El Centro Democrático emitió un comunicado de respaldo al alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, y rechazó todo cuestionamiento sobre la responsabilidad que pueda tener el mandatario en los crímenes a líderes sociales de la región. Dicen que las acusaciones hechas al alcalde ponen en riesgo su presunción de inocencia.
La pregunta que hay que hacerse es si Humberto Sánchez, autoridad principal de San Vicente del Caguán, sabe qué es la presunción de inocencia, si acaso sabe que es un principio constitucional consignado en el artículo 29 de la Carta Política y que ha sido valorada como un derecho absoluto no sujeto a ponderación. Es decir, que no vale más la presunción de inocencia de Sánchez que la de todos los líderes sociales a los que él pudo ponerles una lápida en el pecho con sus sentencias.
Ni el Centro Democrático ni su hombre en San Vicente del Caguán respetaron la presunción de inocencia de Erley Monroy, miembro de la Asociación Campesina del Losada Guayabero (Ascal G). El Alcalde lo señaló de querer “usurpar el espacio que deja la guerrilla” y al referirse a su organización dijo: “No son ningunos campesinos. Al parecer hay una cantidad de delincuentes…”.
El movimiento social y agrario de la región denunció las peligrosas prácticas de señalamiento y criminalización a las organizaciones sociales por parte del alcalde uribista, y cómo éstas coincidían con abusos de la Fuerza Pública, judicialización sin el debido proceso, circulación de panfletos y terror psicológico paramilitar a campesinos indefensos. Mientras Sánchez Cedeño abría la boca sin ningún respeto por la presunción de inocencia de Erley Monroy y otros líderes sociales, los perros con rabia de la maquinaria paramilitar babeaban, pelaban los dientes y, cuando llegó el momento, cazaron a Monroy y lo mataron. Dicen que el cuerpo fue encontrado cerca al Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán.
Después del asesinato de Erley vino el asesinato de Didier Lozada y la confirmación de que la presencia paramilitar en la zona no se conformaba con amenazas e intimidaciones. Decir que fue el alcalde Humberto Sánchez el que comandó estos crímenes sería una ligereza irresponsable que, como dicen sus defensores del Centro Democrático, violaría su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, tampoco podemos hacernos los ingenuos. Este país ha dado cientos de lecciones de ese tipo. Señalar a alguien de guerrillero es una manera de mandar a “hacerle la vuelta”. Esto lo sabe bastante bien el Centro Democrático. Seguro aún recuerdan al profesor cienaguero Alfredo Correa de Andreis, a quien señalaron de pertenecer a la guerrilla y un mes después lo asesinaron en la ciudad de Barranquilla. Desde el calabozo de sus verdugos, en las instalaciones del DAS en Cartagena, Correa escribió una carta al entonces presidente, Álvaro Uribe, pero en este caso la presunción de inocencia no era de interés del mandatario.
Los asesinatos de los líderes sociales de los últimos meses no son hechos aislados. Obedecen a una maquinaria que defiende un modelo. Esa maquinaria no es una entidad etérea, tiene nombres, tiene plata, sigue órdenes y tiene objetivos. Los muertos se van apilando en una masa amorfa que a pocos importa. El viernes asesinaron a Marcelina Canacué, lideresa de Marcha Patriótica, delante de su nieta de nueve años. De alguna manera, la inocencia la perdimos hace rato.
El Centro Democrático emitió un comunicado de respaldo al alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, y rechazó todo cuestionamiento sobre la responsabilidad que pueda tener el mandatario en los crímenes a líderes sociales de la región. Dicen que las acusaciones hechas al alcalde ponen en riesgo su presunción de inocencia.
La pregunta que hay que hacerse es si Humberto Sánchez, autoridad principal de San Vicente del Caguán, sabe qué es la presunción de inocencia, si acaso sabe que es un principio constitucional consignado en el artículo 29 de la Carta Política y que ha sido valorada como un derecho absoluto no sujeto a ponderación. Es decir, que no vale más la presunción de inocencia de Sánchez que la de todos los líderes sociales a los que él pudo ponerles una lápida en el pecho con sus sentencias.
Ni el Centro Democrático ni su hombre en San Vicente del Caguán respetaron la presunción de inocencia de Erley Monroy, miembro de la Asociación Campesina del Losada Guayabero (Ascal G). El Alcalde lo señaló de querer “usurpar el espacio que deja la guerrilla” y al referirse a su organización dijo: “No son ningunos campesinos. Al parecer hay una cantidad de delincuentes…”.
El movimiento social y agrario de la región denunció las peligrosas prácticas de señalamiento y criminalización a las organizaciones sociales por parte del alcalde uribista, y cómo éstas coincidían con abusos de la Fuerza Pública, judicialización sin el debido proceso, circulación de panfletos y terror psicológico paramilitar a campesinos indefensos. Mientras Sánchez Cedeño abría la boca sin ningún respeto por la presunción de inocencia de Erley Monroy y otros líderes sociales, los perros con rabia de la maquinaria paramilitar babeaban, pelaban los dientes y, cuando llegó el momento, cazaron a Monroy y lo mataron. Dicen que el cuerpo fue encontrado cerca al Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán.
Después del asesinato de Erley vino el asesinato de Didier Lozada y la confirmación de que la presencia paramilitar en la zona no se conformaba con amenazas e intimidaciones. Decir que fue el alcalde Humberto Sánchez el que comandó estos crímenes sería una ligereza irresponsable que, como dicen sus defensores del Centro Democrático, violaría su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, tampoco podemos hacernos los ingenuos. Este país ha dado cientos de lecciones de ese tipo. Señalar a alguien de guerrillero es una manera de mandar a “hacerle la vuelta”. Esto lo sabe bastante bien el Centro Democrático. Seguro aún recuerdan al profesor cienaguero Alfredo Correa de Andreis, a quien señalaron de pertenecer a la guerrilla y un mes después lo asesinaron en la ciudad de Barranquilla. Desde el calabozo de sus verdugos, en las instalaciones del DAS en Cartagena, Correa escribió una carta al entonces presidente, Álvaro Uribe, pero en este caso la presunción de inocencia no era de interés del mandatario.
Los asesinatos de los líderes sociales de los últimos meses no son hechos aislados. Obedecen a una maquinaria que defiende un modelo. Esa maquinaria no es una entidad etérea, tiene nombres, tiene plata, sigue órdenes y tiene objetivos. Los muertos se van apilando en una masa amorfa que a pocos importa. El viernes asesinaron a Marcelina Canacué, lideresa de Marcha Patriótica, delante de su nieta de nueve años. De alguna manera, la inocencia la perdimos hace rato.