Paz afro

El 17 de mayo fue el conversatorio titulado "El papel del pueblo afrodescendiente en los diálogos de paz en Colombia”.

Lo convocó el Consejo de Paz Afrocolombiano (CONPA) y lo apoyaron diversas organizaciones de derechos humanos, buscando superar la sordera que los negociadores del proceso en La Habana han ejercido con los derechos de los pueblos afros e indígenas. Considerando la posible inmediatez de la firma de los acuerdos, uno de los activistas decía “dejemos de fetichizar la ida a La Habana y concentrémonos en soluciones para la conflictividad que se multiplicará con el posacuerdo”. En ese sentido, Richard Moreno del Fondo Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y del Consejo Mayor de la Asociación Campesina del Atrato (COCOMACIA) expuso cómo el Secretariado de las FARC-EP les envió a los comandantes de los frentes activos en el Atrato los documentos mediante los cuales ese Fondo interétnico y Cocomacia expresan sus preocupaciones por la manera como acuerdos como el de la reforma agraria integral podrían poner en riesgo la territorialidad colectiva ancestral y la autonomía de los consejos comunitarios. Uno comandante respondió esas críticas convocando a uno de los consejos comunitarios de ese valle. Le cuestionó la legitimidad de sus representantes legales ante el Consejo Mayor de toda la asociación campesina y le aseguró que estaría mejor representado por esa comandancia. Portando sus armas, los guerrilleros les pidieron a los comisionados comunitarios firmar un documento comprometiéndolos a aceptar la apertura de un territorio de paz que albergara a los desmovilizados dentro de su dominio colectivo ancestral.

Este tipo de imposiciones tiene un trasfondo estructural, según lo explicó el señor Todd Howland, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: a los comandantes medios les tomará tiempo reemplazar el hábito de mandar por el de “(…) aceptar las autoridades tradicionales y que su rol será el de participar (…) en colectivos con derechos establecidos, (que) tienen que ser reconocidos y entendidos”. De ahí que su informe para 2015 ratificara la urgencia de incluir formalmente a los pueblos indígenas y afro dentro del proceso de paz. Se trataría de que los acuerdos que se alcancen ofrezcan blindaje jurídico con respecto a tres convenciones de las Naciones Unidas suscritas por el Estado colombiano. La de Derechos Civiles y Políticos fue suscrita en el decenio de 1960, cuando comenzaba la descolonización; de ahí su énfasis en la autodeterminación de los pueblos étnicos y en su derecho a participar en el diseño de políticas publicas (art. 25) cuya implementación no conduzca “a negar el propio futuro de estos grupos (ni su) cultura, (incluyendo) formas de gobernancia y reconocimiento de las autoridades tradicionales en los colectivos” (art. 27). En cuanto a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, “se puede considerar la falta de participación de pueblos afros e indígenas en este proceso (de paz) como discriminatoria”, además de que ella también requiere que la política pública no llegue a ir en contra del porvenir de los mismos pueblos, y en cuanto al Convenio 169 de la OIT, no sólo se trata de la consulta previa libre e informada, sino de la obligación de “poner a los pueblos étnicos en una posición equitativa en relación con el otro”. De ahí la importancia de haber incluido a personas afrodescendientes dentro del gobierno, aunque falta que el cambio llegue al congreso y a todo el Estado, hasta reflejar los porcentajes de la población negra en el país. Dada su relevancia, otras exposiciones serán objetos de las dos columnas siguientes.

* Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional de Colombia