Harold tiene 43 años, está casado y tiene dos hijos adolescentes. Varios años de trabajo le permitieron ahorrar 25 millones de pesos. Después de meditarlo en familia, decidió invertir su plata en una camioneta de servicio especial que afilió a la plataforma Uber. Para cubrir las cuotas, Harold trabaja 14 horas al día, y descansa el día de restricción. Entre el hotel que contrata su servicio y una empresa de petróleos que le paga carreras hasta el aeropuerto, apenas paga la mitad de lo que debe. Con Uber completa la cuota y le sobra para sobrevivir. A Harold, y a muchos como él, los están persiguiendo como si fueran criminales de la peor clase. Les montan retenes, los persiguen, intimidan a sus pasajeros, los amenazan con multas de varios millones. Cada día será peor.
El 23 de noviembre del 2015 el presidente Santos y el vicepresidente - ministro de transporte Germán Vargas Lleras presentaron el decreto que “regulaba” el servicio de Uber y otras plataformas similares en Colombia. Para decirlo en corto: el decreto puso a las plataformas en el terreno de la ilegalidad. Eso en el papel. Porque en la práctica, lo sabemos, nada cambió. La aplicación de Uber sigue usándose en las grandes ciudades del país, y los clientes de las plataformas crecen y crecen. Estamos en la absurda situación de tener, por un lado, a un Ministerio de transporte que dice: eso es ilegal y debe acabarse, y por otro, a un Ministerio, el de las TIC, que dice: sin orden judicial, no desactivaremos la aplicación. Esto está a punto de cambiar.
Esta semana el viceministro de transporte, Alejandro Maya, dijo en RCN Radio que el ministerio había interpuesto una acción jurídica en el tribunal de lo contencioso de Cundinamarca solicitando desactivar la aplicación de Uber. Eso quiere decir que estamos a pocos meses de que el tribunal decida dar la razón al Ministerio de transporte y ordene al MinTic dar de baja la aplicación. En ese escenario, los únicos perjudicados serían los usuarios, que quedarían, de nuevo, sometidos a la dictadura del monopolio amarillo. El Ministerio de transporte, tal vez por incompetente, tal vez por favorecer a un grupo en particular, busca que Uber se convierta en una empresa de transporte. Y eso, claro, es absurdo. Uber es un intermediario entre un conductor que presta un servicio, y un usuario que lo solicita. Y la fórmula para regularlo está inventada hace años.
La Ciudad de México fue la primera ciudad latinoamericana en regular Uber. Lo hizo en julio del 2015. La fórmula fue simple: después de dos semanas –sí, dos- de negociaciones Uber se comprometió a pagar 1.5% por cada viaje a la ciudad, un pago único de 290 dólares, también a la ciudad, para poder utilizar el servicio de geolocalización y un permiso anual de 100 dólares para operar servicio de transporte privado de pasajeros. Y listo. Allá, inteligentes, usaron la aplicación como una plataforma de impuestos, como una fórmula sencilla de recaudo. Acá, en una torpeza infinita, decidieron no entender la naturaleza del negocio, y decidieron proteger al mediocre y peligroso sistema de cupos privados.
Las noticias no son buenas para Harold. No tardarán los jueces en ordenar la desaparición de la aplicación de Uber. Y lo que pudo resolverse dialogando, como en México, para que todos ganaran, terminará convertido en un circo judicial que eventualmente, y después de años de desgastes innecesarios, llegará a la Corte Constitucional. Uber, le guste al Ministerio de transporte o no, resolvió uno de los más grandes desafíos de una ciudad del tamaño de Bogotá: el de la competencia en su servicio público. Y con ello, se presentó la ocasión para que la ciudad, que lo necesita, recaudara unos impuestos que pueden servir para más y mejores obras. ¿Y si el alcalde Peñalosa y su secretario Bocarejo deciden, por cuenta propia, regular un servicio que le sirve a la ciudad? ¿No dice el alcalde que es necesario desestimular el uso del carro particular? Pues bien, ahí tiene una oportunidad.
