La soberanía ridícula

La diversidad cultural de Colombia —consagrada como principio constitucional— debe servir para algo más que la elaboración de un relato en el que la sumatoria de las partes muestre una supuesta formación armónica de la nación. Tampoco como simple material para la promoción turística del país. Por supuesto que su existencia es una referencia fundamental de la riqueza nacional, pero ese reconocimiento no puede perder de vista que ha sido un camino lleno de conflictos, imposiciones, exclusiones y negaciones. Ahora que el país cacarea por el fallo de La Haya, que prohíbe las actividades marítimas de Colombia en una zona que el organismo internacional ya había determinado pertenencia a Nicaragua, habría que reflexionar sobre las relaciones que la nación continental ha construido con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

No ha sido un camino fácil imaginar la nación con San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y todo ejercicio de reconocimiento de la importancia de estos territorios como parte integrante y fundamental de país debería comenzar por reconocer eso. Sería un ejercicio de memoria más honesto y un avance en las acciones simbólicas de reconciliación de los territorios con los discursos nacionales. No podemos desconocer que los primeros procesos de integración del archipiélago a la vida nacional tenían los visos de una especie de segundo proceso de colonización en el que las voces de las islas no se consideraban autorizadas para determinar la manera como querían hacer parte de esa nación que ahora llegaba haciendo ejercicios de calistenia soberana. Pocos se han fijado que en el discurso de Gustavo Rojas Pinilla —primer presidente de Colombia que visitó el archipiélago, en noviembre de 1953— se hablaba de las islas como viejos tesoros olvidados, que afortunadamente estaban siendo “reconquistados hoy para gloria y bienestar de sus descendientes”. No hay que tener una maestría o doctorado en estudios culturales para saber que el uso de la palabra “reconquista” revela una apuesta colonizadora y una idea de estos territorios como frontera a conquistar. Situación que se hizo evidente en el proceso de clasificación de las dinámicas culturales insulares consideradas como obstáculos para el proceso de “colombianización”.

El idioma, por ejemplo, fue visto como un limitante. Una guía informativa sobre Colombia, escrita por Diego Monsalve y publicada en 1927 por el Estado colombiano, decía que el archipiélago tenía aproximadamente 6.900 habitantes, en su mayoría gente negra procedente de las Antillas inglesas; “laboriosos, inteligentes y frugales”, que pertenecían “a la religión protestante y hablaban un inglés desfigurado llamado slang”. El corolario de esta apuesta, que parecía ver el territorio insular como un espacio que debía dejar atrás unas tradiciones construidas por siglos de historia para poder convertirse en miembros reconocidos de la nación, fue darle la responsabilidad a una misión católica —entre 1926 y 1975— para que administrara la educación y prohibir la enseñanza del inglés en los centros educativos a partir de 1943. Esto era una forma problemática de hacer tabla rasa del pasado en tanto algunas manifestaciones culturales de las islas parecían pecados originales que debían ser extirpados para poder entrar a los reinos de la nación.

Nunca hemos sabido, ni ahora, ni en los prolegómenos de la nación, manejar la condición de insularidad de algunos territorios. El Estado no ha entendido lo que esto significa para la construcción social y cultural, al punto que cuando se fijó en el archipiélago lo primero que se le ocurrió fue promocionar la migración de continentales, en una especie de proceso civilizatorio de los territorios del otro. Lo que está pasando en estos momentos debería llevarnos a este tipo de reflexiones, no a ejercicios ridículos de soberanía y a declaraciones que recuerdan los tiempos en que la integración a la nación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se resumía en un paquete de prohibiciones de lo que ya ellos eran.