Paz y autodeterminación étnico-territorial

Por lo menos durante los últimos 20 años, las Farc-EP poco han comulgado con las aspiraciones de autonomía territorial y política que reivindican los pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia.

Esa desavenencia le resta credibilidad a la historia que tiende a preponderar en el oficialismo con respecto a la supuesta facilidad con la cual las guerrillas infiltran a esos pueblos étnicos o a las alegadas simpatías de ellos con la lucha armada. Al contrario, son frecuentes las denuncias de asesinatos y persecución violenta contra miembros de cabildos indígenas o de consejos comunitarios del Afropacífico y el Caribe por sus reivindicaciones en pro de la autodeterminación. Ni hablar de los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes además defienden la pluralidad religiosa del archipiélago y su idioma creole, de base gramatical akán africana y léxico inglés. No es gratuito el que tales pueblos nunca hayan dejado de insistir en que los excluyan del conflicto armado, y en consecuencia persistan en ejercer la neutralidad activa con respecto a las partes enfrentadas.

Desde el 4 de septiembre de 2012, la frase “tragarse sapos” quizás haya sido una de las más repetidas para referirse a las concesiones que cada equipo negociador tendrá que hacerle al contrario para no abortar el nuevo proceso de paz que se iniciará en Oslo. Las Farc-EP quizás deban tragarse el sapo étnico para que las reformas constitucionales que propongan no sacrifiquen la aspiración nacional de alcanzar nuestra unidad a partir del respeto por las disidencias histórico-culturales. A este logro de la Constitución de 1991 lo refuerzan convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 21 de 1991. Ese convenio incluye el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado como medio de que la gente indígena y negra hoy pueda exigir que la construcción de puertos y carreteras, la explotación minera o los nuevos proyectos de ley sean acordes con la salvaguardia de su territorialidad ancestral y de sus identidades.

Son innegables los dolores de cabeza que este mecanismo de negociación les ha causado a gobernantes y empresarios. De ahí que artimañas como la de prorrogar el mandato de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras, como medio de facilitar la discusión sobre la ley de desarrollo rural, hayan introducido nuevas formas de gamonalismo que pervierten la capacidad de maniobra limpia de los consejos comunitarios. El proceso de paz a iniciarse abre la opción excepcional de que quienes dejarán las armas coadyuven en la desgamonalización de la política local y el consecuente fortalecimiento de la organización de los movimientos sociales étnico-territoriales. Lo contrario consistiría en mejorar el margen de maniobra de quienes recelan la autodeterminación porque condiciona la inversión extranjera en la minería del oro, coltán y petróleo a la sostenibilidad de los territorios ancestrales y al consecuente porvenir de sus propietarios comunales o colectivos, los pueblos étnicos.

* Programa Unesco ‘La ruta del esclavo: resistencia, libertad y patrimonio’.