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EN SU NÚMERO DEL 26 DE ENERO DE 2009, la revista Semana publicó un informe sobre los falsos positivos. De esa narrativa, aterra el que ya haya surgido la noción de “legalizar” al muerto para denominar las acciones de disfrazarlo de guerrillero y rodearlo de armas, después de haberlo dado de baja fuera de combate.
La gente introduce términos desconocidos, cuando necesita nombrar nuevas costumbres. Entre los miembros del grupo social no debe haber ambigüedades sobre la conducta designada. Lo complicado de esa naturalización de nuevos hábitos mediante la palabra es que éstos ya pueden ir invadiendo otras esferas de la vida cotidiana poco relacionadas con el conflicto armado o con las fórmulas de seguridad desarrollas para enfrentarlo.
Hace una semana, la policía antinarcóticos del aeropuerto José María Córdoba concluyó un reporte dentro del cual la curadora de la Casa Museo Pedro Nel Gómez quedaba catalogada como quien había obstaculizado el desarrollo de la inspección necesaria para enviar desde Medellín hacia Washington 5 acuarelas del maestro Pedro Nel Gómez: una de sus pinturas más afamadas, a la cual él le dio el nombre de “Manifestación”, un mapa del siglo XVII, enmarcado por una moldura del siglo XIX, un croquis de Medellín de 1930, y tres tallas en madera del maestro Alberto Uribe. La curadora había explicado en detalle que ese conjunto de obras haría parte de la muestra “Medellín, arte y desarrollo”, la cual sería inaugurada en Washington el próximo 19 de febrero como preámbulo a la Asamblea 50 de los Socios del Banco Interamericano de Desarrollo que tendrá lugar en la capital antioqueña entre el 27 y el 31 de marzo de 2009. Dio detalles sobre la forma como había diseñado y mandado hacer cada guacal, para que ni óleos, ni aguadas, ni marcos, sufrieran desperfecto alguno en el transcurso de la travesía. Entonces, ¿a qué obedeció el entorpecimiento que ella supuestamente ocasionó? A que protestó porque los policías de antinarcóticos se valieron de un taladro para perforar el marco del siglo XIX perteneciente al mapa del siglo XVII, después de haber argumentado que los perros que se usan en esos casos ¡estaban ocupados!; a que golpearon con reiteración la tabla de 7mm sobre la cual el maestro Pedro Nel Gómez había esparcido los colores del óleo “Manifestación”. A semejante profanación, inconcebible para cualquier curadora o curador del mundo la sucedieron la docena de agujeros que le practicaron a esa misma madera para cerciorarse de que no contenía rastros de cocaína, operación a la cual ya habían sometido a las acuarelas y la cual habrían repetido con las esculturas en madera del maestro Uribe, de no haber sido porque uno de los intermediarios de la agencia transportadora contratada por el BID pidió que escanearan esas obras, usando el respectivo aparato que tiene el aeropuerto. ¿Por qué no llevaron el resto de obras patrimoniales para examinarlas con la misma máquina? Porque no cabían fue la disculpa poco convincente que ofrecieron los de antinarcóticos, añadiendo con marcado desprecio que si luego, en caso de daños, todo eso no estaba cubierto por el seguro. La curadora les explicó que se trataba de un patrimonio universal cuyo aseguramiento tan sólo podía ser simbólico, dado el carácter de irreplicables y únicos que tenían los capitales estéticos que cimientan la noción de sí mismos que tienen los miembros de un pueblo o una nación. Fue evidente que para los policías semejantes palabras, además de inocuas, también estorbaban su inspección.
Dada la gravedad de lo que había acontecido, los agentes de la transportadora procedieron a tomar fotos de la diligencia, pero otra vez los de antinarcóticos dispusieron qué y cómo registrarlo, ordenándole a la curadora que tan solo se ocupara de sostener cada tabla. De esa forma ninguna de las perforaciones que habían hecho quedó registrada con el detalle necesario para adelantar alguna diligencia legal. Ni las manos de los uniformados podrían aparecer en las fotos, quienes la increparon cuando les pidió sus nombres. Para ellos, no tenía derecho a saber con quiénes había tratado, por lo cual les volvió a recordar que el director del centro cultural del BID en Washington había mandado la documentación necesaria para que antinarcóticos y la DIAN comprendieran la valía del envío, el sentido de la coyuntura internacional que lo motivaba y su relevancia para un gobierno que tiene que proyectar una imagen internacional más acorde con el respeto a los derechos ciudadanos, si es que aspira a que algún día los demócratas aprueben su añorado TLC .
En apariencia, el suceso que traigo a colación no tendría nada que ver con los casos de racismo y violación de los derechos de las comunidades negras del país, los cuales son el objeto central de esta columna. Sin embargo, al conocer un caso que involucra una actividad relevante para el gobierno actual, me pregunté qué podrían esperar esas comunidades del Estado con respecto a no ser reducidas a la impotencia mediante el terror que inflinge el porte oficial de las armas, o a no tener derecho a la presunción de inocencia por la paranoia y arrogancia oficiales. El futuro para ellas y todos nosotros será poco halagüeño mientras el sistema de seguridad se siga basando en el otorgamiento de indulgencias a partir del conteo de actos atroces, luego de legalizarlos manipulando la escena del crimen.
*Grupo de Estudios AfrocolombianosCentro de Estudios SocialesFacultad de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia
