La construcción de una tradición libertaria

No pusieron sus firmas en el documento que oficializaba la compra porque no sabían leer ni escribir –otras personas lo hicieron por ellos–, pero tenían la certeza de que estaban representado la voluntad comunitaria. El 7 de junio de 1850 los señores Pilar Cortés, José Antonio Medrano, José Liberato Barrios, José Higinio Villalobos y Francisco Gómez, hombres negros y libres, en nombre de las vecinas y vecinos negros de la parroquia de Barú, en la zona insular de Cartagena de Indias, compraron siete caballerías de tierra al señor Manuel González Brieva.

Entre todos habían reunido $ 680 pesos que abonaron al propietario y un tiempo después recolectaron los $ 520 pesos restantes, para completar los $ 1.200 que valía el pedazo de tierra. El documento que legalizó la compra en la notaría de Cartagena un año después, es una evidencia contundente del proyecto de vida que tenían en mente. Todos habían aportado para la adquisición de la tierra, de modo que esta pertenecía “en posesión y propiedad al vecindario de Barú para usar y disfrutar de ellas indistintamente”. El predio era indivisible, no podía quedar en manos de particulares, ni ser el patrimonio de ninguna persona ni familia.

Los baruleros negros estaban tan convencidos de su decisión colectiva, que la única cláusula que contemplaba la posibilidad de que los terrenos pasaran a otras manos, lindaba con una especie de misticismo apocalíptico y de paso revelaba la solidez del vínculo:

“Que en caso de ser totalmente extinguido el vecindario de Barú y sus futuras generaciones, es voluntad general de nuestro vecindario, que las tierras pasen a ser propiedad de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad para que con sus productos se hagan cada año una fiesta solemne a María Santísima Sra. Nuestra en admirable misterio de su purísima inmaculada concepción, invirtiéndose siempre en el culto de la divina Sra.”.

Este grupo de afrodescendientes compraban la tierra un año antes de que se promulgara el decreto presidencial del 21 de mayo de 1851 que la abolió definitivamente la esclavitud en el territorio colombiano. El documento no dice si dentro del grupo que aportó dinero para la compra había esclavizados, pero sabemos que el censo de 1851 –publicado en febrero de ese año en el periódico La Democracia, de Cartagena–, no se registra ninguna persona en esta condición como habitante de la isla de Barú. En realidad, hacía rato que en la Provincia de Cartagena y en todo el Caribe colombiano la esclavitud como institución estaba en crisis. En el censo de 1778, los esclavizados y esclavizadas solo representaban apenas el 8 % del total de la población del Caribe neogranadino.

Ya en el período republicano, el censo de 1843 decía que había en la Provincia de Cartagena de Indias 143.196 habitantes, de los cuales solo 2.325 eran esclavizados; mientras que el censo de 1851 para el Cantón de Cartagena registró 18.627 habitantes, de los que apenas 284 eran esclavizados. Las cifras demuestran que no hubo mucho que manumitir cuando se hizo efectiva la ley de abolición definitiva en el Caribe colombiano. Para estos días en que se celebra el mes de la afrocolombianidad o mes de la herencia africana, los ejemplos anteriores sirven para ilustrar una tradición libertaria construida desde los tiempos virreinales por la población negra. Y dos cosas deben quedar claras para entender la vida de los hombres y mujeres afrodescendientes en la nación colombiana: que la historia negra no está solo suscrita a la esclavitud, ni la libertad es solo un asunto de las políticas oficiales de la república moderna.