Que el tren interoceánico no atropelle a indígenas ni a afros

Si el presidente Gustavo Petro deja encarrilada la interconexión entre el mar Caribe y el océano Pacífico combinará un ferrocarril desde Cupica hasta Riosucio con un dragado que les permita a barcos de gran calado navegar por el río Atrato hasta puerto Antioquia en el golfo de Urabá. Además de priorizar el tren, esta propuesta presenta dos diferencias con respecto a las que la antecedieron: en primer lugar, justifica la megaobra por el cambio climático y, en segundo lugar, argumenta que la cimentarán consultas previas, libres e informadas con los pueblos étnicos de las subregiones que serán afectadas.

El presidente resalta cómo el cambio climático ha ocasionado la escasez de agua dulce en los lagos Gatún y Alajuela que permiten el pleno llenado de las esclusas del canal de Panamá. Su vaciado involucra al menos 200.000 metros cúbicos por embarcación, para un total de 3.000 millones de metros cúbicos anuales¹. El reto actual consiste en mantener esos flujos. La BBC de Londres reporta que en octubre de 2025 hubo una disminución del 41 % de las lluvias que por lo general han irrigado la cuenca del río Chagres, fuente nutricia de ambos lagos. Como ese fenómeno puede empeorar, el gobierno colombiano ha considerado que le corresponde formular una alternativa que libre al comercio mundial de los posibles atascos por venir.

Es excepcional el énfasis ecosistémico que hace Petro, como se deduce examinando la cronología que trazó Andrea Espinal, la socióloga de la Universidad de Antioquia, quien asesora a la Red de Derechos Humanos del Pacífico en su búsqueda de respuestas a la hecatombe humanitaria que podrían desencadenar ferrocarril, dragado y puerto. Comienza en 1776, cuando el gobierno imperial de España se interesó por varias opciones, la unión del río Atrato con los ríos Truandó, Mapipí, y Quía, pero en especial con el San Juan por el llamado arrastradero de San Pablo. En abril de 2012, en este periódico recordé que “según Rogerio Velásquez, hacia 1788, el padre Gabriel Arratachagui inauguró el primer canal interoceánico del país. Conectaba la quebrada Raspadura, afluente del San Juan, con la de Perico, tributaria del Atrato. Fue necesario porque el gobierno colonial había prohibido el comercio por el río Citará, bautizado A-trato por la medida que buscaba frenar el contrabando de mercancías, cautivos y cautivas que a lo largo del siglo XVIII practicaban los ingleses”.

El recuento de Espinal sigue con la estrategia de Antonio de la Torre y Miranda de 1779, justificada para enlazar al valle del Sinú con el Pacífico, incluyendo actividades militares para forzar la concentración de pueblos dispersos hacia un doble reclutamiento, minería del oro y la agricultura que alimentara las minas. A partir de 1824, aún con énfasis en el canal Atrato-San Juan, comenzaron a descollar intereses financieros y tecnológicos norteamericanos, y de 1858 en adelante, preocupado por la seguridad continental, apareció el Ministerio de Guerra de ese país (War Department), afán que persistió hasta los años de 1965 a 1970, cuando la agenda priorizó la conexión Atrato-Truandó y contempló el uso de energía nuclear para cavar los túneles que atravesaran la serranía del Baudó. Esa vía sería objeto de la Ley 53 de 1984, enfática de la soberanía nacional y posterior materia prima para manipulaciones que han servido para sacarle el quite a crisis políticas que han enfrentado los presidentes Samper, Uribe y Santos, sin que importen ni las migraciones que han ocasionado las ilusiones de nuevas fuentes de ingreso, ni las presiones, inclusive violentas, que los recién llegados les causan a los pueblos asentados durante siglos. En 1989 tuvo lugar el Foro de alcaldes y concejales de Pacífico, sobre esa alternativa. Los foristas hicieron una declaración que recogió la Diócesis de Quibdó: “la única población importante en la zona del proyecto es Riosucio (Chocó). Se evacuaría por seis meses y luego se volvería a llevar al que ocupa actualmente (sic)“.

Quienes hicieron esa declaración no tenían ni idea por lo menos de la magnitud de los residuos que ocasionaría la conexión del Atrato con el Truandó. Mauricio Obregón (p.735) escribió que, además del dragado del Atrato, habría que hacerle a la serranía baudoseña un boquete de 25 km de largo y 300 metros de alto. Para no perjudicar a los pueblos asentados en las respectivas cuencas, ¿cómo manejar o remover los dos mil millones de metros cúbicos de roca ígnea consolidada que resultarían de la excavación?

Aún ante semejantes dimensiones, y posibles consecuencias, persiste la tendencia a invisibilizar a los pueblos étnicos. De ahí la relevancia del anuncio que hizo Petro el 24 de enero de 2024 en cuanto a que el comienzo de la conexión interoceánica consistiera en la consulta previa, libre e informada. El infortunio es que esa oferta no pasó del enunciado y hoy en día tan solo mediante derechos de petición es como la Red de Derechos Humanos del Pacífico hace el inventario de cabildos indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras que hayan sido consultados de acuerdo con el marco legal que especifican la Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual ampara los derechos de los pueblos tribales de todo el mundo, incluidos los afro, debido a la sentencia C169/01 de la Corte Constitucional que redactó el magistrado Carlos Gaviria.

Lo mismo puede decirse de la cartografía. No son de pública y fácil consulta los mapas que muestren la ruta del futuro ferrocarril y las zonas a las cuales afectará el dragado del río Atrato o de sus afluentes, para sobreponerlos con los de los territorios étnicos, amén de las zonas de reserva campesina que se hayan creado y de los ecosistemas de interés patrimonial. Urge que el candidato Iván Cepeda se apersone del proyecto de interconexión oceánica para que supere los déficits humanos y ambientales que evidencia el final de la gestión petrista. Hay que evitar que la derecha reciba en bandeja de plata el destino de pueblos a los cuales, por tradición histórica, ha sometido a destierros y masacres, a partir de su noción racista del desarrollo económico.

* Doctor en antropología cultural, miembro fundador, grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.

¹ Obregón, Mauricio. 1993. Colombia y las alternativas interoceánicas. En Leyva, Pablo, Ed. Colombia Pacífico, tomo II, págs.: 730-739