Ignorando la trascendencia que el proceso de secularización tiene en la modernización y democratización de una sociedad, algunos lectores tildaron de necia la discusión sobre si un crucifijo debería o no presidir el tribunal más importante de una nación que desde 1991 se define como laica, pluralista y diversa.
¿Qué justificación tiene que un cristo donado por un magistrado católico haya permanecido colgado veinticinco años en la Sala Plena de la Corte Constitucional? Según la sentencia de unificación proferida por esta corporación en noviembre del año pasado, ninguna.
Hoy vemos el caso de personas trans a las que se pretende crucificar por haber realizado una manifestación iconoclasta la tarde del viernes santo. De llegar su caso a un tribunal presidido por la cruz, máximo símbolo religioso de quienes las acusan, ¿qué esperanzas de ser juzgadas con imparcialidad tendrían? Más o menos las mismas de un judío en un tribunal presidido por una esvástica nazi o de un palestino en un tribunal presidido por la estrella de David.
En la Colombia que desde 1886 y durante más de un siglo se identificó como católica, apostólica y romana, el crucifijo no hubiera estado fuera de lugar, y la manifestación anticristiana hubiera sido ferozmente proscrita. La cuestión es que, así mucha gente aún no lo entienda o no lo quiera asumir, el país consagrado al Corazón de Jesús cambió a partir de la Constitución de 1991.
En 2022, Cristina Pardo, entonces presidente de la Corte, siguiendo la tesis de su antecesora María Victoria Calle en 2016, se opuso a descolgar el cristo porque en su concepto se debía priorizar su valor histórico y cultural por encima de su connotación religiosa. Basó su importancia histórica en el hecho de que había estado en la Sala Plena desde 1999, y su relevancia artística en que había sido elaborado por “un artesano del sector de la Candelaria de reconocido talento” (de cuyo nombre, no obstante, nadie supo dar razón). “Más allá del valor religioso de estas imágenes ―concluyó Pardo―, representan también una cultura popular ampliamente difundida y particularmente arraigada en Colombia, debido a nuestra historia”.
Debido a nuestra historia, sí. Una historia de intolerancia y dogmatismo arraigados y difundidos mediante la imposición violenta del monoteísmo católico. Durante la conquista española, tal como en las Cruzadas y en la Inquisición, la cruz cristiana fue sangrienta espada para quienes se opusieran a ella. En Popayán, en 1899, tras ofrendar las arcas de su diócesis para comprar armamento, el obispo Ezequiel Moreno consagró el ejército conservador a la Virgen de las Mercedes antes de enviarlo a matar liberales en la Guerra de los Mil Días.
Estas cuestiones no son de poca monta, como tampoco es gratuito que hoy en día este conflicto entre élites reaccionarias y pueblos desposeídos se manifieste con exasperante claridad precisamente en el Cauca, donde la exclusión y la discriminación se ejercen a través de un clasismo profundo y un racismo estructural.
En el horizonte actual de la política colombiana, uno se podría imaginar a Paloma Valencia erigiéndole una estatua al obispo Ezequiel Moreno, a Iván Cepeda y a Aida Quilcué derribándola, y al ateo arrepentido Abelardo de la Espriella destripándolos por atreverse a violar el sacrosanto orden nacional.
Tal como están las cosas, de esta manera esquemática se puede representar la confrontación ideológica que caracteriza estas elecciones presidenciales, y todo cuanto está en juego para el país. Por una parte, el retorno del embrujo autoritario con rostro de mujer; por otra parte, la emergencia de los movimientos sociales y de los nadies que marca el cuatrienio anterior; y por otra, el delirio patriotero de un abogánster adorador de Trump, Uribe, Bukele y Milei.
CODA
Pretendiendo equiparar absurdamente víctimas con victimarios, Felipe López afirmó en la revista Cambio: “La verdad es que, así como Álvaro Uribe ha vivido entre caballistas y fincas en Córdoba, Cepeda creció entre comunistas y revoltosos clandestinos. Eso no hace al primero paramilitar ni al segundo guerrillero”.
Qué cinismo el de pretender omitir que lo que hace paramilitar a Álvaro Uribe es haber vivido entre caballistas y fincas en su Antioquia natal, más exactamente en Yarumal, en la hacienda La Carolina, donde su hermano Santiago comandó el grupo paramilitar Los doce apóstoles, por lo cual hoy paga 28 años de prisión.
Por John Galán Casanova
