Sin embargo, como tantas veces lo demostró el intelectual afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, esa misma gente ve como algo natural el que a la mayoría de los afrodescendientes los hubieran concentrado en los dos litorales para forzarlos a producir grandes riquezas mineras, pesqueras, madereras, agrícolas y ganaderas en tales condiciones de marginalidad espacial, económica y social, que han ostentado los índices más elevados de analfabetismo, mortalidad infantil y necesidades básicas insatisfechas. La argucia semántica que revitaliza a la pirámide basada en la explotación de la gente negra ha consistido en culparla a ella misma de semejante situación, cuando ha dependido de una indolencia estatal, la cual atestigua el llamado “racismo estructural”.

No obstante, ese marco tan desfavorable, las comunidades negras impulsaron un proceso democrático que buscaba recuperar lo que a lo largo de la historia ellas y sus ancestros habían perdido. En el resto de América Latina a ese proceso lo consideran ejemplar: sin disparar un tiro, a partir de 1995, como parte de la reforma constitucional de 1991, hicieron valer sus derechos y lograron que el Estado les titulara cerca de cinco millones de hectáreas para el ejercicio colectivo de territorialidades que habían alcanzado escapándose de la esclavización.

Como esa libertad ha sido un valor incompatible con la pirámide colonial, a partir de 1997 paramilitares y fuerzas regulares del Ejército se aliaron para impedir que semejante reivindicación brindara sus frutos. De ese modo reeditaron el destierro violento que había comenzado a mediados del siglo XV en el valle del Congo, incluso antes de que tomara fuerza la trata atlántica. Está por definirse el papel de los medios en esa nueva forma de naturalización que ha tenido lugar con una enorme celeridad y que desemboca que ahora el colombiano promedio imagine que territorios de selva y río como los del Chocó ya están vacíos de personas.

Así, el pasado 12 de noviembre, 6AM de Caracol difundía la noticia de que la Procuraduría General de la Nación alertaba al Ejecutivo por el riesgo de que en 15 años nos quedáramos sin agua potable. Hacía énfasis en las nuevas explotaciones mineras que con el visto bueno del Gobierno inversionistas extranjeros han establecido en lugares como Paimadó, sobre el río Quito en el departamento del Chocó. Además, agregaba que las cantidades de mercurio que usan para separar el oro de la jagua son excesivas y que vuelven veneno el agua. No obstante, la pertinencia de este llamado, ¿por qué los periodistas no preguntaban por las comunidades negras, propietarias colectivas de los territorios donde se han instalado las dragas contaminantes?

Para que los senadores demócratas de los Estados Unidos lleguen a mencionar esas violaciones en sus críticas al TLC, primero será necesario que sus contrapartes lo hagan aquí. Sin embargo, ni racismo ni destierro han sido necesariamente banderas fundamentales siquiera de los partidos de la oposición. Más bien las han recogido los movimientos sociales y las ONG que los apoyan. Empero, a unos y a otras se las descalifica con facilidad como supuestos brazos desarmados del terrorismo, el otro mensaje fundamental que sigue apuntalando la pirámide colonial, cimentada sobre las exclusiones raciales y territoriales.

*Grupo de Estudios Afrocolombianos

Centro de Estudios Sociales

Facultad de Ciencias Humanas

Universidad Nacional de Colombia

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