La responsabilidad política de los falsos positivos perpetrados por el Ejército el 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso, en el Putumayo, es de Iván Duque, Diego Molano y Eduardo Zapateiro porque defendieron a capa y espada un operativo que terminó en masacre y nunca se han retractado de las falsedades en que incurrieron.
Ese lunes 28 de marzo, a las 4:35 p. m., el entonces ministro de Defensa Molano trinó:
“Gracias a operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo. #ConTodasNuestrasFuerzas protegemos a Colombia de estos #SímbolosDelMal”.
Al día siguiente, cuando se supo que entre los supuestos símbolos del mal abatidos había civiles inermes como el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda y su esposa embarazada, el gobernador indígena del Cabildo Kichwa Bajo Remanso, un vecino del presidente de la Junta a quien le hirieron la compañera, un jornalero ebrio y un menor de edad, todas las alarmas se encendieron, pero Molano no se dio por aludido:
“@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”.
Ante el revuelo por el resurgimiento de los falsos positivos de la era Uribe-Montoya, mientras Naciones Unidas solicitaba una investigación exhaustiva, el entonces presidente Duque, que había acudido al Consejo de Seguridad en Nueva York, declaró: “Las operaciones militares, y en particular esta que ha desatado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previa”, aseverando que todos los caídos tenían nexos con grupos ilegales. A su vez, el entonces comandante del Ejército, general Zapateiro, aseguró que el operativo se había ceñido al derecho humanitario, y agregó: “los soldados no tocaron un solo cadáver. Esta no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad que son combatientes”.
Lo que a la postre se pudo conocer, en buena parte gracias a la alianza informativa de El Espectador, Vorágine y la revista Cambio, es que lo afirmado por Duque, Molano y Zapateiro no coincide con lo que realmente ocurrió. Por tal razón, el pasado 2 de junio, la Fiscalía imputó cargos a los 25 militares participantes en el operativo por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en el grado de tentativa.
Según Hugo Tovar, fiscal coordinador de la investigación, la masacre de Alto Remanso constituye una grave violación a los derechos humanos porque los miembros del Ejército hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y no respetaron la distinción entre población y combatientes: “El resultado es claro: hubo víctimas civiles. Había un bazar en el que, si bien había integrantes de grupos armados, la mayoría del personal era civil”. En concepto de la Procuraduría, los militares, aparte de atentar contra la población, “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja”.
En resumidas cuentas: sí se realizaba un bazar comunal en Alto Remanso cuando el Ejército irrumpió a sangre y fuego; no hubo ninguna captura; al menos seis civiles cayeron asesinados, cuyos cadáveres fueron manipulados para hacerlos pasar por combatientes; y la población fue retenida durante horas mientras los soldados alteraban el lugar de la matanza. Ese día sí se violaron los principios del Derecho Internacional Humanitario. El experto en DIH Antonio Varón lo explica en estos términos: “Por más importante que pueda ser hacer una operación militar, si pone en riesgo la vida, integridad física e incluso la integridad psíquica de una población —porque acá hay unos temas graves de estrés postraumático—, uno podría decir que esa operación no ponderó lo humanitario”.
La audiencia de imputación a los militares estaba programada para el primero de agosto, pero el juez encargado, a solicitud de la defensa, envió el proceso a la Corte Constitucional para que dirima un conflicto de competencia, decisión que la Fiscalía calificó de “exabrupto jurídico”, pues la jurisprudencia establece que acciones de esta naturaleza competen a la justicia ordinaria. Además, la propia Justicia Penal Militar remitió el proceso a la Fiscalía, porque a su juicio las violaciones a los derechos humanos registradas no son actos del servicio.
Mientras la Corte resuelve el conflicto, el proceso ha quedado suspendido. Con todas las marrullas y aplazamientos que interpondrá la defensa para buscar el vencimiento de términos no será fácil hacer justicia. Conforme se esclarece la verdad de lo sucedido, más estremecen los reclamos de la población atacada: “No tenemos armas los civiles, ¿por qué nos hacen esto? No es justo que el mismo Estado nos haya hecho esto. Ellos están para proteger a las comunidades y no para masacrarlas”.
Diego Molano, un exdirector del ICBF que tildó de “máquinas de guerra” a los menores reclutados a la fuerza en la guerrilla, ministro de Defensa cuando 103 personas perdieron uno de sus ojos durante el estallido social, y quien en esta oportunidad sindicó a los pobladores de Alto Remanso de “narcococaleros”, sometiéndolos al estigma, al despojo y al desplazamiento, es un político que deshonra las dignidades que ha ocupado. En consecuencia, no debería ser elegido para un cargo de elección popular.
Por John Galán Casanova
