En países como el nuestro en los que la guerra, con su estela de muerte, degradación, despojo y destierro, ha acumulado a lo largo de la historia millones de víctimas, más tarde que temprano se hizo necesaria la creación de instituciones para lidiar con esta incómoda realidad. Éstas se crearon como única alternativa para reconocer y atender, desde diferentes ámbitos, a los afectados por el conflicto. Quitarles fuerza y credibilidad a las instituciones que se encargan de este tipo de situaciones es una manera peligrosa y descarada de romper con el equilibrio institucional, pero sobre todo es un desconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas que les ha tocado padecer los horrores de la guerra.
Entendamos algo: el reconocimiento de la existencia del conflicto armado en Colombia no es un embeleco de académicos comprometidos ni de activistas soñadores ni del romanticismo de las ONG ni del cabildeo internacional de la guerrilla. Es un reconocimiento oficial del Estado colombiano y en armonía con eso creó un marco normativo que definió las políticas oficiales —óigase bien— para ocuparse de las víctimas de ese conflicto oficialmente aceptado. Que algunas instituciones y funcionarios del Gobierno quieran desacreditar lo conseguido y lo creado a través de lo anterior nos pone entonces ante una situación supremamente difícil de pérdida de equilibrio institucional y de doble agenda de gobierno.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, es una institución oficialmente creada por el Estado. No se la inventó ni Timochenko ni Iván Márquez. Los documentos que produce son documentos de carácter oficial. El ¡Basta ya! y las decenas de investigaciones y materiales producidos en los diferentes territorios con la participación de las comunidades son la voz oficial del Estado a propósito de la importancia de la memoria histórica. Si el Gobierno de turno no está de acuerdo con eso, ¿qué se debe hacer con todo lo producido?, ¿una gran hoguera purificadora y redentora que elimine todo ese material infectado de izquierdismo?, ¿eliminar todos los documentos de la red virtual?
Hay cosas que resultan delirantes. Supongo que nadie que no crea en que el periodismo deba estudiarse en una universidad aspiraría a dirigir un programa académico de comunicación social y periodismo. Supondría también que alguien que no reconozca la existencia del conflicto armado en Colombia no aceptaría asumir la dirección de una institución que fue creada en el reconocimiento de ese conflicto, de sus víctimas y del trabajo con la memoria histórica. Por supuesto que Darío Acevedo Carmona tiene todo el derecho como académico, como ciudadano, como columnista de opinión a no creer en la existencia de este y a explorar las variables históricas que a bien tenga para explicar la situación del país, pero dirigir una institución cuya razón de ser se la da algo en lo que él no cree resulta de una insensatez infinita. A menos que el propósito de asumir tamaño compromiso sea sólo abultar su hoja de vida para la guerra del centavo en la que están metidos desde hace rato los académicos.
Comprometerse a dirigir una institución sin creer en lo que ésta produce es una estrategia parecida a la del mercenario que vendía sus servicios al mejor postor, y lo peor es que desacredita la institución y reafirma la doble agenda del Gobierno. Quizá es lo que se quiere.
En países como el nuestro en los que la guerra, con su estela de muerte, degradación, despojo y destierro, ha acumulado a lo largo de la historia millones de víctimas, más tarde que temprano se hizo necesaria la creación de instituciones para lidiar con esta incómoda realidad. Éstas se crearon como única alternativa para reconocer y atender, desde diferentes ámbitos, a los afectados por el conflicto. Quitarles fuerza y credibilidad a las instituciones que se encargan de este tipo de situaciones es una manera peligrosa y descarada de romper con el equilibrio institucional, pero sobre todo es un desconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas que les ha tocado padecer los horrores de la guerra.
Entendamos algo: el reconocimiento de la existencia del conflicto armado en Colombia no es un embeleco de académicos comprometidos ni de activistas soñadores ni del romanticismo de las ONG ni del cabildeo internacional de la guerrilla. Es un reconocimiento oficial del Estado colombiano y en armonía con eso creó un marco normativo que definió las políticas oficiales —óigase bien— para ocuparse de las víctimas de ese conflicto oficialmente aceptado. Que algunas instituciones y funcionarios del Gobierno quieran desacreditar lo conseguido y lo creado a través de lo anterior nos pone entonces ante una situación supremamente difícil de pérdida de equilibrio institucional y de doble agenda de gobierno.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, es una institución oficialmente creada por el Estado. No se la inventó ni Timochenko ni Iván Márquez. Los documentos que produce son documentos de carácter oficial. El ¡Basta ya! y las decenas de investigaciones y materiales producidos en los diferentes territorios con la participación de las comunidades son la voz oficial del Estado a propósito de la importancia de la memoria histórica. Si el Gobierno de turno no está de acuerdo con eso, ¿qué se debe hacer con todo lo producido?, ¿una gran hoguera purificadora y redentora que elimine todo ese material infectado de izquierdismo?, ¿eliminar todos los documentos de la red virtual?
Hay cosas que resultan delirantes. Supongo que nadie que no crea en que el periodismo deba estudiarse en una universidad aspiraría a dirigir un programa académico de comunicación social y periodismo. Supondría también que alguien que no reconozca la existencia del conflicto armado en Colombia no aceptaría asumir la dirección de una institución que fue creada en el reconocimiento de ese conflicto, de sus víctimas y del trabajo con la memoria histórica. Por supuesto que Darío Acevedo Carmona tiene todo el derecho como académico, como ciudadano, como columnista de opinión a no creer en la existencia de este y a explorar las variables históricas que a bien tenga para explicar la situación del país, pero dirigir una institución cuya razón de ser se la da algo en lo que él no cree resulta de una insensatez infinita. A menos que el propósito de asumir tamaño compromiso sea sólo abultar su hoja de vida para la guerra del centavo en la que están metidos desde hace rato los académicos.
Comprometerse a dirigir una institución sin creer en lo que ésta produce es una estrategia parecida a la del mercenario que vendía sus servicios al mejor postor, y lo peor es que desacredita la institución y reafirma la doble agenda del Gobierno. Quizá es lo que se quiere.