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Menos nacimientos, ¿menos plata para la educación?

Soy hija de colegio público. Allí aprendí mucho, no solo de matemáticas, historia o literatura, sino también de valores, comportamiento y resistencia. Agradezco a los profesores y rectoras que me acompañaron durante tantos años, pero también soy consciente, más ahora que antes, de que la formación que recibí estaba lejos de ofrecerme las mismas herramientas académicas que tenían muchos de mis compañeros provenientes de colegios privados. Igualar la cancha para competir en condiciones más justas con los graduados de esas instituciones me tomó tiempo, esfuerzo y mucho más estudio. Por eso, cuando escuché al ministro de Hacienda, Miguel Martínez, decir que Colombia debería bajar el presupuesto para la educación pública del país porque están naciendo menos niños, comprendí que el funcionario, o no calcula bien los años que hay entre nacer y empezar la época escolar, o no tiene idea de cómo es vivir fuera de los altos estándares de los que gozan pocos en Colombia.

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La idea que soltó el ministro fue durante la Asamblea General de la ANIF. Allí hizo un diagnóstico de la situación fiscal del país y habló del plan de rescate del Gobierno. De pronto, se metió en las honduras del gasto público y confesó que ha tenido debates duros con personas del Congreso alrededor del tema de financiamiento de la educación. Esas personas le han recordado, contaba el ministro, que por norma constitucional no se puede descender. “¿Por qué no se puede descender si cada vez hay menos niños y jóvenes; si están cerrando cientos de colegios y las universidades están teniendo dificultades para llenar sus cupos?”, se preguntaba, convencido, el funcionario encargado del dinero público en el país.

A primera vista, el argumento parece lógico. Colombia atraviesa una transformación demográfica importante: en 2017 nacieron 656.704 bebés y en 2025, apenas 441.537. Pero una cosa es que haya menos nacimientos y otra muy distinta que hayamos resuelto los problemas de calidad de la educación. Por eso, ¿qué tal si, en lugar de mirar solo cuántos estudiantes tenemos, empezamos a preguntarnos qué educación están recibiendo los estudiantes?

El propio ICFES ofrece una respuesta preocupante. En su informe de agosto de 2026, que recoge doce años de resultados de Saber 11, encontró que en 2025 los estudiantes de colegios oficiales obtuvieron un promedio de 253 puntos, frente a 289 de los establecimientos privados. Una diferencia de 36 puntos, superior a la que existía en 2014. El Instituto advierte que también inciden las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, pero la desigualdad de resultados sigue ahí.

El terremoto del 10 de agosto puede profundizar esas desigualdades. Solo en Pereira, al 10 de noviembre, 28.459 estudiantes de 43 establecimientos educativos seguían en alternancia. Es decir, niños que no estudian cinco días a la semana.

Miguel Ángel es uno de ellos. Acaba de cumplir 14 años y su colegio quedó destruido por el sismo. Desde entonces, solo recibe clases los martes y los viernes en las instalaciones de otra institución que quedó en pie, a 24 cuadras de su casa. Camina bajo el sol del mediodía porque en la vivienda donde reside, sin su papá ni su mamá, no hay dinero para pagar los pasajes.

Yo pude compensar algunas de las desventajas de mi educación con más estudio, esfuerzo y tiempo. Pero ¿qué herramientas tendrá Miguel Ángel, y miles de niños como él, para competir con jóvenes que sí han podido recibir una educación completa? ¿Cómo se recuperan las horas de aprendizaje perdidas? ¿Quién les devuelve las oportunidades que están dejando de tener? Ahí está precisamente el problema que parece quedar por fuera de las cuentas del ministro.

Por supuesto que el Estado tiene que evaluar la eficiencia del gasto educativo. Nadie debería defender presupuestos crecientes por costumbre. Pero la eficiencia no puede medirse únicamente por cuánto dinero se ahorra. También debe medirse por lo que aprenden los estudiantes, las horas efectivas de clase, la formación de los docentes y las oportunidades que tienen para continuar sus estudios.

Si Colombia tiene menos niños, debería aprovechar esa transición demográfica para ofrecerles una educación de mejor calidad, reducir las brechas y darles mejores herramientas para competir. No para convertir la reducción de nacimientos en una justificación para invertir menos.

Por Jennifer Montoya Betancourth

Periodista y analista política. Durante 17 años ha trabajado en medios nacionales e internacionales como Noticias Caracol, CNN en Español y Blu Radio. Ha sido reportera, presentadora, directora y comentarista. Ha ganado dos premios Emmy.
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