El mundo padece una grave crisis humanitaria. La Organización Mundial de la Salud denuncia que más de la mitad de la población global —4.600 millones de personas— carece de cobertura sanitaria. Por su parte, Naciones Unidas señala que 2.200 millones no tienen acceso a agua potable y 685 millones viven sin electricidad. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos estima que 2.330 millones de personas (dos de cada siete) no cuentan con alimentación suficiente para vivir; de estas, 733 millones sufren hambre crónica y 318 millones, hambre extrema. Finalmente, según el ACNUR, 117,3 millones de personas han sido desplazadas forzosamente de sus hogares.
Respecto a la niñez, la Unesco indica que 273 millones de menores no tienen acceso a la educación, lo que afecta en mayor proporción a niñas y adolescentes. Por otro lado, Unicef denuncia que, en lo que va del siglo, los grupos armados ilegales han reclutado a más de 150.000 menores de edad en países como la República Democrática del Congo, Yemen, Sudán, Myanmar, Malí, Nigeria, Haití y Colombia. En este último país, en promedio, un niño o niña es reclutado cada 20 horas.
Oxfam, la revista médica The Lancet y el Instituto de Salud Global de Barcelona demuestran que la disminución en la Ayuda Oficial al Desarrollo causaría 20 millones de muertes evitables antes de 2030. Según la OCDE, esta ayuda disminuyó a USD 174.300 millones en 2025 (un 25,8 % menos que en 2024) y la asistencia humanitaria se recortó en un 35 %. Estados Unidos, el mayor contribuyente, redujo en un 90 % su aporte a Naciones Unidas y en un 60 % a los países beneficiarios, transformando la asistencia en programas bilaterales alineados con su interés nacional, la seguridad o el armamento.
Esta tendencia fue seguida por aportantes tradicionales como el Reino Unido, Canadá, Suiza, Japón, Nueva Zelanda y la Unión Europea, a excepción de España. En contraste, la conciencia frente al compromiso humanitario va en aumento: existe personal técnico y voluntario que desea inscribirse en proyectos de emergencia y programas de desarrollo; sin embargo, ante la escasez de recursos financieros para apalancarlos, estas vocaciones quedan truncadas.
Un total de 128 países de renta media y baja dependen de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Los Estados pobres carecen de la capacidad para atender situaciones endémicas y requieren de la cooperación internacional. No obstante, en parte de estas naciones la planeación estratégica en atención social es escasa, y persisten la corrupción y la insensibilidad frente a las problemáticas de las poblaciones vulnerables.
En respuesta a este contexto, se debe fortalecer la sociedad civil, definir las prioridades sociales, auditar los recursos nacionales e internacionales y gestionar eficientemente el sector solidario; en especial, a través de una gerencia eficaz en la recaudación de fondos o fundraising. Aunque la solución a las carencias sociales debe provenir de la redistribución de los impuestos, es evidente que la tributación es insuficiente y no puede ser la única fuente de ingresos. Por este motivo, el fundraising corporativo —tanto en países cooperantes como beneficiarios— constituye una alternativa financiera viable para resolver la desnutrición, brindar salud, ofrecer educación, atender a las víctimas de la guerra y el cambio climático, o promover el emprendimiento.
Es imperativo gerenciar las estrategias de recaudación con tecnología y marketing, así como garantizar la transparencia en el uso de los recursos provenientes de subvenciones, donaciones, eventos caritativos, apadrinamientos, loterías, becas, micromecenazgo, filantropía, estampillas o responsabilidad social empresarial.
A esto se deben sumar el voluntariado, los negocios inclusivos, el comercio justo y los bancos de alimentos, medicamentos, ropa y juguetes. Asimismo, es necesario impulsar una ley para direccionar parte de los impuestos al sector solidario, tal como ocurre en España. Estas propuestas podrían ser operadas por consejos nacionales de fundraising en coordinación con las administraciones locales y las organizaciones humanitarias, distribuidas por áreas de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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