“…a mí nadie que sea negro me va a decir…”. Estas palabras insultantes hacen parte del grosero llamado de atención que el presidente Gustavo Petro le hizo al ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero, en el Consejo de Ministros televisado el pasado 16 de julio. Las leo y me digo que, pese a no haber salido de la boca de Miliei o Trump, sí tienen antecedentes en el racismo de la administración distrital petrista. De esa práctica hizo parte el saboteo de la caracterización demográfica y sociocultural de los pueblos étnicos de Bogotá, planteada como base de las políticas públicas a favor del reconocimiento y salvaguardia institucional de la diversidad. Junto con la Dirección Distrital de Etnias, investigadores de las universidades Nacional de Colombia, del Valle y del Instituto Colombiano de Antropología habían diseñado el proyecto que, para 2012, ya contaba con avales de organizaciones internacionales. Para ellas era relevante que una sólida base empírica cimentara el combate al racismo que, por lo menos desde los años de 1990, se ejercía de manera sistemática contra los pueblos afro e indígenas desterrados desde el litoral Pacífico. Funcionarios de la alcurnia distrital justificaron su oposición alegando que la gente negra se autodiscriminaba e instrumentalizaba su victimización. Fueron varias las reuniones que uno de los secretarios distritales convocó con los proponentes, pero excluyó a Rudecindo Castro, director de la entidad étnica mencionada. Descalificó las credenciales académicas de Castro y alegó que tan solo era activista del movimiento negro.
No obstante, el que en estas columnas me haya referido a esos antecedentes, el voto masivo del Afropacífico en favor de Francia Márquez y el progresismo consistió en una fuente excepcional de esperanza. La reforzó el discurso que el 10 de agosto de 2022 el presidente pronunció ante los alcaldes de ese litoral. Aunque identificó el atraso de sus gentes con el racismo estructurado desde los años de la colonia, habrían sido deseables referencias a que la presencia afro en el pacífico se debió al segundo ciclo de la minería del oro que floreció desde el siglo XVII en el Atrato, el San Juan, el Cajambre, el Telembí o el Patía. También que hubiera hablado de la minería mecanizada de la Chocó Pacífico o de la Timbiquí Gold Mines, entre las multinacionales que florecieron hacia el decenio de 1920 y permanecieron hasta los años de 1970, cuando ya habían sobreexplotado los lechos de los ríos y, mediante violencia y trucos legales, desposeído a la gente negra de sus territorios ancestrales. Del mismo modo, que hubiera recalcado la gravedad del actual auge minero tan asociado a la incesante violencia de la región. Con todo, fue valioso que se comprometiera a erradicar el racismo mediante las inversiones en salud, educación y agua potable que originaría la reforma tributaria que propondría en ese entonces.
¿No habría sido valioso que, en función de los ideales que esbozó en agosto de 2022, en el pasado consejo de ministros, el presidente más bien hubiera contribuido a afianzar la posición de Rosero? A este antropólogo y líder social lo cualifican 40 años de recorrer ríos y afluentes del Afropacífico para entender y divulgar el aporte excepcional de las comunidades negras al amparo de las selvas tropicales húmedas, conforme hoy lo reconoce la comunidad internacional. Es incomprensible este desperdicio del alto grado de empatía que el ministro de la Igualdad ha cimentado por medio del Proceso de Comunidades Negras y los consejos comunitarios que al amparo de la Ley 70 de 1993 ha logrado consolidar y proyectar hacia el futuro.
Aturde esta coyuntura de un racismo indeseado. De ahí la pertinencia de las exigencias que formula el antropólogo Woslher Castro Sinisterra: “disculpa pública del presidente de la República por el trato irrespetuoso y racista al ministro Carlos Rosero; fortalecimiento del Ministerio de Igualdad como una cartera con autonomía política, técnica y presupuestal; garantía de participación efectiva de las comunidades negras en todas las instancias de decisión nacional sobre igualdad, justicia racial y derechos humanos y compromiso firme por erradicar el racismo institucional, con políticas públicas específicas, mecanismos de seguimiento y sanción, y formación antirracista en todas las entidades del Estado”.
