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CONAFRO, Coordinación de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes, circula un comunicado protestando por el asesinato de uno de sus miembros, Adrián Quintero, quien también hacía parte del movimiento Antorcha Ciudadana.
Informa que el crimen tuvo lugar el 18 de marzo en Buenaventura a manos de Los Urabeños, y hace parte de los demás 117 asesinatos relacionados con el recrudecimiento del paramilitarismo en el país. Debido a esos crímenes, durante la Semana Santa, 100 mujeres realizaron la Vigilia Permanente por la Vida y la Paz en la iglesia de San Francisco en Bogotá. El 19 de marzo se retiraron del templo porque el Ministerio del Interior y la Consejería de Derechos Humanos accedieron a firmar un acuerdo que contribuyera a evitar un genocidio como el que tuvo lugar hace 20 años con la Unión Patriótica y además frenara la estigmatización de militantes de la Marcha, entre otros reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos (http://goo.gl/gt6jem).
La Tremenda Revoltosa Batucada Feminista también se manifestó contra el asesinato de Adrián Quintero, y precisó los efectos de ese fortalecimiento paramilitar refiriéndose a otros asesinatos: el de Jhon Jairo Ramírez Olaya, (nueve de noviembre de 2015, también en Buenaventura) quien trabajaba contra el reclutamiento paramilitar de adolescentes. El mismo mes, el de Luis Francisco Hernández González, líder de la restitución de tierras en Córdoba, así como el de Alexis Vargas “activista de (…) CONAFRO y vocero de Marcha Patriótica en la costa pacífica nariñense, quien (…) fue asesinado el 26 de enero de 2016”.
El mismo comunicado reitera el reenvalentonamiento paramilitar en unos territorios colectivos de comunidades negras sometidos durante los últimos 20 años a masacres, destierro y usurpación, a saber Pavarandó, Curvaradó y Jiguamiandó. Se suponía que esas dos últimas comunidades demostrarían la eficacia del programa de restitución de tierras, pero más bien —y por si fuera poco— han sido laboratorios para complejas manipulaciones mediante las cuales Urapalma, Palmas de Curvaradó y otras empresas han pretendido legalizar el despojo territorial que iniciaron en 1997 (http://goo.gl/hAVu1E). La Tremenda Revoltosa también habla de unas Fuerzas Armadas que en esas áreas fluviales amedrentan a la población civil y a los líderes de movimientos sociales les hacen advertencias amenazantes.
El comunicado completa el panorama con el asesinato de seis líderes y lideresas negras en el Cauca, incluyendo el de James Balanta, y argumentando que todo este entramado hace parte de un modelo económico basado en un racismo que también se manifiesta en el silencio que el Gobierno, los medios e incluso líderes de izquierda han mantenido frente a la especificidad de los crímenes contra la gente negra. Para esas activistas, del racismo estructural también han dependido “las evidentes limitaciones de los preacuerdos (de La Habana) en materia del reconocimiento de la autonomía y las territorialidades propias de las comunidades negras”. De ahí el clamor de ellas por una paz digna que de verdad incluya a las comunidades negras, sus organizaciones y reclamos.
* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional
