El crimen organizado es cada vez más rentable y difícil de combatir. La afirmación correcta debería ser que es perseguido, penalizado y que se ha ido desmantelando. Pero no es así.
El Estado, como garante de la seguridad, no logra proteger a la ciudadanía de la delincuencia en la mayor parte del orbe. La evidencia muestra que, al menos en una tercera parte de nuestro planeta, los gobiernos van perdiendo la lucha contra el crimen e incluso han sido cooptados por organizaciones delincuenciales.
Aseveración inferida del último Índice Global de Crimen Organizado, presentado en Ginebra, Suiza, por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, al señalar que, en 66 países con alta criminalidad, las autoridades manifiestan que no se encuentran preparadas para afrontarla.
El reporte también alerta sobre la reconfiguración y concentración, a nivel mundial, de estructuras criminales cada vez más poderosas, mientras la lucha estatal y multinacional se debilita. En perspectiva, el mayor riesgo que existe actualmente en la lucha contra el crimen es la falta de medios y la corrupción en parte de las instituciones que deben garantizar la seguridad pública.
Así como la falta de acciones multilaterales vinculantes para contrarrestar la evolución de nuevas formas de criminalidad, lo que se demuestra en la disminución de la cooperación internacional, por ejemplo, del Reino Unido hacia los Estados Unidos por sus acciones contra el narcotráfico en el Caribe, operaciones efectuadas al margen de la legalidad internacional.
En general, los delitos transnacionales están creciendo de manera desbordada, desde crímenes contra el medio ambiente y la biodiversidad hasta el tráfico y la trata de personas; pasando por el comercio ilícito de drogas sintéticas, estupefacientes y armas; la minería ilegal; la ciberdelincuencia; el terrorismo informático; la articulación entre algunos sectores empresariales con mafias y grupos insurgentes sin distinción ideológica; el contrabando; el lavado de activos; la falsificación de moneda, mercancías y medicamentos; la mendicidad y la pornografía infantil; la extorsión o la corrupción, entre otros.
Contexto en el que la criminalidad internacional se articula cada vez más con la delincuencia local en muchas naciones, creando ecosistemas altamente inseguros para las personas y muy rentables para las mafias y sus cómplices. En este sentido, Ken Booth plantea que la debilidad institucional frente al crimen en sectores vulnerables limita las oportunidades de desarrollo social, empujándolos hacia actividades ilícitas que comprometen su bienestar y libertad.
En general, el monitoreo de la criminalidad a nivel global muestra la identificación de estrategias delincuenciales más eficientes para contrarrestar las acciones de las autoridades y modalidades perversas, con visos de legalidad, para evitar su judicialización y penalización. Entorno que presenta la mayor expansión en los delitos que afectan al sector financiero.
Del mismo modo, se identifica que los espacios más propicios para la operación de la criminalidad organizada se encuentran en sociedades afectadas por conflictos armados, con alta inequidad social y en autocracias o dictaduras, en las que no hay moderación para cometer delitos de lesa humanidad, como el reclutamiento de niños, niñas o adolescentes, o para aprovechar la vulnerabilidad de las personas más humildes y desprotegidas, involucrándolas en las cadenas delictivas, acentuando en naciones con conflictos prolongados el arraigo de las economías ilícitas.
Del mismo modo, la criminalidad saca provecho de la dinámica de las fronteras, sea por permisividad —protegiendo criminales— o por su blindaje, construyendo muros o endureciendo el tránsito, por ejemplo, contra la migración irregular, ya que esto aumenta las utilidades económicas de los delincuentes que burlan los controles del Estado, como ocurre con la falsificación de documentos, el soborno a las autoridades migratorias o el cruce ilegal de fronteras.
Resulta una paradoja que el aumento en la lucha contra los delitos los fortalezca financieramente, como es el caso de la trata de personas o el narcotráfico, en donde la persecución a las mafias reconfigura las estructuras criminales y las hace más rentables, pero más perjudiciales para sus víctimas. Muestra de ello son las enormes ganancias por la distribución de drogas, desde la heroína hasta el fentanilo.
Por consiguiente, debe haber mayor cooperación en materia legal, porque en los países donde las legislaciones son más laxas, existen vacíos jurídicos o aún no hay normas respecto al control de algunos delitos, la criminalidad encuentra nichos ideales para expandir sus acciones. Tal es el caso de la ciberdelincuencia o de sociedades en las que se relajan las pautas morales o la ética, justificando la participación de sectores sociales en acciones criminales.
En suma, esta dificultad para sobreponer la justicia a la delincuencia genera impunidad, aumento de las organizaciones al margen de la ley, blindaje de segmentos de la sociedad cómplice frente a la criminalidad, movilidad social y económica dentro de las organizaciones criminales y una distribución global de la logística y la cooperación delincuencial difícil de combatir o de sumo riesgo para la integridad de las autoridades.
Demostración de que el mundo criminal se encuentra en la búsqueda constante de oportunidades para la consecución de sus delitos. Invierte gran parte de sus utilidades en su expansión e involucra a personal altamente calificado, como financieros, abogados, informáticos, hackers, químicos, ingenieros o armadores de barcos y submarinos, para hacer más efectivas sus operaciones, al igual que compra la connivencia de funcionarios en todos los niveles del Estado.
En consecuencia, no solo ha aumentado la criminalidad incorporando modalidades más eficientes, incluso sin la necesidad de presencialidad para cometer delitos, como es evidente a través del uso de Internet para realizar ciberataques a instituciones gubernamentales o de carácter esencial, como aeropuertos u hospitales, el robo de identidades y datos de usuarios para cometer estafas o el desfalco de portales bancarios.
En muchos países, el auge constante de estos delitos, sumado a la experiencia ciudadana de haber sido víctima o de haber logrado prevenir intentos de fraude, genera la percepción de que la inseguridad ha alcanzado niveles desbordados.
Lo que, infortunadamente, coincide con la sensación de incapacidad que manifiestan las autoridades frente a sus gobiernos y la sociedad para responder adecuadamente a la metamorfosis de la criminalidad, especialmente porque no cuentan con los recursos humanos, financieros y técnicos para dar solución a un incremento incontrolable de delitos, que cada vez incorpora nuevas modalidades y estrategias más difíciles de combatir.
La respuesta debe venir desde la cooperación internacional, pero en la actualidad lo que está ocurriendo es un incremento de acciones unilaterales que poco contribuyen a combatir la criminalidad. En cambio, lo que sucede es el traslado o la expansión de sus movimientos ilícitos a otros países, circunstancia que aprovecha la falta de comunicación interinstitucional para ampliar sus redes y tácticas delincuenciales.
Uno de los pocos escenarios que puede revertir esta situación es la Asamblea General de Interpol, que surge como una posibilidad en el combate contra la delincuencia transnacional, la cual acaba de reunirse en Marruecos, en su sesión 93, y que reúne a 196 países miembros. Allí se planteó la necesidad de realizar un esfuerzo global para combatir la delincuencia financiera y cibernética, apoyar la seguridad de grandes eventos como el Mundial 2030 e incrementar la optimización de sus bases de datos contra las actividades ilícitas.
Una respuesta tímida ante las dimensiones y enormes utilidades del crimen organizado a nivel mundial, que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otras estimaciones, considera que puede superar los 2,2 billones de dólares anuales y el 3,6 % del PIB mundial, y cuyos delitos más rentables son el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, la falsificación de moneda y el contrabando de armas y petróleo. Acciones criminales que cobran vidas honestas, cada vez permean a un mayor número de gobiernos y, pese a los esfuerzos existentes, no están siendo combatidas con la debida contundencia a nivel internacional.
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